El primer teniente Grober Quiala Estupiñán, pensionado del Ministerio del Interior (MININT) cubano, denunció las irregularidades y violaciones cometidas contra los detenidos por manifestarse el 11J en el poblado de El Caney, en Santiago de Cuba, así como las manipulaciones en los procesos judiciales que se les siguió, en el que cinco de sus familiares fueron sancionados.
"Labore por más de 27 años y me desempeñé como Investigador Judicial en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Micro 9, de Santiago de Cuba, actualmente pensionado desde el 1 de noviembre de 2021. La mayoría de estos años los dediqué a investigar asuntos penales y mis últimos cinco años era el encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, pertenecientes a la Estación #1 de dicha ciudad, conocida como Micro 9", se presentó en una extensa publicación en su muro de Facebook.
Según la denuncia, su familia y él se reunieron el domingo 11 de julio en casa de sus padres en el poblado de El Caney, pero uno de sus sobrinos salió a comprar cigarros y se fue con dos amigos a sumarse a las manifestaciones que tuvieron por epicentro el parque central del lugar.
Al conocer lo que ocurría, varios familiares, incluyendo al propio Quiala Estupiñán, dos de sus hermanos, un hijastro y una sobrina, habrían salido en busca del pariente. Pero al llegar al lugar de la protesta todos habían sido detenidos.
"Nos mantuvimos en una incertidumbre hasta que pasados unos dos o tres días fui citado por la Contrainteligencia para analizarme por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones. (...) Como no tenía comunicación alguna con ellos, me dediqué a realizar mis propias investigaciones y contacté con varias personas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos", refirió.
"Entonces las cosas comenzaron a cambiar, pues conocí que no solo hubo un exceso en las actuaciones de los policías, sino que se violaron derechos establecidos constitucionalmente, como es el derecho a la salud, pues no se les dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados, hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el capitán Uber Tamayo Mengana, que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila, y el oficial Asiel Estévez Frómeta, quién luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpearon brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha. Solo menciono a estos dos oficiales pues todos los demás, en un gesto de cobardía, también golpeaban sin límites luego de haberlos neutralizado", aseguró.
De acuerdo con Quiala Estupiñán, en los videos de los sucesos "se aprecia claramente que los que iniciaron la violencia fueron los policías (...) algunos sin portar nasobuco, como el oficial Asiel, arremetieron brutalmente contra las personas que allí estaban, incluso con objetos no reglamentados, como palos".
Asimismo, los efectivos policiales habrían hacinado a los detenidos "en un camión jaula sin tomar ningún protocolo de higiene, introduciendo a más de 60 personas donde no deben pasarse de 25".
"Al detenerlos en el Energético, centro que anteriormente fue una escuela y hoy está convertido en prisión, se les negó la atención médica y no consta ningún certificado médico. Fueron humillados con palabras ofensivas y solo les daban un vasito de agua en la mañana y uno en la noche. Las pertenencias que se les mandaron pasados varios días de estar detenidos, muchas no se las entregaron y se desconoce su destino. Le permitieron a los abogados la visita pasados más de 18 días, quizás para evitar que les vieran las lesiones que habían sufrido y privándolos de otro derecho constitucional, como es el derecho a la defensa", aseguró.
Según Quiala Estupiñán, en el juicio oral "se demostró el montaje y la manipulación entre el fiscal y los instructores, cuando en las declaraciones de la testigo de la Fiscalía Kiuri Romero de Moya, quien era la secretaria del PCC del poblado, confesó no poder mentir (...) entre el fiscal y el instructor querían que ella dijera cosas que no había visto y la misma no estuvo de acuerdo".
"Además de otro testigo de la Fiscalía, el cual era un capitán de la Academia del MININT, donde es profesor y estaba presente el día de los hechos, refirió que solo se exclamaba en las manifestaciones la palabra libertad y luego de que el juez Javier Mustelier Armiñan intentara ayudar a dicho oficial en sus declaraciones diciéndole que si no se estaba gritando 'Díaz-Canel singa'o' o 'abajo Díaz-Canel', aún así este oficial refirió que no había escuchado esa frase en ningún momento y solo se decía libertad".
Quiala Estupiñán cuestionó el proceso judicial y se preguntó: "¿De qué dignidad se está hablando, cuando las violaciones se han cometido por parte de las autoridades y funcionarios?"; además de exigir la publicación de las actas del juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y "que una comisión de los derechos humanos perteneciente a la ONU tenga acceso a este expediente y de ser posible a todos los expedientes vinculados al 11J".
De acuerdo con el ex policía, el pasado 25 de marzo "fueron sentenciados inocentemente los acusados de esta causa y se les impuso sanciones de 4.000 pesos de multa a Luis Raúl Ibarra Hernández; cinco años de privación de libertad a Yusnaira González Pérez; seis años de privación de libertad a Abdiel Cedeño Martínez; siete años de privación de libertad a Dairon Yunior Labrada Linares; nueve años de privación de libertad a Eduardo Reynaldo Machado Arocha; diez años de privación de libertad a Iván Mauricio Arocha Arocha; diez años de privación de libertad a Iván Arocha Quiala; y 12 años de privación de libertad a Enrique Ferrer Hechavarría; sumando en total 59 años de privación de libertad".
"Una familia como la mía hasta hace unos días tenía esperanza en la justicia y ya la perdieron totalmente. ¿Con qué moral vamos a mirar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones con tanta injusticia cometida? Con este actuar no se está construyendo un país, sino que se está llevando a otro estallido social y a una guerra civil que solo sufrirán los más desprotegidos. ¿Es que acaso nadie se da cuenta del éxodo masivo que está emigrando por Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, y no lo hacen por apátridas, sino por miedo hasta de compartir un like en un teléfono, a expresarse, porque sencillamente no tienen futuro?", apuntó
Quiala Estupiñán advirtió que dado que no tiene enemigos, ante cualquier imprevisto que "me pueda suceder a mí o a algunos de mis familiares, responsabilizo a las personas que se han prestado para tales injusticias".
Días atrás el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba dictó sentencia contra ocho cubanos juzgados por participar en las protestas en la zona de El Caney, cinco de ellos familiares de Quiala Estupiñán.
De acuerdo con Dayron Yunior Labrada Linares, uno de los condenados, el proceso "ha sido ilegal, pues me atribuyen delitos inexistentes y que fueron manipulados por el fiscal, el instructor y los testimonios falsos de los policías y testigos de la Fiscalía".
El joven cubano dijo que la manifestación en la que participó junto a sus familiares fue pacífica hasta la aparición de la Policía, que fue quien inició las agresiones. Además, denunció que en el juicio solo fueron tomados los testimonios de los testigos de la Fiscalía.
En el caso de Labrada Linares, las autoridades cubanas lo sentenciaron por los delitos de "propagación de epidemias", "desorden público", "atentado", "desacato" y "desacato agravado a la figura del presidente".
El resto de los cubanos sancionados por protestar en El Caney fueron imputados por los mismos delitos, además de "evasión de presos", "resistencia" e "instigación a delinquir".
Tras las protestas antigubernamentales del 11J el régimen cubano inició un proceso de persecución contra cientos de manifestantes a lo largo de la Isla, por lo que alrededor de un millar fue trasladado a prisión, entre ellos decenas de menores de edad, según reportes independientes.
Según los datos de la Fiscalía cubana, están siendo procesados por participar en las protestas del 11J un total de 790 personas, de las cuales 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, y 55 son menores de 18 años.
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