El Gobierno de EEUU exigió el martes la liberación de José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), a quien el régimen cubano revocó la sanción subsidiaria de limitación de libertad y ratificó cuatro años y 14 días de cárcel. Mientras, la ONG Cuban Prisoners Defenders calificó la prisión arbitraria del líder opositor como "insostenible jurídicamente".
"Liberen a José Daniel Ferrer. El Gobierno (cubano) revocó su sentencia de prisión domiciliaria y lo encarceló de nuevo tras las protestas del mes pasado", dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU en un mensaje a través de Twitter.
"El Gobierno cubano debe respetar los derechos y aspiraciones de su pueblo, no encarcelarlo por ejercer sus libertades", añadió el buró en un tuit replicado en español por la embajada de EEUU en Cuba.
Ferrer García fue detenido el pasado 11 de julio a raíz de las protestas en numerosos poblados y ciudades de la Isla y acusado de "desórdenes públicos".
Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor, informó en una publicación en Facebook que el lunes 16 de agosto le fue entregado a Nelva Ismarays Ortega Tamayo (esposa de Ferrer García) el auto de revocación de sanción impuesta al activista en febrero de 2020.
"De cuatro años y seis meses de injusta y arbitraria condena notifican que debe cumplir cuatro años y 14 días. Además, le mantienen la también falsa acusación de desorden público", precisó.
Sanción de cárcel "insostenible jurídicamente"
En un extenso análisis del caso del opositor, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) denunció que el régimen cubano viola su Constitución y la legislación nacional e internacional al encarcelar a Ferrer.
En un amplio documento publicado el martes tras conocerse de las últimas maniobras del régimen para encarcelar al disidente, CPD concluyó que "la prisión arbitraria de José Daniel Ferrer por cuatro años es insostenible jurídicamente".
El análisis detalló el "proceso de detención ilegal contra Ferrer, su reclusión e incomunicación ilegales y flagrante desaparición forzada", así como ofreció "consideraciones sobre las enfermedades que acentúan el riesgo para la integridad física" del activista.
Asimismo, desmenuzó los procedimientos del Habeas Corpus y su respuesta; el auto del fiscal decretando prisión provisional, la solicitud de modificación de medida cautelar, el recurso de queja por morosidad procesal presentado y la queja constitucional ante el Consejo de Estado de la República de Cuba.
CPD también analizó con detalles el auto de revocación de la sanción subsidiaria de limitación de libertad, el recurso de súplica contra la resolución de revocación y las violaciones procesales y constitucionales fundamentales advertidas en este último procedimiento.
José Daniel Ferrer está presumiblemente cumpliendo ya la condena de cuatro años y 14 días en la Prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, aunque la familia no sabe nada de su estado de salud o situación pues lleva 38 días incomunicado.
Para CPD, con el caso de Ferrer y ante los acontecimientos del 11J "se ha terminado de desmembrar en Cuba, ante el pueblo y el conjunto de las naciones, todo principio jurídico, procesal, del debido proceso y la defensa efectiva, y cualquier atisbo de seriedad del propio conjunto del Estado de Cuba".
"La República está pagando ese alto precio por el 'interés' de un organismo político concreto, la Seguridad del Estado, un ente militar, que es la herramienta de poder del régimen y el que maneja todas las estructuras del Estado, muy por encima del interés del pueblo de Cuba, de cualquier funcionario y por supuesto de la justicia", señaló.
Quien se lea el mamotreto de Prisoners Defenders se dará cuenta de que tanta palabrería pseudojurídica no da clave de solución estrictamente jurídica del caso e incurre en absurdos como desaparación forzada, habeas corpus y solicitudes de cambio de medida por persona que no es parte del proceso. Al cabo la clave siempre estuvo y estará en que JDF debió nombrar defensor desde el octavo día de la detención y así debió aconsejárselo Prisoners Defenders, si es que de verdad está para defender a los presos. Prisoners Defenders habla incluso de violaciones de la Constitución y de Instrucciones del Tribunal Supremo alegando hechos y trámites que ni siquiera sabe si ocurrieron o no.