La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este viernes a los Gobiernos de Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua y Panamá que dejen de lado normativas y proyectos de ley sobre el control de medios de comunicación y redes sociales, ya que suponen barreras para la libertad de prensa y libertad de expresión.
Durante la jornada de clausura de su 76 Asamblea, celebrada de manera virtual, la SIP, con sede en Miami, aprobó una resolución en la que pide a los Gobiernos de los cinco países que abandonen decretos, leyes y disposiciones administrativas con los que crean "reglas éticas para los medios o detener el sensacionalismo o la desinformación a través de las redes sociales", indicó EFE.
Las iniciativas, dice el documento, "instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión", recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La resolución pide a dichos Estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que exhorta a desistir de la censura y sanciones penales, así como "de mecanismos de vigilancia digital", y en su lugar propone mas bien una "alfabetización noticiosa y digital".
El documento enumeró algunos ejemplos de proyectos de reforma penal y de medidas que a la larga "restringen distintos aspectos de la libertad de prensa y de expresión".
En Cuba, por ejemplo, el Decreto-Ley 370 permite al Gobierno censurar y sancionar las opiniones contrarias a la información oficial en internet, donde se ha registrado un "incremento de cuentas que suplantan la identidad de opositores y periodistas independientes".
La resolución pidió a La Habana, y también a El Salvador, "abandonar los repulsivos mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de trolles y bots manejados por sistemas de seguridad o inteligencia del Gobierno".
Expuso también el proyecto de la Ley Especial de Ciberdelitos, en Nicaragua, que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien difunda información falsa en internet, los proyectos de reforma al Código Electoral en Panamá para sancionar las noticias falsas y la desinformación, y las circulares generales de Ecuador sobre información falsa en torno a la pandemia del coronavirus.
Destacó también la creación en Argentina del oficial "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO)", "con la aparente intención de 'proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias'".
Sobre Chile, el documento expresó su preocupación por el plebiscito de reforma constitucional que "contiene ideas sobre regulación de medios y se sugiere que se reconozca el 'derecho a la comunicación' con limitaciones a la propiedad de los medios y regulaciones sobre los contenidos".
En Colombia, donde se ha denunciado la vigilancia por parte del Ejército a más de 130 personas, 52 de ellas periodistas nacionales e internacionales, la SIP advirtió sobre un proyecto de ley para proteger el derecho fundamental a la honra que "crearía reglas que colisionarían con la libertad de opinión".
La SIP concluyó el viernes una Asamblea General en la que participaron los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y República Dominicana, Luis Abinader, durante la cual se hizo evidente que la libertad de prensa está amenazada en el continente.
