En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio, presentó este martes en Madrid "Cuba en el umbral", su plan para la transición democrática en la Isla.
A la presentación, celebrada en el Hotel Wellington de la capital española, acudió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, así como eurodiputados y miembros del cuerpo diplomático de Estados Unidos, América Latina y Europa acreditados en España.
"La voluntad popular de alcanzar un cambio de sistema es más elocuente que nunca", dijo Payá y ratificó que la Isla "está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan".
La responsabilidad de asumir el cambio
Tras exponer el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana y ser interrumpida por una defensora del régimen que vertió improperios en la sala, Payá subrayó que "la alternativa política al régimen es indispensable" y que "nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de impulsarla".
"Ya no estamos solamente denunciando a la dictadura, estamos construyendo la República", enfatizó. "No luchamos para decidir el futuro de todo un pueblo, luchamos para que los cubanos puedan decidir su propio futuro", dijo. De ahí que el plan de transición implique llegar a elecciones libres en la Isla.
"No hay transición con represión", apuntó, y expuso la ruta de transición para Cuba que plantea el "Acuerdo de Liberación", estructurada en cuatro fases: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización del país.
"El plan incluye un programa de asistencia humanitaria inmediata para recuperar el sistema eléctrico, la dignidad de la gente y la vitalidad de los hospitales", agregó.
Asimismo, el plan incluye la reforma de los organismos de seguridad, así como de la política exterior dictada por el régimen.
Medidas concretas
"La transición, además de ser política y económica, debe ser profundamente social", destacó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), y expuso un plan de respuesta a la emergencia humanitaria, concebido para 180 días.
Dicho plan tendría como primer punto la "atención inmediata a las necesidades vitales de los cubanos, con un despliegue de raciones de alimentos, agua y medicinas en las primeras 72 horas".
"Todas las ayudas serán gratuitas y ningún cubano tendrá que mostrar su filiación ideológica para acceder a ellas", dijo y agregó: "Nadie va a quedar desamparado".
Entretanto, Armando Ibarra, miembro de la directiva de Cuba Decide, destacó que "la transición debe incluir que Cuba se transforme de un Estado policial a un Estado de derecho", poniendo a las entidades armadas bajo la subordinación del Gobierno de transición y velando por el orden público desde las primeras horas.
"En la nueva Cuba las armas responderán a la ley y no al Partido", de ahí que el plan incluya la disolución de la Seguridad del Estado, las Brigadas de Respuesta Rápida y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). "De igual forma, el plan pretende sacar a los militares de la economía", recalcó.
Además, el economista cubano Elías Amor subrayó que uno de los elementos centrales de la transición sería devolverle el valor al peso cubano, así como contener la inflación, darle margen a la economía privada y atraer inversión extranjera real.
"Incluso tendremos que pedir sacrificios a los cubanos, pero esta vez sus sacrificios sí servirán para algo", dijo.
Sin embargo, el politólogo cubanoamericano Julio Shiling destacó que "la caída del comunismo no garantiza por sí sola la llegada a la democracia, de ahí la necesidad de estos pasos".
"Hay que romper con la simbología del régimen", dijo y habló de poner en marcha una serie de programas de memoria, así como comisiones que investiguen el saqueo al que GAESA ha sometido al patrimonio de los cubanos.
Por su parte, el abogado cubano Mijaíl Bonito Lovio, apuntó que el proceso de transición tendrá una duración máxima de 36 meses e incluirá una amnistía general, así como respeto a las plenas libertades de expresión y prensa, así como de entrada y salida del país.
Apoyos internacionales
Ramdin apuntó que "debemos expandir el espacio democrático en las Américas". "Cuando un sistema no funciona después de casi 70 años, es normal evaluarlo y repensarlo. Esa es la realidad de Cuba", dijo y exigió la excarcelación de los presos políticos del régimen, "sin condiciones".
Entretanto, el canciller de República Dominicana, Víctor Bisonó, participó vía telemática y ratificó el compromiso de su país con la democracia de Cuba y la "transformación integral" de la Isla.
El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk, por su parte, alertó sobre el poder que la élite del régimen pudiera conservar en la nueva sociedad si no es plenamente erradicada. "El comunismo se puede desmantelar, pero los sistemas que ellos han creado durante décadas pueden resistir", dijo e insistió en la necesidad de la memoria, de exponer los archivos de la Seguridad del Estado y de juzgar a los responsables de los crímenes.
