La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó el martes su Informe sobre Libertad de Prensa, que confirmó la "permanencia del intento de control y la represión como principales comportamientos del Estado cubano en su relación con la libertad de prensa en Cuba".
El documento, reseñado por la revista independiente La Hora de Cuba, cubre el periodo desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020.
Recoge nombres de comunicadores que han sido agredidos por su trabajo, así como las modalidades más comunes de represión usadas por el régimen contra ellos.
El informe destaca como "significativo" el hecho de que se ha elevado al doble el número de periodistas con prohibición de salir del país, y se mantiene alta la cantidad de trabajadores de la prensa que han sufrido citaciones a interrogatorios policiales y arrestos por hacer su labor.
El texto fue elaborado por Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para la Isla de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
"El ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión sigue marcado por las mismas restricciones de siempre y se mantienen las prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo", señala el informe.
"El Gobierno tiene el monopolio de la información y restringe las telecomunicaciones y el acceso a internet. Continúa encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y sus familiares y se mantiene la impunidad total de las agresiones a la libertad de prensa en un sistema judicial absolutamente controlado por las autoridades", añade.
El periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones sigue cumpliendo condena en prisión y ha sido amenazado con represalias por divulgar a través de su familia textos narrando sus experiencias de preso. El líder político de mayor visibilidad, José Daniel Ferrer, cuya organización también ejercitaba el periodismo ciudadano, ya pasa de los seis meses encarcelado, recuerda.
En este periodo han sido detenidos Vladimir Turró, Jorge Enrique Rodríguez, Enrique Díaz, Nelson Julio Alvarez Mairata, Yoanny Limonta, Ricardo Fernández Izaguirre, Jancel Moreno, Anderlay Guerra Blanco, Rolando Rodríguez Lobaina, Frank Correa y Lien Estrada, entre otros comunicadores. Algunos de ellos en más de una ocasión.
Los periodistas Vladimir Turró, Yoe Suárez, Camila Acosta, Frank Correa, Abu Duyanah Tamayo e Iliana Hernández han reportado haber recibido "actas de advertencia" —cuya acumulación puede llevar al encarcelamiento— o multas.
Las autoridades han decomisado medios de trabajo a varios comunicadores.
La Seguridad del Estado ha practicado otros actos de acoso sobre familiares de periodistas como revisión exhaustiva de equipaje, citaciones policiales a "entrevista" y emisión de amenazas verbales.
Otra modalidad de agresión a periodistas es la presión a los dueños de las casas de alquiler donde residen, con el fin de su expulsión.
A varios periodistas se les ha prohibido en este periodo la salida del país. Se suman a los que anteriormente estaban "regulados" (eufemismo oficial para aquellos a los que el régimen quiere controlar sus movimientos.
Periodistas denunciaron que sufrieron amenazas a través de Facebook y Twitter. También se registró ciberbullying contra periodistas de la comunidad LGBTI.
El acoso también se extiende a las fuentes. La directora de una escuela fue expulsada de su trabajo por conceder entrevista a Vladimir Turró sobre un problema de salud pública.
Según el informe de la SIP, perdieron sus trabajos en medios de prensa estatales Cristian Álvarez y Yasel Porto, por publicar contenidos molestos a las autoridades.
En este período fueron bloqueados los siguientes sitios web relacionados con el periodismo: La Joven Cuba, OnCuba, Periodismo de Barrio, Asociación Pro Libertad de Prensa y El Toque.
Además, se mantuvo el bloqueo a las webs de varias decenas de otros medios de prensa y ONG relacionadas con la libertad de expresión.
El texto recuerda que el monopolio estatal ETECSA vigila y censura internet y evita que entre al país la señal de Televisión Martí y de otros canales producidos en el exterior. Continúa la persecución aleatoria contra transmisores ilegales de televisión, así como la vigilancia y censura sobre los contenidos distribuidos de manera independiente en El Paquete.
