Casi tres años después de la desaparición de Karildi Caridad Marín Lobaina en La Habana, su hermano Yoandri Marín quiere impulsar una red de apoyo para otras familias que buscan a sus seres queridos. La iniciativa, todavía en fase de consulta, pretende ofrecer acompañamiento jurídico y emocional y dar seguimiento a los casos, explicó a DIARIO DE CUBA.
"La idea sería crear algo legal donde tengamos abogados que tramiten denuncias y otras gestiones, además podamos seguir de cerca cada caso y, si es posible, contar con investigación privada para localizar a los desaparecidos", declaró Marín. "En mi caso no he tenido nada de eso, todo ha sido tramitado por mí y mi familia sin apoyo alguno".
Karildi desapareció el 14 de diciembre de 2023, cuando tenía 24 años. Como informó DIARIO DE CUBA, fue vista por última vez aquella noche, cuando se dirigía a una fiesta en el municipio habanero del Cerro.
Su hermano considera necesario asesorarse antes de definir la estructura de la iniciativa. Busca determinar qué proceso legal permitiría crear un espacio donde las familias tengan, al menos, "respaldo legal y apoyo emocional".
"No prometo milagros"
Marín anunció su propósito el 16 de octubre en Facebook, tras un periodo apartado de las redes sociales por el dolor de no tener noticias de su hermana.
"Quizás hoy no tengamos una oficina, recursos económicos ni todas las respuestas. Pero podemos empezar con algo que sí tenemos: voluntad, solidaridad y el deseo de que ninguna familia se sienta completamente sola", escribió.
Su propuesta incluye escuchar a los familiares, orientarlos para organizar la información de sus casos y encontrar personas dispuestas a colaborar. "No prometo milagros. Prometo trabajar para construir una red de apoyo, aprender junto a otras familias", señaló.
Ayudarse no equivale automáticamente a constituir una asociación
La abogada Maylin Fernández Suris, del equipo de DIARIO DE CUBA, explica que una red puede reunir a familiares, abogados, profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos interesados en colaborar. Su principal valor sería evitar que cada familia afronte individualmente las dificultades de una desaparición.
Entre sus posibles funciones figuran documentar los casos, preservar testimonios, intercambiar información, acompañar a los familiares ante las autoridades y facilitar asistencia psicológica y social.
Una red no necesita adoptar desde el comienzo la estructura de una asociación ni constituirse necesariamente como persona jurídica, precisa Fernández Suris. Sus integrantes pueden distribuir tareas y colaborar voluntariamente mediante mecanismos flexibles.
Sin embargo, advierte, esa diferencia tiene límites: las autoridades podrían considerar que existe una asociación de hecho si la iniciativa establece una organización permanente, órganos de dirección y vínculos estables de afiliación. "El carácter informal de una iniciativa no garantiza que quede al margen de las restricciones legales", señala.
La especialista recuerda que la Ley 54 de Asociaciones, de 1985, somete su constitución a autorización e inscripción administrativa. Asimismo, el Artículo 274 del Código Penal prevé penas de seis meses a dos años de prisión, multas o ambas para promotores, organizadores o directores de asociaciones no autorizadas.
Esto no significa que cualquier grupo de familiares que intercambie información o se ayude cometa automáticamente un delito, puntualiza. La responsabilidad penal requiere comprobar los elementos concretos de la conducta prevista en la ley. Además, el Artículo 56 de la Constitución reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Familias que buscan sin respuestas
La propuesta de Marín surge en un contexto que DIARIO DE CUBA ha documentado: desapariciones sin resolver, ausencia de estadísticas públicas y de protocolos específicos públicos de búsqueda, y familiares que buscan por su cuenta en hospitales, estaciones policiales, y recurren a carteles y redes sociales.
En 2025, una fuente de Medicina Legal consultada por este diario confirmó la existencia de cientos de restos óseos sin identificar y denunció la falta de un sistema automatizado de cotejo de datos para ayudar a esclarecer casos.
Las iniciativas independientes han intentado cubrir parte de ese vacío. La desaparición de la adolescente Maydeleisis Rosales Rodríguez motivó la creación de la Alerta Mayde, promovida por la activista feminista Marta María Ramírez para difundir casos de menores desaparecidos.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas también mantiene un registro independiente. Según los datos publicados en septiembre de 2026, durante 2025 fueron documentadas 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños: 26 personas fueron localizadas con vida, ocho casos permanecían activos y seis terminaron con el hallazgo de la persona muerta. Son cifras de un monitoreo, no un registro nacional exhaustivo.
Para Fernández Suris, organizar el apoyo no debería interpretarse como una competencia con las instituciones, sino como una forma legítima de participación de las víctimas. Marín lo expresa desde su experiencia: "Una persona desaparecida no es un caso olvidado. Es una vida, una familia y una historia que merece ser escuchada".
Una gestión ciudadana importante. Pero organizarse dentro del totalitarismo no es fácil.