Artículo 4 de la Constitución cubana, una herramienta para llamar a la violencia y restringir derechos

Mientras Cuba continúa esperando la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, el Gobierno se prepara para dejar a la disidencia fuera del amparo que esta debe brindar, y justificarlo con la propia Constitución.

De acuerdo con el Artículo 99, "la persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la Ley, la correspondiente reparación o indemnización. La Ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía, y el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento".

Ante esa aclaración, activistas y juristas independientes se ha preguntado qué derechos constitucionales podrían ser objeto de reclamación ante los tribunales, y si estarían incluidos los derechos a la libertad de opinión y expresión, de reunión y a la manifestación con fines pacíficos. 

La respuesta parece ser no. Lo demuestra el hecho de que la Seguridad del Estado no ha cesado ni disminuido la represión ante el anuncio de una Ley que permitirá a las personas reclamar en los tribunales en caso de violación de sus garantías constitucionales. 

Por si no hubiera quedado claro, la historiadora del arte Carolina Barrero contó en marzo, tras ser detenida por agentes de la Seguridad del Estado, que estos le dijeron que no iban a permitir "ninguna forma de manifestación, ni de protesta por derechos, estén o no recogidos en la Constitución".

Si la Seguridad del Estado anuncia que no va a permitir ninguna forma de manifestación, ni siquiera con fines pacíficos, derecho reconocido en el Artículo 56 de la Constitución, ¿qué podrán reclamar los cubanos ante los tribunales? Nada. 

Crece el descontento y el número de personas dispuestas a expresarlo

El Gobierno cubano solo aprueba las leyes necesarias para que el mundo crea que hace cambios y cambia solo lo necesario para que todo siga igual. La Seguridad del Estado reprime y no tiene el menor pudor en anunciar que continuará haciéndolo con garantías de impunidad.

Pero la necesidad de aumentar la represión demuestra no solo que crece el descontento, algo que al régimen hasta ahora no le había preocupado, sino que crece el número de personas dispuestas a expresar su descontento. 

A esto se suma que la prensa y los juristas independientes demuestran cómo el Gobierno viola sus propias leyes e intentan proporcionar al pueblo cultura jurídica. Esto le exige al régimen un blindaje legal más eficiente.

No es casual que, en menos de cuatro meses, el régimen haya echado mano dos veces al Artículo 4 de la Constitución, a través de sus medios y voceros.

Dicho artículo establece que "la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".

Recientemente, en un ataque al movimiento 27N, el periodista Humberto López citó el Artículo 4 y cuestionó: "¿son legales las sanciones que realizan para tratar de subvertir el orden político económico y social refrendado en esta Constitución? ¿Estas personas pueden invocar derechos consagrados ahí, en ella, para buscar legitimidad en lo que hacen? Si lo que hacen busca derrocar el socialismo en Cuba, ¿cada persona podrá establecer los límites que considere a la hora de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución?"

Ya la pregunta no es qué derechos constitucionales estarán amparados por la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, sino quiénes podrán ejercer esos derechos. La respuesta es obvia: podrán hacerlo los defensores del régimen.

De esa forma, no habría contradicción entre encarcelar a Luis Robles por portar un cartel que pedía "Libertad y No + Represión" y "permitir" un acto de repudio en el que se gritan insultos. El primero estaría intentando el ejercicio de la libertad de expresión para "derrocar el socialismo", mientras las turbas del régimen estarían cumpliendo con el alto honor de defender la patria socialista.

La Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales no amparará a nadie que intente ejercer ningún derecho contra el socialismo que la Constitución declara irrevocable. Los derechos consagrados en ella no se podrán usar para buscar ningún cambio, ni siquiera de manera pacífica. 

¿Dónde están los límites para el derecho a combatir mediante la lucha armada contra cualquiera que intente derribar el orden establecido?

El periodista Humberto López preguntaba si cada persona podría establecer los límites que considere a la hora de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución. ¿Se refería solo a quienes los ejercen contra los intereses del régimen o también a quienes defienden esos intereses?

El Artículo 4 de la Constitución, con el que el régimen amenaza a la disidencia, reconoce "el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico…". 

¿Cuáles son los límites para ese derecho? ¿Quién determina cuándo no es posible otro recurso que la lucha armada? La redacción indica que esta puede emplearse contra cualquiera que intente derribar ese orden, ya sea de manera pacífica o violenta.

Resulta llamativo que, a diferencia de otros artículos de la Carta Magna que consagran derechos, el 4 no lleva la coletilla "de conformidad con la ley".

Mientras se prepara para restringir el ejercicio de los derechos constitucionales mediante una Ley que los amparará en apariencia, pero realmente los convertirá en privilegio de sus partidarios, el régimen continúa recordando a sus seguidores el "derecho" sin límites de usar las armas contra quienes se le opongan.