A pesar de la ofensiva institucional desplegada en defensa del Decreto 349 y tras el anuncio de la redacción de la obligatoria Norma Complementaria, la revista oficial La Jiribilla intenta poner fin a las dudas que persisten en torno a la polémica normativa insistiendo en 20 cuestiones.
El medio oficial responde una vez más a lo que denomina "la persistencia de una feroz campaña contra Cuba, la Revolución y sus dirigentes".
Niega que el 349 vaya contra el artista independiente, las galerías privadas y los estudios de grabación particulares, que no se haya establecido un debate generalizado sobre este o que no se haya proporcionado información pública sobre esta discusión y el propio decreto.
Al respecto también rechaza que solo haya sido discutido por las oficialistas Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación de Hermanos Saíz (AHS).
En cambio, admite que sí es un problema que no exista un Registro del Creador Audiovisual, una demanda de larga data de los realizadores audiovisuales cubanos, quienes llevan luchando durante años por el establecimiento de la figura del creador audiovisual independiente y en consecuencia que se cree el Registro.
Por otra parte, niega que las autoridades no hayan atendido a los críticos del Decreto, a quienes identifica como el grupo de 30 personas reunidas en el Consejo de las Artes Plásticas en septiembre del año pasado, firmantes de una carta al Ministro de Cultura que hoy llegan a más 250.
La revista estatal pone en duda tal número de adhesiones: "Es difícil verificarlo porque la lista se ha difundido junto a otros artículos y opiniones que impiden apreciar adecuadamente la secuencia, la identidad y la adhesión misma de los firmantes. Algunos incluso son personas desconocidas", dice.
En respuesta a otra carta enviada al ministro por los que describe como "cerca de 20 artistas de mucho prestigio y algunos promotores", el medio afirma que se realizó una reunión en la sede del Ministerio de Cultura con los firmantes, el ministro y otros funcionarios y que "en un ambiente muy respetuoso se escucharon y respondieron todas las preocupaciones y opiniones".
Asegura que siempre quedó claro que la normativa no se derogaría en "respuesta aparte" a lo que califica de "diatribas de la campaña anticubana que han rodeado e incidido en el debate" en torno al 349.
La Jiribilla sostiene además que "sí se habló y se habla contra la institución" y vuelve a citar al respecto lo que considera una "gran campaña que se realiza contra este país".
Rechaza también que se haya "iniciado una campaña para dividir a los artistas en 'buenos' y 'malos' en el sentido político de a favor o en contra de la revolución" y estima como falso que el Decreto establezca que el artista debe pedir permiso a la institución para exhibir su obra, que sea obligatorio estar adscrito a una institución, se planteen prohibiciones de géneros o expresiones o se restrinja el trabajo de los aficionados.
Sobre la cuestión de que la chabacanería y la vulgaridad no pueden enfrentarse mediante un decreto, el medio advierte que es "una opinión legítima con la que la dirección del Ministerio de Cultura discrepa".
"Se trata de que se aplique una normativa con eficacia que contenga la avalancha vulgar y el mal gusto junto al máximo trabajo de todas las organizaciones e instituciones responsabilizadas con la educación ciudadana. La norma misma y el impacto de su correcta aplicación pueden tener un importante efecto en la formación de las conciencias", declara.
Por otra parte, niega que el Gobierno vaya a implementar las normas complementarias al Decreto como consecuencia de las opiniones críticas con el documento.
"El Decreto para proteger la cultura en los espacios públicos expresa en su letra la obligatoriedad de la norma complementaria, lo que se ha ignorado por distracción o por interés. Al mismo tiempo, es cierto que los debates contribuyeron a que la institución insistiera y lograra la participación de los creadores en la redacción del proyecto de Norma y su posterior discusión pública", añade.
Por último, dice que es "falso" que el Ministerio de Cultura esté creando un "cuerpo" de inspectores para implementar el Decreto 349.
"Se trata de unas 50 personas en todo el país. Actúan como representantes de la institución que es quien les indica cómo proceder en correspondencia en la política cultural establecida en la Constitución de la República", aclara.
El decreto desató una campaña liderada por artistas que lo consideran un instrumento para liquidar el arte independiente en Cuba. Enfrentó a los comisarios culturales cubanos con artistas e intelectuales que reprocharon al Gobierno que no lo hubiera consensuado con ellos.
Durante la semana anterior a la entrada en vigor de la normativa, el 7 de diciembre, varias figuras que trataron de llevar a cabo protestas pacíficas ante la sede del Ministerio de Cultura sufrieron arrestos, entre ellos la mundialmente reconocida artivista Tania Bruguera.
Organizaciones como Amnistía Internacional se han pronunciado contra el 349, por considerar que contraviene el derecho a la libertad de expresión y puede ser empleado para censurar contenidos.
