"El Gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales", por lo que los países que acogen las "misiones" de La Habana "deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes y reglamentos aplicables que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y el libre movimiento", advirtió este jueves la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con un informe publicado por esa organización con sede en Nueva York, desde el inicio de la pandemia del Covid-19 La Habana ha enviado cerca de 1.500 profesionales médicos a distintos países del mundo para colaborar en su enfrentamiento.
Esa cifra se suma a los aproximadamente 30.000 trabajadores sanitarios que ya se encontraban en el extranjero en "misiones médicas".
Sin embargo, admitió HRW, conforme a la Resolución 168 de 2010, dictada por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, se consideran "infracciones de la disciplina" entablar "amistad" con personas que tengan "opiniones hostiles o contrarias a las de la revolución cubana" y los sanitarios pueden ser sancionados si "abandonan" su trabajo.
"Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de Covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al Gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental", añadió.
Desde su primera misión médica a Argelia en 1963, el Gobierno de Cuba ha diseñado normas represivas que rigen la vida de aquellos que envía al exterior. Estas normas imponen límites severos a la libertad de expresión, asociación y movimiento, así como a la privacidad de los trabajadores de la salud.
La Habana regula incluso los aspectos más triviales de la vida de los médicos cubanos que participan en misiones, de maneras que vulneran los derechos de libertad de asociación. Vivir con personas "no autorizadas" también constituye una infracción disciplinaria, por lo que el personal enviado a estas "misiones" debe reportar a sus superiores inmediatos todas "sus relaciones amorosas".
A través de disposiciones imprecisas contenidas en la mencionada Resolución 168, se limita la libertad de circulación de los trabajadores sanitarios. La resolución establece como infracción "frecuentar lugares que dañen [el] prestigio [del médico] en el concepto público" y también "concurrir a lugares que, dadas sus características, resulten proclives a alteraciones del orden público". Los trabajadores de la salud también deben obtener "autorización" para "participar en actos públicos de carácter político o social".
Conforme a la Resolución 168, los médicos necesitan "instrucciones y autorizaciones" para "emitir valoraciones" a los medios de comunicación sobre "situaciones internas del centro de trabajo" o que "comprometan la colaboración cubana". También constituye una infracción "difundir o propagar criterios o rumores que vayan en detrimento de la moral o el prestigio del colectivo o de algún integrante de este".
Las sanciones previstas para quienes cometan infracciones disciplinarias van desde la retención de salarios hasta la expulsión de la "misión" y el regreso a Cuba.
El Código Penal de Cuba prevé que el personal médico que "abandone" su trabajo puede ser objeto de procesos penales y penas de hasta ocho años de cárcel, una medida que resulta absolutamente desproporcionada y que afecta el derecho a la libertad de los trabajadores de la salud cubanos.
Los trabajadores sanitarios en Cuba se consideran población "regulada" y deben obtener una autorización especial para salir del país antes de recibir un pasaporte, incluso si renuncian a sus cargos en el Sistema Nacional de Salud.
La normativa cubana intenta justificar estas restricciones invocando la necesidad de preservar a los trabajadores "que realizan actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país". Sin embargo, estas restricciones severas, que se aplican por tiempo indefinido, resultan claramente desproporcionadas para el objetivo buscado, advierte HRW.
"Un decreto de 2012 otorga amplias facultades a las autoridades para otorgar o denegar a los trabajadores de la salud permiso para salir del país. Asimismo, el decreto indica que las autoridades tendrán 'un plazo que no exceda de cinco años' para tramitar la solicitud de un trabajador sanitario para trasladarse al exterior. Según el derecho cubano, este extenso período de espera sería para 'realizar el entrenamiento del relevo [del trabajador de la salud]"".
Algunos trabajadores sanitarios cubanos también han informado que quienes "abandonan" las misiones están sujetos a una prohibición de facto de ingresar a Cuba por ocho años. La prohibición no está claramente establecida en la legislación cubana.
No obstante, el derecho inmigratorio de Cuba prohíbe el ingreso de quienes hayan sido declarados "indeseables" o hayan "organiza[do], estimula[do], realiza[do] o participa[do] en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano". Esa disposición viola el derecho consagrado en el derecho internacional a ingresar al país propio y se aplica a "toda persona", incluidos ciudadanos cubanos, recuerda HRW.
En noviembre de 2019, las Relatoras Especiales de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, pidieron información al Gobierno cubano sobre las condiciones laborales de las misiones médicas cubanas. Las relatoras indicaron que habían recibido información, incluso de primera mano, sobre condiciones laborales que "podrían elevarse a trabajo forzoso".
Según indicaron las relatoras de Naciones Unidas, muchos médicos se sienten presionados a participar en las misiones y temen sufrir represalias si no lo hacen. Asimismo, reportaron "exceso de horas trabajadas" por los médicos, limitaciones en cuanto a vacaciones y salarios, amenazas de autoridades cubanas y restricciones a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
En una respuesta a las relatoras de la ONU de enero de 2020, a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, el Gobierno cubano negó los señalamientos e indicó que las relatorías habían sido "utilizad[as] para fomentar espurias campañas promovidas por el Gobierno de Estados Unidos".
La organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders obtuvo declaraciones de decenas de trabajadores de la salud que participaron en misiones antes de la pandemia de Covid-19, entre 2001 y 2018, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch. Muchos manifestaron haberse sumado al programa porque temían represalias por parte de las autoridades cubanas. Otros afirmaron haberse unido a las misiones con la esperanza de irse del país o de conseguir acceso a alimentos, como carne, que no pueden obtener con los salarios que perciben en Cuba.
En su declaración, HRW recuerda que "los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación, la libertad y al libre movimiento se encuentran protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como por otros tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario. La amplia mayoría de los países que reciben a médicos cubanos han ratificado el pacto. Cuba firmó el pacto, pero no lo ha ratificado".
"El trabajo forzado también se encuentra prohibido por los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Cuba y la mayoría de los Estados que han recibido médicos cubanos. Varios de ellos también han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, así como a un nivel de vida adecuado. La Declaración Universal de Derechos Humanos también establece que toda persona tiene 'derecho a salir de cualquier país, incluso del propio', así como 'a regresar a su país'".
HRW recuerda que "los países que reciben médicos cubanos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de todas las personas en su territorio, lo cual incluye a los trabajadores sanitarios cubanos, y deben asegurarse de que los acuerdos alcanzados con el gobierno cubano prevean garantías efectivas para los derechos de los trabajadores".
"Los gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos", advirtió Vivanco.
"A nadie le sorprende que el régimen cubano no esté dispuesto a respetar los derechos de sus trabajadores de la salud, pero otros gobiernos deben abstenerse de contribuir a esta explotación", culminó.
EEUU debia considerar volver a dar paroll a todos los medicos y enfermeros que deserten de las misiones ,En estos momentos se pondria de manifiesto el apego de los profesionales de la salud al gobierno .Estoy seguro que el 50% avandonan las misiones. Seria un DURO GOLPE al regimen Castrista.