La Comisión de Apoyo a la plataforma Archipiélago denunció más de 80 actos represivos contra los probables manifestantes del 15 de noviembre en un informe remitido a los principales organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Aunque la comisión contabilizó 80 actos represivos ocurridos entre los días 14 al 20 de noviembre, y reportó 47 denuncias, presume que el número real pueda ser mayor, pues algunas familias han sido sometidas por el Gobierno cubano a interrogatorios y presiones para que no divulguen información, según denunció Eric Brito, integrante de la organización, a Radio Martí.
"Sucedieron situaciones de interrogatorios ilegales como método de coacción a las personas que habían manifestado su intención de marchar el día 15 de noviembre y una serie de amenazas hacia los familiares de personas detenidas", declaró Brito.
La plataforma destaca el caso de la moderadora de Archipiélago Daniela Rojo, madre de dos hijos, quien primeramente fue reportada como desaparecida, pues se desconocía su paradero, y horas después su familia fue informada de su arresto por un agente de la Seguridad del Estado, sin mayores detalles sobre dónde estaba detenida.
En el informe, la comisión denunció, además, la militarización del país en provincias como La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. También condenó las detenciones domiciliarias ilegales a las que fueron sometidos algunos activistas y periodistas independientes que recibieron durante el día actos de repudio por parte del oficialismo cubano.
Además, se registró el "uso de organizaciones sociales en la represión, como fue el caso de la Federación de Mujeres Cubana" y "las actividades públicas en las principales vías, evitando así congregación de personas que intentaron manifestarse".
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo que documentó al menos 30 actos represivos contra personas religiosas, relacionados con su intencioón de apoyar el 15N, reporta el OCDH.
La represión contra religiosos se orientó, en algunos casos, desde el más alto nivel. La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista intervino en el caso de los sacerdotes Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez y Rolando Montes de Oca, los tres de Camagüey, con la advertencia de que serían detenidos en caso de participar en las manifestaciones.
Además, un grupo de personas vestidas de rojo y con banderas organizaron un lamentable "acto de repudio" frente a la sede del Arzobispado de Camagüey, donde estaban Alberto Reyes y el arzobispo Wilfredo Pino.
El pastor evangélico Enrique Fundora Pérez, en San José de las Lajas, fue sometido durante esos días a un operativo de vigilancia policial para impedirle salir de su casa.
Varios laicos sufrieron amenazas, cortes de internet y vigilancia en sus domicilios. Sor Nadieska Almeida, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, denunció en su perfil de Facebook haber sido acosada por representantes del Gobierno el 15 de noviembre.
Según denunció la religiosa "sobre las 5:30 pm, decidí salir a caminar, ni siquiera pensé en el Malecón, solo quería caminar y visitar a una amiga. Nada más asomarme y poner los pies en los escalones de la entrada de la casa, vinieron hacia mí alrededor de 13 personas. Mientras iban llegando, se avisaban con gritos y silbidos. De ese grupo habló una señora para preguntar cuál de las que íbamos era Sor Nadieska. Yo respondí: 'Soy yo, ¿por qué?'. Y la respuesta fue: 'usted tiene prohibido salir hoy'".
El organismo elogió el papel de los creyentes, desde los obispos hasta los laicos, quienes se han manifestado abiertamente exigiendo respecto a la libertad de reunión, manifestación y expresión en Cuba.
Según la organización, las jornadas del 15N se saldaron con más de 450 actuaciones represivas, entre ellas más de un centenar de detenciones arbitrarias y 15 actos de repudio.
