Una treintena de organizaciones cubanas e internacionales demandaron al régimen de la Isla poner fin a la represión que ejerce contra la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), uno de los grupos de la oposición pacífica cubana con mayor activismo dentro de la Isla y también con la mayor cantidad de presos políticos.
La declaración se produce en respuesta "a los actos de intimidación y violencia" perpetrados durante los últimos dos meses por las autoridades cubanas contra miembros de la organización, especialmente contra su coordinador nacional, José Daniel Ferrer.
"Solicitamos a las autoridades cubanas que cesen de inmediato el abuso policial, las detenciones arbitrarias, las multas exorbitantes y los allanamientos a viviendas de los miembros de la UNPACU. La Seguridad del Estado debe poner fin a la vigilancia y al cerco impuesto para controlar el acceso a la casa de José Daniel Ferrer, que funciona como sede de la UNPACU", señala el comunicado.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran la iniciativa ciudadana Prisoners Defenders, Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, Race & Equality, Cuba Decide, el Movimiento San Isidro, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, el centro de asesoría legal Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entre otros.
Denuncian "un patrón de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los miembros de la organización y otros disidentes políticos". En ese sentido, las organizaciones instaron al régimen de la Isla a detener la persecución contra activistas, opositores y grupos disidentes.
"El Gobierno debe detener la persecución y las acciones represivas contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, y debe liberar de inmediato a entre 125 y 136 presos políticos, documentados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders, respectivamente", añadieron.
La declaración también califica de inaceptable la pasividad de la comunidad internacional en torno al acoso y la represión contra disidentes en la Isla.
"Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial. Cuba ha sido parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante cuatro de los cinco mandatos (para un total de 12 años) y en octubre de 2020 aspira a volver a ocupar un escaño. Para hacerlo, debe comprometerse con la Resolución 60/251 de la Asamblea General, que obliga a los Estados a cumplir con los más estrictos estándares en la protección y promoción de los derechos humanos", sostiene.
