El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios presentó ante organismos nacionales e internacionales una declaración conjunta de al menos 125 familiares de detenidos por el régimen cubano tras las protestas del pasado 11 de julio y otras personas.
"Nosotros los familiares, y otras personas, quienes nos adherimos a la presente declaración conjunta, exponemos, de manera breve, las penosas consecuencias de la 'orden de combate', de 11 de julio de 2021 dada por el Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, con el fin de reprimir a los manifestantes", declararon en la nota publicada por Fernández Palacios en Facebook.
Díaz-Canel "hizo un llamado al odio y la violencia entre los cubanos por diferencias políticas e ideológicas. Fueron perpetrados arrestos violentos, incluyendo lesiones no certificadas respecto a los manifestantes. Han sido iniciados procesos penales signados por maltratos físicos y psicológicos, violaciones de derechos, garantías, principios, reglas y procedimientos", sostuvieron.
Según el texto de la declaración, "la medida cautelar de prisión provisional ha sido impuesta de manera oficiosa, y no excepcional, sin tener en cuenta las condiciones personales de la persona acusada y las circunstancias del hecho con la nota grave de estar sustraída del control judicial".
"Las entrevistas entre las personas detenidas y su representación letrada en ocasiones fueron grabadas por las autoridades o fueron supervisadas en detrimento de la confidencialidad. El sistema penitenciario ha vulnerado, de manera sistemática, varias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 'Reglas Nelson Mandela'", añadió.
Los firmantes denuncian que "algunos familiares de las personas detenidas, y otras personas, han sido víctimas de grotescos actos de repudio desde la vía pública hacia el interior de sus hogares" y que también "han sido víctimas de hostigamiento y entrevistas coactivas, y sin equipo de grabación, por parte de los oficiales operativos de la violenta Sección 21 de la Dirección General de la Contra-Inteligencia".
Por tales razones, y "en aras de no ver repetidos tan lamentables hechos, trayendo la tristeza y el agobio hacia cientos de familias cubanas", exigieron al Estado cubano "garantizar la ratificación de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de 1966, de la integración al Sistema Inter-Americano sobre Derechos Humanos, y la adhesión a la Corte Penal Internacional".
Igualmente, demandaron "garantizar el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el Derecho de Manifestación y de Amnistía" y "la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, con especial mención a su función de examinar 'la validez del procedimiento y reforma constitucionales'".
La declaración fue dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las representaciones de la ONU en Cuba y la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros destinatarios.
Ayuno en apoyo a una madre en huelga
En apoyo a la huelga de hambre iniciada el sábado por Barbara Farrat Guillén, madre del adolescente cubano de 17 años Jonathan Torres Farrat, encarcelado por participar en las protestas del 11J, la comunidad de activistas cubanos residentes en Canadá convocó a una jornada de ayunos voluntarios de 24 horas desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de diciembre.
Según publicó el grupo Justicia11J, que monitoreará la iniciativa, la huelga de Farrat Guillén "constituye su modo particular de reclamar la libertad de su hijo, injustamente detenido y a quien le han negado en seis ocasiones el cambio de medida cautelar".
El grupo recordó que "con anterioridad, Bárbara Farrat ha convocado y realizado dos ayunos de 24 horas".
Los videos y publicaciones de respaldo a esta madre, que se generen como parte de la iniciativa de los activistas cubanos en Canadá y otras ciudades del mundo, se harán llegar a Bárbara Farrat, "como gesto de apoyo directo a su iniciativa", señaló Justicia 11J.
"Estoy consciente de que (las autoridades) no van a negociar, pero esto es necesario (…) tengo miedo de lo que pueda suceder con mi hijo", dijo el sábado Farrat Guillén al iniciar la huelga de hambre y denunció que, tanto su hijo en prisión, como ella en su hogar, están siendo acosados por la Seguridad del Estado.
Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, es hipertenso, asmático y ha sido diagnosticado con una hipertrofia en el corazón. Desde que está encarcelado habría sufrido varias crisis por esas y otras dolencias, según su madre.
El menor fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto. Para imputarlo se utilizaron como evidencia dos videos en poder de la Policía. En uno se ve supuestamente al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza. Está acusado de desórdenes públicos y atentado, pero hasta ahora no ha sido llevado a juicio ni hay petición fiscal en su contra.
La Fiscalía Provincial de La Habana le ha negado tres veces un cambio de medida cautelar. Está recluido en el penal de menores Jóvenes del Occidente. Es padre de un niño de semanas de nacido, al que solo ha podido ver tres veces mientras permanece en prisión.
