El Tribunal Municipal Popular de la Isla de la Juventud absolvió a los activistas cubanos Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero (PAP), Martha de los Ángeles Pérez Acosta, jefa del Departamento de Derechos Humanos del PAP, y Francisco Alfaro Diéguez, líder del opositor Movimiento 13 de Marzo (M13), acusados de "desorden público" y para quienes la Fiscalía pedía tres años de privación de libertad por manifestarse el 11J, informó Cubanet.
Según el documento de la sentencia número seis de 2022, "los hechos narrados no tipifican el delito de desórdenes públicos previsto y sancionado" en el Código Penal (CP) cubano.
Los tres acusados fueron arrestados el 11 de julio de 2021 por protestar pacíficamente en contra del régimen cubano; permanecieron poco más de un mes encarcelados y se encontraban liberados bajo fianza.
El medio precisó que en el caso de Juan Luis Sánchez González, el cuarto manifestante llevado a juicio por los sucesos del 11J en ese territorio, desde entonces bajo medida cautelar de prisión preventiva, el Tribunal lo sentenció a tres años de privación de libertad, cinco menos de los solicitados por la Fiscalía, por el delito de "atentado".
Para Sánchez González, la sentencia "sigue siendo excesiva", según declaró Salazar Infante.
En los documentos judiciales, se dice que Sánchez González, de 37 años de edad, transitaba por el lugar de la manifestación en el momento en que Loisel Castro Herrera (apresado y liberado un mes más tarde con multa) "estaba corriendo por el lugar y que lo perseguían los oficiales José Rafael García Salazar y el oficial Reulis (Piñón Pileta), que trataban de contenerlo, y es cuando el acusado Juan Luis se interpone entre los agentes y el mencionado ciudadano y sin mediar palabra le propinó un golpe por el mentón al oficial Reulis que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico".
Ni en la petición fiscal ni en el fallo del Tribunal se documenta la golpiza que recibió Juan Luis Sánchez González por parte de los agentes del orden luego de la detención.
Osvel Barzagas, uno de los activistas del PAP, detenido el 11J y testigo de lo sucedido, declaró: "Juan Luis es un muchacho que pasaba por ahí el 11 de julio y vio el atropello que se estaba cometiendo con nosotros y protestó contra ese abuso. Lo golpearon tanto, incluso esposado, que él dice que apenas se acuerda de todo lo sucedido".
Según dijo Barzagas a Cubanet, también le rompieron el teléfono al ser sorprendido en la estación policial llamando a su familia para notificarle dónde estaba.
Además de los tres años de prisión, a Juan Luis Sánchez se le impuso una "sanción accesoria de privación de derechos que comprende la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, así como del derecho a ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad político administrativa del Estado, en unidades económicas estatales y en organizaciones de masas y sociales, por un término igual al de la sanción principal impuesta y prohibición de ejercer la profesión de profesor por igual término al de la sanción principal".
Después de meses de silencio, la Fiscalía de Cuba informó en un comunicado de un total de 790 acusados en 117 expedientes tras el 11J. Admitió que 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que "se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación" en las manifestaciones.
También reconoció que 55 cubanos de entre 16 y 18 años están siendo procesados por su participación en las protestas del 11J.
"De ellos 28 están asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad", añadió.
La táctica del castrismo es de ejemplarizar las condenas para que „nadie se atreva“ como hace todas las buenas dictaduras, aterrorizar con las leyes que ellos mismos se inventan.