José Rolando Casares Soto miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), fue excarcelado el martes en la tarde bajo libertad condicional, informó a DIARIO DE CUBA el exprisionero político del grupo de los 75 Iván Hernández Carrillo.
Casares Soto fue condenado a cinco años de privación de libertad, bajo los supuestos cargos de desacato, atentado y ultraje sexual, recordó Hernández Carrillo.
Cumplía actualmente su condena en el Campamento de Trabajos Forzados Los Diablitos, en el Km 4 1/2 de la carretera de San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
"Lo liberaron bajo libertad condicional, por lo cual terminará de cumplir, según la carta de libertad, el 21 de septiembre del 2021", añadió.
"Caseres fue detenido junto a su esposa Yamilka Abascal Sánchez el 15 de julio de 2015 y los dos fueron condenados en la misma causa. En el caso de su esposa fue sentenciada a dos años. Los dos a trabajo correccional sin Internamiento, o sea prisión domiciliaria, pero al Casares continuar con su activismo y negarse a cumplir las órdenes de la policía política fue revocado a régimen de prisión", explicó Hernández Carrillo.
Casares Soto entró a la cárcel en agosto de 2017.
En septiembre de 2019 Abascal Sánchez conversó con DIARIO DE CUBA sobre su caso a propósito de la presentación en Madrid del informe "Condenas premeditadas: un análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", elaborado por el Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
El documento concluyó que "las condenas por desacato" a ella y su esposo "fueron un resultado directo de su expresión de ideas en contra del Estado, lo cual no es una base legítima para la privación de libertad bajo las normas internacionales".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha denunciado el uso de delitos de desacato para criminalizar la expresión de opiniones e ideas críticas de funcionarios públicos y cuestiones de interés público en Cuba.
Según la CIDH, estas leyes "restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático" y "[e]n un Estado en el cual se criminaliza la denuncia de violaciones de derechos humanos en aras de proteger el honor de funcionarios públicos o en el cual se castiga con su instrumento más poderoso —el derecho penal— la investigación y la crítica del ejercicio del poder, los ciudadanos pierden una de las herramientas esenciales en la lucha por la protección y promoción de derechos".
Aparte del "desacato", que directamente criminalizan la expresión, el Código Penal cubano contiene varios delitos que no están bien tipificados y, por lo tanto, están siendo usados por las autoridades para justificar la detención y la condena de personas por defender los derechos humanos o expresar ideas en contra del Gobierno.
Estas figuras mediante las cuales la Seguridad del Estado Cubano ha llevado el mayor número de voces disidentes a la cárcel son el atentado, la peligrosidad social predelictiva y la desobediencia. Además, varios presos políticos han sido privados de libertad porque el Estado determinó que tienen un "estado peligroso".
