La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), dedicada a la investigación y elaboración de informes sobre violaciones de derechos humanos a nivel internacional, denunció el uso que el Gobierno cubano hace del tema del Covid-19 como método para "acosar, intimidar y detener a disidentes" en la Isla.
HRW refiere a la intervención de la Seguridad del Estado cubana en la sede del Movimiento de San Isidro por motivos políticos y bajo la excusa de que uno de los acuartelados en el lugar violó las normas sanitarias del país. Una nota publicada en la página del sitio informa de lo común que se ha vuelto este pretexto por parte de las autoridades cubanas para justificar todo tipo de arbitrariedades.
"Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos (…) Esto forma parte de un patrón más amplio, en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente", declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta organización.
Según la nota publicada por HRW en su portal web, entre julio y noviembre del 2020 esta ONG investigó 35 sentencias judiciales y registros de multas aplicados a varios disidentes cubanos, a quienes entrevistó junto a familiares y abogados. Finalmente se documentaron 34 víctimas, en cuyos casos la policía invocó "normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del Gobierno".
La investigación reveló que de 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por el delito de "propagación de epidemias".
"A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara", denunció HRW.
Entre los casos referenciados en la nota se encuentran el de Keilylli de la Mora Valle, perteneciente al grupo opositor Unión Patriótica de Cuba y procesada penalmente por no usar de manera correcta la mascarilla, así como el de Juan Miguel Pupo Arias, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República y condenado por los mismos motivos asociados a la pandemia.
También fueron denunciadas las detenciones de los ciudadanos Mileidy y Daniel Salcedo, las multas arbitrarias contra Raux Denis Rodríguez y Maykel Castillo Pérez y el acoso a Yordanis Labrada Tellez, todos activistas o miembros de grupos opositores en la Isla.
HWR es una ONG sin fines de lucro, fundada en 1978 y operacional en casi todo el mundo. Entre sus miembros cuenta con abogados, periodistas y académicos que publican más de 100 informes y publicaciones periódicas cada año sobre el cumplimiento de derechos humanos en 90 países.
