La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este martes en Miami que ni la llegada al poder del nuevo gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respecto a los derechos humanos en la Isla.
Tras presentar el informe de 2018, Antonia Urrejola, relatora para Cuba en el organismo, dijo a EFE que "persisten" las mismas demandas que este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha hecho durante décadas.
En ese sentido, el embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, presente en el evento, aseveró que el Gobierno de la Isla "nunca" se podrá incorporar a este sistema interamericano, "que se basa en los principios de derechos humanos y democracia".
Manifestó que el régimen de "Cuba es el violador más grandes de derechos humanos en el hemisferio. No solo de los cubanos, (sino de) los nicaragüenses y los venezolanos".
Urrejola explicó que el informe tuvo en cuenta los procesos de "elección" de Díaz-Canel, que asumió en abril de 2018 en reemplazo de Raúl Castro, y de la nueva Constitución, promulgada el pasado abril.
Enfatizó que "las voces contrarias al Gobierno terminan siendo suprimidas ante la existencia de un partido único".
La CIDH determinó que perdura la prohibición de asociarse con fines políticos y las arbitrarias restricciones a la libre expresión, entre otras limitaciones a los derechos fundamentales.
De igual forma, el organismo dijo que "persiste la persecución selectiva y deliberada en contra de periodistas (...) que difunden información y opiniones sobre temas de interés público que el Estado considera contrarias a su discurso" y "advierte con preocupación una intensificación de los procesos de criminalización" contra activistas.
Según Urrejola, "el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución adoleció de serias falencias" y de herramientas democráticas como un "debate pluralista".
Urrejola precisó que aunque es "un avance de la letra escrita" la nueva Constitución carece, por ejemplo, de "una independencia del poder judicial" que garantice que se hagan efectivos los derechos que reconoce.
Previo a la presentación del informe, la comisión Justicia Cuba anunció también en Miami que solicitó a la CIDH que "respalde la creación de un tribunal que juzgue los delitos de lesa humanidad que ha cometido el castrismo".
El jurista mexicano René Bolio, que preside esa comisión internacional, dijo que se trata de una corte que "juzgue y condene a los criminales que hoy están en Cuba que han cometido estos delitos no solo en Cuba, sino en Nicaragua y Venezuela" y que la comisión ha documentado desde su creación hace dos años.
"Vamos a analizar lo que esta iniciativa puede significar en la protección de los derechos humanos", dijo Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH.
Al respecto, Urrejola agregó que la Comisión va a analizar la petición, aunque considera que los tribunales apropiados para estos casos son la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
Aclaró que la CIDH determina violaciones de derechos humanos de estados, no de personas, y que en este caso podría, por ejemplo, llamar a Cuba a ratificar el Estatuto de Roma, pues no lo ha hecho.
Por su parte, Bolio señaló que han documentado infinidad de casos, pero que hay al menos cinco de ellos con todas las pruebas que evidencian la "violación sistemática de derechos humanos por la dictadura castrista con el único objeto de permanecer en el poder".
El jurista además adelantó que el Congreso de Chile va a someter a votación por estos días la creación del tribunal que juzgue los crímenes del castrismo y que espera el apoyo de la CIDH.
Por otro lado, Bolio lamentó que este informe de la CIDH "no ha tenido retroalimentación del régimen, que no ha querido ni siquiera defenderse, como lo suelen hacer con mentiras".
Resaltó que el informe "evidencia que los derechos humanos no son respetados por el Gobierno cubano, lo cual parecería vano reiterarlo, pero es importante que lo diga una autoridad, no solo los opositores o el exilio cubano".