La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes 17 de diciembre al Estado cubano a cumplir las medidas cautelares adoptadas por el organismo internacional hace siete años a favor de José Daniel Ferrer, líder del partido opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El 5 de noviembre de 2012 Ferrer García, uno de los expresos políticos del Grupo de los 75 disidentes y activistas condenados por el régimen a un promedio de 20 años de prisión, fue beneficiado con una medida cautelar de la CIDH.
En ese momento, el organismo adjunto a la Organización de Estados Americanos (OEA), se basó en las condiciones de detención del activista político y "las amenazas por parte de los guardias de seguridad" que habría recibido "en reiteradas ocasiones".
El régimen cubano concedió una "licencia extrapenal" a Ferrer en marzo de 2011, a causa de la presión internacional por las violaciones de derechos humanos en Cuba.
No obstante, el activista fue nuevamente detenido el 1 de octubre de 2019 junto a tres de sus compañeros de la UNPACU. Según han denunciado varias organizaciones de la sociedad civil cubana y extranjera, el régimen busca "incriminar" al activista por la comisión de un supuesto delito común.
Hasta el 10 de octubre de 2019, los familiares del líder de la UNPACU no fueron informados de la medida de prisión provisional dictada por la Fiscalía ni del traslado de Ferrer hacia la prisión Aguadores, en Santiago de Cuba.
Un mes y medio después el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas requirió la acción urgente del Estado cubano para que adoptara todas las medidas necesarias para localizar a Ferrer y proteger su vida e integridad personal, recuerda el comunicado de la CIDH publicado este martes.
Asimismo, el organismo también aludió a posibles afectaciones a la salud y a los maltratos que podría estar recibiendo Ferrer y que han denunciado sus familiares.
El pasado 28 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución donde condenaba la detención del activista opositor y reclamaba su libertad y su derecho de mantenerse en contacto con sus familiares.
El organismo también aseguraba que el Estado cubano se ha negado a ofrecer información sobre las medidas cautelares que benefician a activistas políticos, disidentes y voces críticas dentro de Cuba.
Finalmente, la CIDH exigió al Gobierno que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares".
