Relatores especiales y grupos de trabajo de la ONU acusaron al Gobierno de Cuba de perseguir la libertad religiosa, destruir iglesias y afectar, por motivos de discriminación religiosa, la vida de más de 100 personas pertenecientes a una minoría.
El pasado mes de mayo, el relator especial sobre la libertad de religión, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y el relator especial sobre cuestiones de las minorías enviaron una notificación al Gobierno de Cuba en relación con el "acoso continuado sufrido por el pastor Alain Toledano, del Movimiento Apostólico de Cuba, su familia y los miembros de su congregación que constituyen una minoría religiosa en Cuba".
En el texto, documentaron todos los hechos de represión sufrida por Toledano, familiares y feligreses y dieron a las autoridades cubanas dos meses para ofrecer una respuesta que, como denunció Cuban Prisoners Defenders, no ha sido enviada. El protocolo establece que una vez vencido el plazo de 60 días se hace público el requerimiento presentado por las relatorías.
"(…) Deseamos expresar nuestra más profunda preocupación por los actos de intimidación y de acoso continuos en contra del pastor Alain Toledano, su familia, y otros miembros del Movimiento Apostólico, una minoría religiosa, en Cuba desde 2005. Nos preocupa especialmente que hayan sido señalados en función de su religión o sus creencias y que la ausencia de reconocimiento legal y de registro de su iglesia les impida operar libremente en el país", señalaron los relatores en su comunicación.
"Estamos preocupados por la supuesta supresión de sus actividades religiosas y los actos de intimidación en su contra, incluidos el uso de prohibiciones de viaje, vigilancia, interrogatorios frecuentes (…), detenciones arbitrarias y desalojos forzosos. Estos y otros actos habrían impedido a los seguidores del Movimiento Apostólico organizar y asistir a eventos, y restringido su derecho a observar y expresar libremente en privado o en público sus creencias religiosas o de otro tipo", añadieron.
Igualmente, expresaron alarma "por la destrucción de los lugares de culto que violan el derecho de establecer y mantener lugares de culto para la protección de la identidad religiosa, el derecho, en común con los demás miembros de su grupo de practicar su propia religión, y también el derecho de la libertad de religión o de creencia".
"Deseamos subrayar que estos hechos parecen ser incompatible con normas de derechos humanos consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que (el Gobierno de) Cuba firmó el 28 de febrero de 2008, en particular, las garantías sobre la libertad de religión también protegidos en los artículos 15 y 57 de la Constitución de la República de Cuba", precisó el texto.
Los relatores especiales de la ONU instaron a La Habana a "proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas, incluyendo sobre el procedimiento legal contra el pastor Alain Toledano (caso número 20/2019)".
Asimismo, "explicar la base legal para la imposición de restricciones a las actividades y reuniones religiosas de Toledano y de los otros miembros del Movimiento Apostólico en Cuba, y explicar cómo estas restricciones son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la libertad de religión o de creencia, la libertad de expresión, y de profesar y practicar su propia religión, en común con los demás miembros de su minoría religiosa, la libertad de reunión y asociación pacífica así como el derecho a la libertad personal y a no ser sujeto a detenciones arbitrarias".
Pidieron "información sobre la base legal de la confiscación y destrucción de todos los bienes de la iglesia del pastor, explicar los fundamentos jurídicos para el desalojo forzoso de Toledano y de su familia, e indicar las medidas tomadas para garantizar la seguridad de su tenencia, y la de todas las personas quienes fueron acusadas de acoger las reuniones de la Iglesia Emmanuel de Santiago".
"Sírvase proporcionar información en relación a las restricciones a la libertad de circulación a las que han estado sometidos el pastor Toledano y algunos de los miembros de su congregación, en relación con sus viajes locales e internacionales", añadieron.
Los relatores solicitan explicación sobre "la base legal para estas restricciones, y si estas restricciones cumplen con los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad".
Además, pidieron información en relación a las medidas específicas tomadas por el Gobierno para investigar y prevenir todos actos de intimidación y acoso contra el pastor Toledano y su familia, tanto por actores estatales como no estatales, incluidas medidas para prevenir su recurrencia".
Por último, exigió al régimen "proporcionar información sobre las medidas que está tomando para asegurar que se respete y proteja el derecho a la libertad de religión de todas las minorías religiosas, incluido el Movimiento Apostólico y sus seguidores y seguidoras".
