Las Tunas se sumó a las ciudades cubanas donde ciudadanos y activistas han notificado a las autoridades de la celebración el venidero 20 de noviembre de una marcha cívica de carácter pacífico.
"En el día de hoy, 7 de octubre, en el Poder Popular Provincial de Las Tunas, un grupo de ciudadanos firmaron el documento donde se notifica a las autoridades la realización de una Marcha contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas", confirmó la plataforma cívica Archipiélago, organizadora de la manifestación, en su muro de Facebook.
"Manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de la República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito", apuntó la nota.
"Esperamos que las autoridades actúen con estricto apego al derecho y se respete la dignidad de cada cubano o cubana involucrados en la organización de esta iniciativa ciudadana. Digan lo que digan los defensores del pensamiento único y la exclusión, la Patria es de todos. ¡Y sus calles también!", finalizó.
Hasta ahora, la marcha ha sido notificada a las autoridades en la cabecera provincial de Pinar del Río, Consolación del Sur, Briones Montoto, ambas en esa misma provincia; La Habana; Holguín; Santa Clara (Villa Clara); Nuevitas (Camagüey); Cienfuegos; Guantánamo; y ahora en Las Tunas.
No obstante, la policía política impidió con violencia esta semana la entrega de la notificación en Palma Soriano y Santiago de Cuba.
Al respecto, Archipiélago denunció que "tales hechos suponen una rotunda violación del Artículo 61 de la Constitución, la cual reconoce el derecho de petición y que supone la obligación de las autoridades de tramitar y dar respuestas adecuadas".
"Los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición, previsto y sancionado en el Código Penal en su artículo 291.1.2 inciso c), que implican penas de 'privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas' para el funcionario público que con abuso de su cargo 'impida u obstaculice que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades'".
"Hasta ahora estos son incidentes aislados que no pueden ser bajo ningún concepto tomados como una respuesta de la Administración, sino como una violación a los derechos de la ciudadanía y a lo establecido en la Constitución y las Leyes".
Sin embargo, Archipiélago exigió que "se tomen medidas con las autoridades involucradas en los incidentes y que se respete la Constitución de la República".
Archipiélago respaldó a las víctimas de ambos hechos, los activistas Elsa Isaac y Dariem Columbié, respectivamente.
"Esto es un momento único en la Historia de Consolación del Sur. Hoy, 6 de octubre, se va a entregar en el Poder Popular la carta para la manifestación del 20 de noviembre", dijo una activista cubana en un video compartido en las redes sociales al entregar la notificación en ese poblado. Ese municipio es el tercer territorio de Pinar del Río donde la sociedad civil notificó a las autoridades sobre la marcha pacífica por el cambio.
También en Briones Montoto, en la propia Pinar del Río, se notificó al Gobierno local.
La marcha del 20N en Consolación del Sur comenzará a las 2:00PM en el Parque Don Antonio Ferrer y Cruz, seguirá por la avenida 51 o Carretera Central hasta el Parque Martí, donde presentarán una ofrenda floral a José Martí. Luego volverán al Parque Don Antonio Ferrer y Cruz, según la notificación.
Los organizadores señalan que la duración prevista de la marcha cívica por el cambio en Consolación del Sur será de dos horas y "el número real de participantes dependerá de cuantos quieran sumarse por su propia voluntad".
Por su parte, la marcha del 20N en Briones Montoto está convocada para la misma hora y será desde el frente de la panadería local, pasará por el cruce del correo y terminará en el parque del pueblo, según la notificación presentada a las autoridades locales el martes.
Diversos firmantes de esas cartas y activistas promotores de la iniciativa han sido citados, amenazados y hostigados por la policía política. No obstante, la convocatoria sigue tomando fuerza.
