El obispo y el clero de la Diócesis de Cuba de la Iglesia Episcopal se sumaron el lunes a las voces que apoyan a la influencer Ana Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, quienes fueron condenadas la semana pasada a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir las imágenes de un policía que les entregó una citación de la Seguridad del Estado. Asimismo, pidieron a las autoridades escuchar los reclamos del pueblo cubano, en una carta publicada en su página de Facebook.
Los religiosos calificaron de "dolorosos" los tiempos que vive el pueblo de Cuba, debido a la emigración masiva, los precios elevados de los productos básicos y la "creciente desigualdad".
"Sentimos profunda insatisfacción ante las escaseces que agobian a nuestro pueblo: el hambre, la carencia de medicamentos, los insoportables apagones, la falta de agua, el deterioro casi completo de los sistemas de salud y educación, a pesar del esfuerzo titánico de médicos y maestros que procuran responder a su vocación, en medio de tales circunstancias", enumeraron los religiosos y subrayaron que esas no son "realidades abstractas, sino que se materializan en la falta de pan en la mesa, en los enfermos sin tratamiento, en las nuevas generaciones sin educación y en las madres sin esperanzas".
Tras describir la precariedad que sufre la población, el obispo y el clero de la Iglesia Episcopal de Cuba se unieron a las denominaciones cristianas que han expresado su solidaridad con Anna Bensi y su madre antes y después del juicio al que fueron sometidas por supuesto "delito contra la intimidad personal y familiar".
Asimismo, expresaron su "frustración y dolor" ante la violencia que ejerce la Policía contra los cubanos que deciden "alzar la voz y exigir derechos". En ese sentido, recordaron que el derecho a la libertad de expresión está reconocido en la Constitución aprobada en Cuba en 2019.
"Callar la voz de los jóvenes es callar el presente y el futuro de la patria. Ante todo esto decimos: ¡Basta! Porque creemos firmemente que ningún cubano debe levantar la mano contra otro cubano, ni por motivos políticos, ni por ningún otro motivo", recalcaron.
"Nos unimos a los más débiles y desposeídos y a todos los que están sufriendo directamente su coherencia de expresar con libertad su descontento", sostuvieron.
La Iglesia Episcopal de Cuba pidió que las "autoridades e instancias del Gobierno escuchen el clamor de este pueblo, al que están llamados a servir y proteger y no a continuar pidiendo más sacrificios". Ante la posibilidad de que la reflexión se interprete como un desafío al régimen, aclaró que se trata de "un llamado de atención a las autoridades, sin intención de confrontación sino de diálogo".
Al final de la carta, los religiosos resaltaron su compromiso de acompañar y servir al pueblo de Cuba, "con la fidelidad que exige la cruz del Señor".
El pronunciamiento de la Iglesia Episcopal de Cuba en apoyo a Anna Bensi y su madre se suma a los de la Asamblea de Cineastas Cubanos, la antropóloga Alina Bárbara López Hernández, el humorista Luis Silva (Pánfilo), la Embajada de Estados Unidos en Cuba y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
Además, las dos mujeres han recibido un amplio respaldo de la comunidad cristiana, así como de las iglesias evangélicas legalmente reconocidas en Cuba, que habían guardado silencio ante hechos como el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, la Primavera Negra, los fusilamientos de 2003 o la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11J, como recordó DIARIO DE CUBA en un editorial.
Como señaló la periodista Lucía Alfonso Mirabal en un análisis publicado en DIARIO DE CUBA, la condena impuesta a Anna Bensi y Caridad Silvente no es leve ni simbólica.
Aunque por ahora no ingresan a un centro penitenciario, no pueden cambiar de residencia, ni trasladarse a otro municipio o provincia sin la autorización del tribunal competente, según el Artículo 39.1 del Código Penal de Cuba.
Además, estarán sometidas a control judicial y policial, e incluso al de las llamadas organizaciones de masas, según lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Ejecución Penal.
El Artículo 33 de la propia ley permite al tribunal revocar una sanción alternativa ante determinados incumplimientos y ordenar la entrada en prisión o la imposición de trabajo correccional con internamiento.
Por tanto, además de estar controladas en sus vidas cotidianas, las dos mujeres se enfrentarán a la posibilidad de que un incumplimiento provoque su ingreso a prisión.
Todas esas sectas heréticas que le han estado besando el culo a Castro y sus secuaces durante 67 años ahora de pronto quieren pescar en río revuelto a ver si les cae billetaje de sus compinches en el Norte revuelto y brutal.