En medio del colapso generalizado de la sociedad cubana, con una verificable retirada del Estado en los servicios asistenciales, el régimen de La Habana publicó este miércoles en la Gaceta Oficial de la República una nueva normativa que intenta vender como "atención a sectores vulnerables". Se trata de incentivos fiscales para las empresas, industrias locales y talleres que empleen a personas con discapacidad.
Mientras las políticas del castrismo hunden a los cubanos en la miseria y los casos de abandono son crecientes, el régimen echó mano de la propaganda para sostener que la nueva norma en cuestión, la Resolución 201/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), es "la materialización de garantías constitucionales de empleo digno, inclusión socio-laboral formal y sostenibilidad económica del país".
Así, la disposición establece deducciones del 150% en gastos salariales y contribuciones a la seguridad social para el cálculo del Impuesto sobre Utilidades, así como una reducción al 30% en el aporte por rendimiento de la inversión estatal.
Además, exime del Impuesto sobre las Ventas a los actores económicos que vendan insumos a estos talleres. De igual forma, eleva en un 50% el mínimo exento del Impuesto sobre los Ingresos Personales para los trabajadores con discapacidad incorporados a estos centros.
La norma busca proyectar una imagen de sensibilidad social en un contexto donde el discurso oficialista no hace más que apuntalar su aparato propagandístico. Tras el estreno del espacio Criterio Compartido en Radio Rebelde, conducido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, la nomenclatura del régimen insiste en justificar las medidas del paquetazo económico y negar un giro capitalista, al tiempo que busca presentar los reajustes tributarios como alivios diseñados para proteger a los más necesitados.
En tal sentido, en la emisión de este miércoles del programa radial, Díaz-Canel alabó la supuesta vocación humanista del castrismo, al tiempo que reconoció la existencia de "800.000 personas en situaciones que requieren atención diferenciada", pero sin ofrecer detalles al respecto.
Lo que sí hizo, sin embargo, fue romantizar la pobreza galopante de la Isla: "En medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que las que hemos hecho en tiempos de bonanza, porque la crisis también genera la creatividad ciudadana".
Sin embargo, la brecha entre el papel del régimen y la realidad diaria de las personas con discapacidad sigue siendo abismal. Mientras las autoridades firman exenciones tributarias para las empresas, talleres e industrias locales, la escasez generalizada de insumos, materias primas y medicamentos deja desamparadas a miles de familias con personas con discapacidad severa.
Las denuncias de madres de niños y adultos dependientes que sufren el desabastecimiento de alimentos, la falta de transporte adaptado y la desatención escolar no han hecho más que multiplicarse en los últimos años.
Asimismo, las limitaciones impuestas a los actores económicos privados para operar en el comercio mayorista hacen prever que la exención impositiva aprobada tendrá un impacto modesto sobre la producción real de estos talleres. En la práctica, el incremento del mínimo exento para los trabajadores se diluye ante la pérdida de poder adquisitivo del peso cubano y los elevados precios del mercado informal.
Más que un alivio efectivo, la Resolución 201/2026 se perfila como un remiendo burocrático orientado a la propaganda interna: una maniobra para exhibir estadísticas de "inclusión" y beneficios fiscales, mientras el verdadero drama de la discapacidad en Cuba choca cada día con el abandono estatal.
