El Tribunal Supremo de España confirmó el 12 de octubre la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y conocida como Ley de Nietos.
De esta forma, el TS ratificó las medidas cautelares adoptadas en septiembre al mantener las restricciones sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La decisión del tribunal no afecta a todos los nacionalizados mediante la llamada Ley de Nietos, sino a 163.020 personas que residen en el extranjero y están inscritas en el CERA. No restringe el derecho al voto de quienes obtuvieron la ciudadanía y se mudaron a España.
La Ley de Memoria Democrática abrió una vía para que los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español pudieran optar a la nacionalidad, si ese ascendiente había perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o relacionadas con la orientación o identidad sexual.
La instrucción de Sofía Puente estableció que se presumiría la condición de exiliado de los ascendientes españoles que hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que se acreditara su salida del país.
La instrucción, cuestionada judicialmente y objeto de querellas contra Puente, facilitó la tramitación de solicitudes de nacionalidad de numerosos descendientes de españoles en Cuba y otros países.
De hecho, aproximadamente el 90% de los solicitantes se acogieron a esa instrucción, afirma a DIARIO DE CUBA la empresaria y experta en extranjería Estela Marina Pérez Cabrera, presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles por el Mundo (ADEM).
En septiembre, ADEM presentó un escrito de personación y un recurso de reposición contra las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo.
"La suspensión del voto significa castigar a personas que presentaron sus expedientes y obtuvieron la nacionalidad de acuerdo con lo aprobado por el Gobierno", señala Pérez Cabrera.
"Los regímenes totalitarios comienzan con la suspensión de derechos", advierte la experta en extranjería.
El auto emitido por el Tribunal Supremo el lunes indica que los afectados por la suspensión "podrán personarse en el presente procedimiento como parte codemandada, con designación de abogado y procurador, formulando, al mismo tiempo, las alegaciones que consideren oportunas sobre las medidas cautelares acordadas en el Auto de 10 de septiembre de 2026 de esta Sala".
Para ello dispondrán de cinco días hábiles, "contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la parte dispositiva de este Auto".
La presidenta de ADEM señala que, al menos en el caso de los nacionalizados que viven en Cuba, resulta difícil que dispongan de recursos para contratar a un abogado y un procurador con el fin de impugnar la medida.
Por otra parte, explica que la mayor preocupación de quienes viven en Cuba no es votar en las elecciones españolas, sino que se les anule la nacionalidad. En opinión de la experta, esa posibilidad existe.
"Ningún cubano va a viajar desde Villa Clara, Santiago, Holguín para votar en las elecciones de España y en Cuba no funciona ni el correo. No se van a levantar el 29 de noviembre con esa preocupación. Allí la gente tiene otras preocupaciones: la electricidad, el agua, la comida", recalca.
"A la gente lo que le preocupa es que se anule la nacionalidad. Si el Tribunal decide finalmente que la instrucción de Sofía Puente es irregular y la declara nula de pleno derecho, esto podría provocar la anulación de las nacionalidades obtenidas por esa vía, que son la mayoría", alerta.
"Mucha gente que está en el proceso no obtendría la nacionalidad y los que esperan las credenciales podrían no recibirlas nunca", añade.
"Mucha gente tenía un padre o un abuelo que salió de España entre 1936 y 1955. ¿Pero cómo pueden demostrar que se exiliaron por motivos políticos o ideológicos?", cuestiona.
En el caso de los cubanos que se nacionalizaron y se quedaron en la isla a disfrutar de los beneficios, no solo de España (también de la UE), yo lo considero un gran descaro, he visto varios casos que viven como “pachá” en Cuba y vienen cada seis meses a vacacionar en Mayami, conozco algunos que ni siquiera han estado en la península, como siempre “el cubano, si no llega, se pasa”, siempre dando la nota vergonzosa.
En ningún país del mundo se debería permitir votar a los que no les importe lo que pase en ese país porque no residen ni pagan impuestos en el mismo. Y por suerte se ha parado a tiempo al perro Sánchez. Y para los qje dicen que no votarían por el problema del transporte, ese es el problema que votarán por ellos y nunca se enterarán y a quien creen pues al satapra de la Moncloa.