Este 5 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los activistas cubanos Nancy Alfaya y su esposo Jorge Olivera, así como a María Elena Mir Marrero, tras considerar que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".
Alfaya, de la Red de Mujeres por la Igualdad del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), y Olivera, del Club de Artistas y Escritores de Cuba (CEAC), fueron arrestados por la Seguridad del Estado el pasado jueves cuando se dirigían a la sede del Centro de Interpretación Cultural Unión Europea-Cuba, en La Habana.
Tras un interrogatorio que se extendió durante casi cuatro horas, las autoridades aplicaron a la activista una multa de 3.000 pesos cubanos por el Decreto-Ley 370, que fue aprobado por el régimen a mediados de 2019 y ha sido criticado por limitar aún más la libertad de expresión de los cubanos en internet.
Mir Marrero, por su parte, es la coordinadora nacional de la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (RELLIC). Además, se desempeña como secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integra la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).
Según confirma la CIDH, el pasado 12 de enero de 2020 la activista fue detenida por la Policía cubana en su propia casa, alrededor de las 10:30 de la mañana. Tras ser trasladada a una unidad policial en Guanabo fue interrogada y amenazada con ir a prisión si mantenía su labor como activista.
Previamente, Marrero Mir ha sido detenida, interrogada, golpeada por oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y "regulada", el eufemismo que usa el régimen para referirse a las prohibiciones de salida que impone a activistas, periodistas y opositores políticos.
Por tales motivos la CIDH advirtió que tanto Alfaya como Marrero Mir eran "objeto de constantes seguimientos y hostigamientos por parte de autoridades estatales".
"Dada las labores que realizan, los eventos de riesgo que enfrentan les limitarían severamente, siendo consideradas personas de interés para el Estado", agregó la CIDH.
El organismo internacional recordó que el hostigamiento contra las dos activistas cubanas se enmarca "en un contexto de persecución y hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos que piensen o se expresen de manera contraria al régimen actual de Cuba".
La CIDH, de acuerdo con su norma, solicitó al Gobierno de la Isla que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las dos defensoras de derechos humanos, y le pidió que informe sobre las acciones adoptadas para esclarecer los hechos que motivaron la medida cautelar.
Por su parte, La Habana no responde a los comunicados de la CIDH ni asume sus recomendaciones. No obstante, beneficiarios de otras medidas cautelares han asegurado que las acciones de hostigamiento en su contra se han minimizado tras la intervención del organismo internacional.
