El rapero Maikel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, integrante del Movimiento San Isidro y uno de los intérpretes de "Patria y Vida", fue arrestado los días 6 y 8 de marzo sin que mediara delito ni se le informaran las razones de las detenciones.
En ambas ocasiones, miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil que lo vigilan constantemente lo detuvieron con violencia y lo trasladaron en patrullas policiales a unidades del Ministerio del Interior. Según su testimonio, durante las detenciones los agentes lo interrogaron y obligaron a declarar como si se tratara de un delincuente peligroso, pero en ninguno de los casos había denuncia contra él.
El también integrante del MSI Osmani Pardo Guerra fue víctima de un proceder similar el 2 de marzo. Agentes de la Seguridad del Estado allanaron su vivienda y lo arrestaron sin que hubiera denuncia ni orden de detención contra él. El motivo alegado por los agentes fue que Pardo Guerra reprodujo el tema "Patria y Vida" en su equipo de música. Antes del arresto, vecinos y miembros del Partido Comunista le realizaron un "acto de repudio".
Este tipo de noticias hace que muchos cubanos vean a los agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado actuales algo similar a los esbirros del régimen de Fulgencio Batista, como si se tratara de la misma dictadura y los mismos represores con diferentes ideología y uniforme.
La forma de proceder de policías y agentes de la Seguridad del Estado muestra las profundas deficiencias de la Ley de Procedimiento Penal vigente, que los magistrados del Tribunal Supremo (TS) no deberían ignorar ahora que ese órgano tiene el encargo de elaborar una nueva normativa como parte del actual cronograma legislativo.
Incluso organismos internacionales como la ONU y la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) han afirmado en varias oportunidades que la Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba está desactualizada en cuanto a garantías y derechos de los acusados y víctimas.
La Seguridad del Estado, que vigila y subordina junto al poder político a los magistrados del TS, actúa como un ente supralegal sin competencias delimitadas y abusa de prácticas y diligencias propias para enfrentar el delito común bajo un mínimo de pruebas e indicios.
En este sentido, en la presente Ley de Procedimiento Penal no está establecido cómo los funcionarios, agentes y autoridades deben respetar el ejercicio de libertades y derechos individuales.
Agresiones a los derechos de detenidos y acusados
La facultad de los tribunales de abrir expedientes por peligrosidad contra personas que no han cometido delito, e incluso de enviarlas a la cárcel, aleja a Cuba de cualquier posibilidad de caminar hacia un Estado de Derecho.
En la Isla, se incumple el principio universal de que el Derecho Penal debe reprimir actos u omisiones delictivas concretas y demostrables, no conductas humanas que puedan ser reprochables en el ámbito moral y quizás condenables mediante una ley de contravenciones.
En cualquier serie o película norteamericana, lo primero que ofrece la Policía a un detenido es un abogado. Si no puede costearlo, se le asigna uno de oficio. Lawyer es la palabra que pronuncia cualquier delincuente cuando intentan interrogarlo. Pero, como suele decir el régimen al hablar de los millones de niños que pasan hambre en el mundo, "ninguno es cubano". El respeto a los derechos de los acusados parece ser para el régimen "una lacra del capitalismo". En Cuba, a cualquiera pueden mantenerlo detenido, sin derecho a nombrar abogado, durante siete días.
La posibilidad de contar con un abogado es más necesaria hoy que nunca, cuando escuchar una canción o pintar unas palabras que no incitan al odio en la pared de tu propia casa te puede costar desde un "acto de repudio" hasta un arresto con golpiza incluida. Y en menos de 72 horas te pueden sentenciar a ocho meses de cárcel, como le ocurrió al rapero Denis Solís, quien actualmente cumple prisión por expulsar de su vivienda a un policía que la había invadido sin orden de arresto ni de allanamiento.
El arresto arbitrario tiene su raíz en que los jueces en Cuba no tienen la facultad de validar su racionalidad y legalidad. La facultad de determinar el ejercicio de libertad de las personas está en manos del Ministerio del Interior y del fiscal. Cualquiera puede permanecer detenido durante 180 días o más, si lo determina la dirección de la Fiscalía General, sin que intervenga un tribunal como órgano imparcial. Al final, la causa podría desestimarse por falta de pruebas y la persona habrá estado en prisión durante seis meses o incluso más tiempo, sin haber comparecido nunca ante un juez.
Todas estas agresiones a los derechos de detenidos y acusados deberían quedar subsanadas en la nueva Ley de Procedimiento Penal.
para los que no lo saben en la creacion del dse los maestros e instructores fueron oficiales de la stassi alemana y de los diferentes dep represivos como la kgb y de otros paises miembros del pacto de varsovia el dse de cuba es nada menos que la gestapo cubana con todos los sofisticados metodos de represion, torturas y asesinatos de los que solo ellos saben y conocen muy bien han asesinado a mucha gente mediante accidentes o emfermedades producidas sobran las pruebas y algun dia se podran conocer esos archivos tal y como se conocieron los de la stassi y demas paises comunistas cuando dejaron de ser paises comunistas
"Todas estas agresiones a los derechos de detenidos y acusados deberían quedar subsanadas en la nueva Ley de Procedimiento Penal", se lee al final de este artículo. Sólo una pregunta: ¿Qué pasa con la Ley No.75 de 1995, que es supraconstitucional y que en uno de sus artículos prevee el uso de una "legislación especial", secreta porque nunca ha sido publicada en la Gaceta Oficial, y conla cual no tienen que respetar ninguna garantía procesal ni derecho humano cuando a algún consejo de defensa le ordenen restablecer el orden interior o garantizar la seguridad del estado en su jurisdicción? La solución no viene por ley alguna en estado totalitario.
En julio debe aprobarse la nueva Ley. La sociedad civil debe movilizarse exigiendo cambios de manera urgente antes q se entregue una ley omisa y q sirva para papel.
Si Cuba necesita de un cambio de ley procesal penal y de un cambio de funcionarios que tengan el valor de aplicarla en función de la verdad y la justicia.
Eso es como pedir que la parte ecuatorial del planeta no reciba luz solar ...
// Sistema legislativo y judicial ilegítimos impuestos //
El régimen castrista que tenemos impuesto es maaaalo, muy malo. Y voceros de este amenazan con legislaciones ilegítimas que ellos mismos cumplen o no cumplen, como les parece.
Son problemas que no se resuelven porque "deberían quedar subsanadas en la nueva Ley de Procedimiento Penal".
El castrismo pensará: "Somos malos, ¿y qué?"
Porque tiene la ventaja de siempre de NO TENER OPOSICIÓN POLÍTICA EFECTIVA.
Nosotros NI HABLAMOS de cómo desarrollar **el reemplazo del castrismo**. Lo que es perfectamente posible teniendo BUENOS SISTEMAS PARA DISCUSIÓN usando la Web.