Cuando en Cuba existían asociaciones de propietarios y vecinos

Hoy, que en Cuba vemos los problemas acumularse en forma de montañas de conflictos irresolutos donde, a pesar de la escasez, se reconoce el gran peso que tiene la falta de voluntad política y la deficiente gestión, vienen al recuerdo algunos mecanismos perdidos que daban voz a la sociedad civil y reconocían su capacidad de acción para el desarrollo local.

Extintas con la Revolución, las asociaciones de propietarios y vecinos velaban por el progreso del barrio y eran la voz de quienes lo habitaban. A través de ellas se emitían reclamos al Gobierno y a las compañías pertinentes para solucionar los asuntos que afectaban a la comunidad. Eran también el brazo ejecutor de importantes reformas y el gestor de un diverso programa de actividades que atendía el cuidado del espacio y la calidad de vida de la colectividad. Con ello conseguían valorizar el barrio y por tanto mantener en alto el precio del suelo.

Aún queda el testigo visible en El Vedado, La Víbora o El Sevillano de una pequeña placa fijada en algunas fachadas, como marca de la membresía de la familia a la asociación barrial. Dirigidas por los propios vecinos, la mayoría no contaba con profesionales del área del urbanismo; sin embargo, su junta directiva funcionaba con pleno juicio crítico y compromiso cívico como mediador entre los vecinos y el Estado. Su representatividad legal le permitía gestionar, impulsar e incluso financiar la solución a las necesidades prácticas de la localidad.

De esta forma, las asociaciones de propietarios y vecinos desempeñaron un papel primordial y muy poco reconocido en el proceso de desarrollo urbano, así como en el mantenimiento y mejora de lo construido. Con un interés financiero o no, atendían cuestiones básicas relativas al alumbrado, apertura, ensanche, pavimentación, bacheo y limpieza de las calles, instalación de agua, construcción y ensanche de parques, mantenimiento de las aceras y poda de árboles, entre otros asuntos que a veces coincidían con los reclamos realizados para la ciudad desde distintas publicaciones seriadas de la Escuela de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos.

En relación con las funciones públicas insertas en el barrio, la asociación de propietarios y vecinos también promovía, entre otras cosas, el fomento de la educación pública y la realización de conciertos en los parques y eventos deportivos. Todo esto se solicitaba y negociaba directamente con el Gobierno de la ciudad, al que apoyaba con presupuesto gestionado por la propia asociación. Asimismo, velaba por la ejecución de todas las obras públicas y se interesaba porque fueran conformes a las leyes urbanas.

La Asociación de Propietarios y Vecinos de la Playa de Santa Fe (1940), por ejemplo, comenzó asumiendo las funciones competentes al Ayuntamiento (recogida de basuras, trazado y arreglo de calles, gestiones oficiales, etc.); y en la casa de 1ra. no.169 —primero alquilada y luego comprada por la Asociación— realizaba bailes, proyecciones de cine y encuentros de deporte. A partir de 1941, publicó la revista Océano como órgano oficial.

En su misión progresista de impulso y mantenimiento de los repartos, estas asociaciones ocasionalmente se aliaban con otras agrupaciones civiles con intereses afines. Tal fue el caso recogido en la revista Avance, del 12 de octubre de 1943, donde se reprodujo el reclamo dirigido al presidente de la República por la Unión de Comerciantes, Industriales y Profesionales de las Calzadas de Concha y Luyanó, la Asociación de Propietarios de Luyanó y Jesús del Monte, y la Asociación de Propietarios y Vecinos del Reparto La Asunción, para que se solucionara el ambiente de insalubridad ocasionado en dicho reparto por la falta de canalización del arroyo Pastrana, que entonces constituía una prolongación descubierta del alcantarillado de Lawton.

En cierto modo, la estructura asumida para el funcionamiento de estas asociaciones respondía a un modelo complejo e integral que desplegaba sus acciones en todos los frentes. Hacia el sur de La Habana, una de las más importantes era la Asociación de Propietarios y Vecinos de La Víbora, Jesús del Monte y Arroyo Apolo, que agrupaba buena parte del territorio urbanizado. Esta asociación tenía una mesa directiva compuesta por presidente y vicepresidentes, secretario y vicesecretarios, tesorero y vicetesorero, contador y vocales. Concentraba 11 secciones que atendían: 1. Apertura, alineación, rasante y composición de calles; 2. Aceras, cercados, rotulación de calles y numeración de casas; 3. Economía; 4. Beneficencia e instrucción; 5. Sanidad; 6. Seguridad de personas y propiedades; 7. Ornato y festejos; 8. Alumbrado público; 9. Abastecimiento de agua; 10. Arbolado; y 11. Mercados y paseos.

A la membresía se le ofrecían distintas tarifas, de acuerdo con las posibilidades de cada cual. El objetivo era acoger la mayor cantidad de socios posibles y procurar mayores esfuerzos. Su Revista de La Víbora estaba dirigida a los afiliados, y era el portavoz de los avances conseguidos por la Asociación. A la par, realizaba una labor de sensibilización al lector (vecino o propietario), sobre las urgencias de la localidad y la significación de su contribución para el bien común.

La gestión llevada a cabo por estas asociaciones es de meritorio reconocimiento y evocación, pues han quedado como autores anónimos de muchos beneficios que aún hoy mantienen los repartos. Ellas constituyen un importante referente del beneficio que aporta la participación de la sociedad civil en el desarrollo local, la necesidad de su labor y las maneras más eficaces de hacer, impulsar y mantener una comunidad. Cuando cada cual solo responde por su pedacito pero nadie se responsabiliza por el conjunto, salta a la vista la gravedad de la desarticulación de este tipo de instituciones, la mala gestión de la propiedad y del espacio urbano, y la falta de un agente local que aúne fuerzas y vele por lo que urge en cada sitio.