El pastor evangélico Yuri A. Tamayo Fernández, de la provincia de Artemisa, fue detenido y agredido por la Seguridad del Estado tras oponerse al nuevo Código de las Familias durante una reunión barrial convocada por el régimen, y se mantiene en reclusión domiciliaria publica Radio Viva 24.
"Estoy en reclusión domiciliaria hasta que Fiscalía acepte la retirada de la denuncia de la Policía", escribió Tamayo Fernández al comentar una publicación sobre su arresto en la página de Facebook "La verdad de Cuba".
No es el único pastor que ha sufrido represión por criticar la norma jurídica durante las consultas populares.
El bautista Yaimel Romaguera, de la iglesia La Nave, en San Miguel del Padrón, y su esposa fueron amenazados por el jefe de sector que se encontraba presente durante la consulta en su barrio, según publica Radio Martí. Ramaguera fue detenido y pudiera ser procesado.
Norberto de Quesada, líder de la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos, situada en La Habana Vieja, fue sometido a interrogatorio, mientras el pastor bautista Karel Lescay Matos, de la iglesia de la Víbora, que fue citado para la estación de la Policía el jueves, según informó al medio estadounidense, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso, quien dirige el Instituto Patmos y reside en Estados Unidos.
Del mismo acoso son víctima los miembros de la iglesia apostólica en la ciudad de Las Tunas, que preside el pastor y líder del movimiento apostólico Viento Recio, Mario Jorge Travieso.
"Se ha levantado un grupo de pastores en la nación porque supuestamente era un diálogo y no hay tal diálogo, porque cuando comienzas a exponer tus argumentos, eres inmediatamente atacado, donde te meten preso y dicen que es para saber cómo piensas", señaló Travieso.
Estos arrestos y citaciones contradicen el discurso oficial de que todos los ciudadanos podrán expresar sus opiniones, así como proponer adiciones, ajustes o supresiones de acápites de la norma.
Supuestamente con tal objetivo, se encuentra a la venta en los estanquillos del país el tabloide especial con el Proyecto de Código de las Familias.
Recientemente, la directora del Centro de Educación Sexual (CENSEX), Mariela Castro, afirmó que la consulta popular era una decisión sabia, aunque obvió que, de acuerdo al Artículo 265 de la Ley Electoral que fue promulgada en agosto de 2019, esta consulta no tiene un efecto vinculante.
En Cuba, esta consulta la organiza, dirige y supervisa el Consejo Electoral Nacional (CEN). No se lleva a cabo una votación y los resultados no se evalúan a partir de la cuantificación de los apoyos ni de las veces que se repite una propuesta.
Por otra parte, cualquier activismo no controlado por el poder cubano es estigmatizado, como demuestra la represión de los pastores, pues, tras años de estigmatización a las personas homosexuales, ahora el régimen cubano ve conveniencia en aprobar un Código de las Familias que les garantizaría algunos derechos, como el de contraer matrimonio, adoptar y acceder a la reproducción asistida.
La misma represión sufrieron los cubanos que intentaron promover el No o la Abstención durante la consulta popular previa al referendo constitucional de 2019.
Los evangélicos son una de las denominaciones cristianas que más se opuso en 2018 a la inclusión en la nueva Constitución, de un artículo que definía el matrimonio como la unión entre dos personas y abría la puerta al matrimonio igualitario.
También se opusieron con vehemencia a la Resolución 16/2021, que aprobó el Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el sistema estatal de enseñanza, con el argumento de que promovía la ideología de género en las escuelas.
La Iglesia Católica también ha criticado con dureza el proyecto de nuevo Código de las Familias, al que regresa la definición del matrimonio como la unión entre dos personas.
Recientemente, la Diócesis de la Iglesia Católica en Santiago de Cuba divulgó un documento firmado por su homóloga de Ciego de Ávila, en el que expresó que el proyecto del Código de las Familias que el Gobierno cubano someterá a plebiscito en la Isla, contiene "novedades, muchas positivas; otras, sin embargo, son un ataque frontal a la naturaleza de la familia".
El documento ataca, entre otros aspectos del proyecto, la adopción por familias del mismo sexo, o por dos personas divorciadas, el hecho de que parejas de cualquier tipo puedan recurrir a la inseminación artificial a partir del semen de un donante y la reconceptualización del matrimonio, como la unión voluntaria entre dos personas adultas, sin distinción de sexo.
