El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) indicó este martes que "las autoridades cubanas deben retirar inmediatamente todo cargo penal contra la periodista Iliana Hernández, devolverle los equipos confiscados y permitirle informar libremente".
El pasado 8 de enero agentes de la Policía y la Seguridad del Estado cubana allanaron la vivienda de la activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández, en La Habana, y le confiscaron documentos y equipos de trabajo.
Al amanecer de ese día, cuatro patrullas policiales, un camión y varios agentes de civil se presentaron en su vivienda con una orden de registro. Al entrar a la casa, amenazaron a la reportera y la obligaron a dejar de grabar usando su teléfono, como se aprecia en un video subido a las redes sociales.
Poco después las autoridades acusaron a Hernández por el supuesto delito de receptación, tras ocuparle tres computadoras, un disco externo, una memoria flash que no funciona y dos antenas de televisión en desuso, informó la activista a DIARIO DE CUBA.
Tras la detención de la activista el pasado 8 de enero la Policía aplicó una fianza de 1.000 pesos cubanos (casi 40 dólares), pero no le devolvieron sus equipos, denunció la activista ante CPJ.
En Cuba el delito de "receptación de bienes robados" por el que ahora se acusa a Hernández, se sanciona con privación de libertad de hasta un año, de conformidad con el Código Penal.
Tras el allanamiento de su casa, el 13 de enero Hernández dio pruebas ante la Policía de que había obtenido por medios lícitos su computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados, pero los agentes no aceptaron los documentos ofrecidos por la activista.
En cambio, fue amenazada por con una multa por haber violado, supuestamente, el Decreto 370, que penaliza la difusión de "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas" en las redes públicas, relató la periodista al CPJ.
Aunque la reportera ha indagado sobre su caso en la Fiscalía municipal y provincial de La Habana, ambas instituciones han negado informar sobre el caso a la propia implicada.
"Las autoridades cubanas deben retirar inmediatamente sus falsos cargos contra la periodista Iliana Hernández y dejar de amenazarla con presentar un proceso penal", declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.
"Trabajar para medios independientes y poseer equipos básicos para ejercer el periodismo no es un delito. Las autoridades cubanas deben devolverle a Hernández la computadora y el teléfono, y permitirle trabajar libremente".
Iliana Hernández ha trabajado para el portal CiberCuba ―uno de los medios bloqueados por el régimen de la Isla― desde diciembre de 2018, y ha escrito artículos sobre delincuencia y corrupción.
La activista cubana, que también ostenta la nacionalidad española, también ha sido impedida de viajar al extranjero desde hace meses.
El CPJ, por su parte, pidió declaraciones al Ministerio del Interior de Cuba y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sobre el caso de Hernández, pero no recibió respuesta, informó la propia institución.
Según CPJ, Cuba está entre los diez países con mayores niveles de censura del mundo y es uno de los ambientes más hostiles para el ejercicio del periodismo.
