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Leyes

¿Qué recordarle a jueces y abogados de Cuba ante las peticiones arbitarias y exageradas de los fiscales?

'Juezas y jueces que no rebasan los 35 años de edad continúan patinando sobre los mismos yerros técnicos y profesionales de antaño.'

La Habana
Tribunal Supremo Popular, La Habana.
Tribunal Supremo Popular, La Habana. ACN

La historia judicial desde el triunfo de la revolución está muy ligada al sistema de injusticia y opresión que han sufrido millones de cubanos por pensar y desear una Cuba diferente.

Miles de cubanos han terminado su vida o parte de ella en la cárcel. Otros no han podido desarrollar su potencial con tranquilidad y sosiego por el hostigamiento. Y millones han tenido que desarraigarse forzada o "voluntariamente" para realizarse como individuos, recomponerse o defender su vida, dignidad y libertad.

La historia más reciente, desde el 11J, demuestra que juezas y jueces que, en su mayoría no rebasan los 35 años de edad, continúan patinando sobre los mismos yerros técnicos y profesionales de antaño, a pesar de experimentar en su fuero interno la eterna contradicción y lucha que existe entre derecho y justicia. Son los máximos responsables de dichas injusticias.

Derecho es el conjunto de normas, principios, valores y disposiciones jurídicas que se dictan para el poder o para ordenar un tipo especial de sociedad, elementos que no significan necesariamente el logro o el alcance de la justicia. El Derecho sirve o bien para alcanzar la justicia cuando es inclusivo y democrático o para distanciarla cuando se crea con lagunas, trampas y subjetividades ideológicas o religiosas.

Si es derecho o facultad discrecional de la Fiscalía (órgano parcializado con los intereses del poder) admitir denuncias, formular conclusiones acusatorias y solicitar condenas en la medida que les dicte su conciencia, es deber ineludible de los Tribunales (órgano imparcial e independiente), dictar resoluciones que tiendan a frenar la arbitrariedad, la desigualdad procesal, la esquizofrenia técnica y profesional de fiscales, los abusos y excesos del Ejecutivo y gestionar a toda costa la realización de la justicia así tenga que apartarse y denunciar el mal derecho que ha sido instituido.

El juez que no practique su ejercicio dentro de estos estándares universales no es más que una pieza presa del sistema. Actúa para su bien y para la destrucción misma del sistema que dice representar.

José Martí hizo referencia a que el Derecho no podía nacer de la fuerza, ni confundirse con ella, porque precisamente el fundamento de la autoridad y de su ejercicio debía ser la justicia misma, expresando entonces que: "(…) los sistemas políticos en que domina la fuerza crean derechos que carecen totalmente de justicia". En torno a ello se puede decir que la fuerza irracional también crea derechos de defensa en sus destinatarios contra el sistema político que les oprime y poder legítimo a los jueces para anularla.

El documento programático del sistema judicial cubano, guía ineludible de los magistrados denominado "Importancia del interés social y la racionalidad en las decisiones judiciales" sostiene: "Cada decisión judicial… debe caracterizarse, además de por su sustento legal, por su transparencia, por su nivel de ponderación, por su sensatez y por conjugar en el mayor nivel posible los intereses particulares con los intereses sociales. El recto sentido de nuestras leyes y demás disposiciones jurídicas, en su correcta interpretación y aplicación, no deben ni pueden conducirnos nunca a tomar decisiones absurdas, irracionales... Cuando se toma una decisión de este tipo no es por insuficiencia de la Ley sino por insuficiencia de los jueces".

Y ese texto finaliza con la idea martiana: "Es verdad que los jueces tienen el deber de apegarse a la Ley, pero no apegarse servilmente porque entonces no serían jueces sino siervos. No se les sienta en ese puesto para maniatar su inteligencia, sino para que obre justa, pero libre. Tienen el deber de oír el precepto legal, pero también tienen el poder de interpretarlo".

Y es que de eso se trata, de una justicia contextualizada e inclusiva, aunque la mayoría, según se dice oficialmente, haya refrendado, contraria a derecho y justicia plena, una Constitución de discriminación ideológica.

Ante el cierre de todos los caminos democráticos pacíficos de participación ciudadana caben entonces tres interrogantes en favor del pensamiento diferente: ¿es legítimo, racional, constitucional y justo llenar las cárceles, sociedad y familia de jóvenes, mujeres y dignas personas, con penas privativas de libertad? ¿Es sostenible usar la fuerza destructora de la aplicación indebida del Derecho Penal? ¿Se puede procesar, juzgar y condenar a parte considerable del soberano?

A los abogados cubanos, cargados de deberes de representación de los acusados en un escenario tan complejo, lleno de amenazas y presiones de toda clase, vale recordarles que las constituciones republicanas cubanas, más que fidelistas, son martianas. Por tanto, vale recordarles también lo que nos alertó Martí.

“Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les eneseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.”

“Quien esconde por miedo su opinión, y como un crimen la oculta en el fondo del pecho, y con su ocultación favorece a los tiranos, es tan cobarde como el que en lo recio del combate vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo.”

“La insinceridad, aun cuando sea para salvar un infeliz, ofende y predispone el ánimo de los jueces.”

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1 comentario

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La articulista está igualmente retrasada en sus nociones de derecho y justicia. Hace rato que se reconoce el Derecho como encarnación normativa de la justicia, esto es: el Derecho tiene que ser justo por esencia. Para diferenciarlo de los actos normativos injustos, estos se denominan simplemente legislación. Sin embargo, eso es demasiado alemán para Cuba y por eso lo que suena en este artículo es la matraca inversa de aquella que reza: El Derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Chirrían chirrán. Los jueces no tienen que administrar justicia conforme a estándares universales, sino conforme al orden político y jurídico nacional, que por dictadorial en esencia no admite otra cosa que la legislación vigente. Corren igual suerte que la dictadura y al parecer seguirán corriendo por buen tiempo.