Un matrimonio de activistas de UNPACU cumplió este miércoles once días de huelga de hambre en protesta por las múltiples violaciones de sus derechos a que los ha sometido la Policía política cubana, denunció Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil de la organización.
Según relató a DIARIO DE CUBA Amel Oliva, el matrimonio de Eliécer Góngora Izaguirre, quien recién cumplió una sanción en prisión por razones políticas, y Lariuska Molina Enamorado, también activista de UNPACU, se mudaron a fines de noviembre junto a sus dos hijos y la madre del primero, a Puerto Padre desde la localidad de Jobabo. En ese otro poblado de Las Tunas, comenzaron a residir en una vivienda de un activista que actualmente se encuentra de viaje.
El propio día de su llegada, la vivienda fue apedreada durante la noche, y la tubería de suministro de agua fue averiada.
El 6 de diciembre, la Policía detuvo a la pareja en la localidad de Jesús Menéndez mientras hacían trabajo de promoción pacífica de la campaña Cuba Decide, les requisaron sus teléfonos móviles, entre otras pertenencias, además de mantenerlos detenidos durante varias horas.
Mientras, en su vivienda de Puerto Padre, otro operativo policial realizó un allanamiento. En presencia de los dos niños, recogieron las pertenencias de la familia, las colocaron en un tanque de agua vacío y advirtieron a la madre de Góngora Izaguirre que no les iban a permitir vivir allí. La amenaza directa fue que si no se marchaban los iban a sacar por la fuerza.
La familia decidió no obedecer a la estrategia intimidatoria.
El día 8 de diciembre, un operativo policial y de tropas especiales procedió a efectuar un desalojo arbitrario. Subieron a toda la familia a un auto, sus pertenencias a un camión y los trasladaron de regreso a Jobabo, a su vivienda original.
En reacción a tales acciones represivas, a partir de ese mismo día Góngora Izaguirre y Molina Enamorado están en huelga de hambre.
Debido al traslado arbitario de residencia, sus dos hijos, que ya estaban matriculados en un centro docente de Puerto Padre, no tienen matrícula en escuela alguna y por tanto no han podido asistir más a clases.
Los activistas de UNPACU han estado padeciendo una creciente oleada represiva desde que en noviembre la organización anunciara una iniciativa para enjuiciar al régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
José Daniel Ferrer García, líder de la organización, presentó la denuncia como un "plan para hacer lo más visible posible en el exterior los crímenes de la tiranía contra el pueblo cubano, los opositores cubanos, los profesionales cubanos y el daño que esta viene ayudando a hacer a pueblos hermanos".