La Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, sus siglas en inglés) recomendó a Washington seguir incluyendo al Gobierno de Cuba en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado "por cometer o tolerar violaciones graves a la libertad religiosa", de conformidad con leyes internacionales.
En un informe sobre el tema, pidió "imponer sanciones selectivas a los organismos y funcionarios" del régimen cubano "responsables de violaciones graves a la libertad religiosa —incluyendo a Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) del Partido Comunista de Cuba (PCC)".
USCIRF propuso "el congelamiento de sus activos o la prohibición de su ingreso a EEUU, con arreglo a lo previsto en materia regulatoria financiera y de visas en el contexto de los derechos humanos, invocando violaciones específicas a la libertad religiosa".
La Comisión solicitó "asegurar que los programas que apoyan el periodismo independiente en Cuba ayuden de manera eficaz a los periodistas que enfrentan mayor hostigamiento por denunciar la situación de la libertad religiosa".
En tal sentido, sostuvo que se permita "el procesamiento de visas en La Habana para los líderes religiosos y los activistas y periodistas que defienden las protecciones a la libertad religiosa, a fin de facilitar que puedan viajar a EEUU sin necesidad de pasar por un tercer país".
En el reporte lamentó que "la nueva constitución adoptada en abril modificó las protecciones a la libertad religiosa, y el Gobierno atacó de manera agresiva a los líderes religiosos que se oponían a estos cambios".
"Si bien sigue siendo un desafío recopilar información sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba, una organización no gubernamental documentó 260 casos de violaciones a la libertad religiosa o de culto en Cuba durante 2019, incluidos actos de hostigamiento, arrestos y prohibiciones de viaje, lo que supuso un aumento en comparación con los 151 casos de violaciones registrados en 2018", señaló el informe de USCIRF.
"Entre las tácticas empleadas para presionar a los líderes religiosos cabe mencionar el envío de citaciones policiales y los interrogatorios reiterados, las amenazas de detención y la calificación de 'contrarrevolucionarios' a los líderes religiosos", precisó.
Puso el ejemplo del sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, quien inició una huelga de hambre de 15 días como protesta por el hostigamiento contra él y su familia en el período previo al referendo constitucional.
La Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) "mantuvo un control férreo sobre la actividad religiosa", al exigir que las organizaciones religiosas soliciten el registro oficial al Ministerio de Justicia.
"La pertenencia o asociación a un grupo religioso no registrado es un delito. La OAR ejerce un control directo y arbitrario sobre los asuntos de las organizaciones religiosas, al solicitarles permiso para llevar a cabo prácticamente todas las actividades que no sean ofrecer los servicios de culto regulares. Los funcionarios de alto nivel del Partido Comunista de Cuba usan el sistema de permisos para intervenir en los asuntos de los grupos religiosos y ejercen coacción para para obtener la cooperación con los funcionarios del gobierno", añadió.
Posteriormente al proceso constitucional, el gobierno cubano llevó a cabo campañas persistentes de hostigamiento e intimidación en contra de los líderes religiosos durante 2019. Entre las tácticas más frecuentes se encontraron las amenazas, detenciones por corto tiempo, restricciones de viaje y violencia en contra de algunos líderes religiosos.
"Las autoridades cubanas manipularon las leyes para acusar o amenazar con acusar a líderes religiosos de haber cometido violaciones penales y civiles por realizar actividades religiosas pacíficas y trabajos sociales", condenó USCIRF.
Otros ejemplos citados son el del pastor Alain Toledano Valiente, del Movimiento Apostólico, citado en varias ocasiones a la estación de policía, acusado del delito de "desobediencia", el del pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito Leyva, condenados en abril por practicar la educación de sus hijos desde casa.
En diciembre pasado, señaló el informe, las autoridades amenazaron con cargos legales similares a Olainis Tejeda Beltrán y Lescaille Prebal, miembros de la comunidad judía sefardita del Bnei Anusim, tras el hostigamiento y las agresiones físicas que sufrieron sus hijos en la escuela y que dieron lugar a la prohibición del uso del kipá.
Hasta noviembre de 2019, se había prohibido arbitrariamente la salida de Cuba a aproximadamente 20 líderes religiosos durante el año.
"La OAR está efectivamente aislando a las comunidades religiosas al impedir cada vez más que visitantes extranjeros visiten a sus correligionarios, mientras que al mismo tiempo imposibilitan que los líderes religiosos salgan de la Isla", denunció el informe.
Asimismo, recogió cómo siete denominaciones se separaron del Consejo de Iglesias de Cuba y formaron la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
"Los miembros de esta alianza fueron atacados de manera agresiva durante el proceso constitucional y se mantuvo el hostigamiento contra ellos en represalia por su organización y defensa constitucional, el cual incluyó la negativa a permitir el ingreso de visitantes extranjeros", señaló.
Según USCIRF, "las autoridades cubanas impidieron que cuatro miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, junto con otro líder religioso, viajaran a EEUU para asistir a la Convención Ministerial para Promover la Libertad de Religión, organizada por el Departamento de Estados Unidos en julio".
