La influencer Ana Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron condenadas el jueves a dos años de limitación de libertad, por un supuesto "delito contra la intimidad personal y familiar" de un policía al que grabaron cuando les entregó una citación de la Seguridad del Estado.
La condena, que se corresponde con la petición inicial de la acusación, ha generado rechazo dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, poco se ha hablado de lo que implica esa sanción, que podría parecer leve al no conllevar internamiento.
La realidad es que no se trata de una condena ligera ni simbólica. Durante dos años, Anna Bensi y Caridad Silvente vivirán controladas y con la posibilidad de ir a la cárcel pendiendo sobre sus cabezas como una espada de Damocles.
Privadas de libertad sin entrar a prisión… por ahora
El Código Penal cubano permite restringir los movimientos de una persona sin necesidad de recluirla en un centro penitenciario.
El Artículo 39.1 establece que "la sanción de limitación de libertad es aplicable cuando, por la índole del delito, sus circunstancias y las características individuales del sancionado, existen razones fundadas para estimar que su reinserción social es susceptible de obtenerse con restricción de su derecho a la libertad de movimiento, sin que sea internado en establecimiento penitenciario.
El punto 2 indica que el tribunal, al aplicar la sanción, "le impone al sancionado las obligaciones siguientes: a) Mantener una correcta actitud ante el trabajo, el estudio y la sociedad, de estricto cumplimiento de las leyes y de las disposiciones establecidas por el tribunal; b) no puede cambiar de residencia, ni trasladarse a otro municipio o provincia sin la autorización del tribunal competente; y c) comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante la ejecución de la sanción".
El control en la vida cotidiana
Ambas mujeres no solo se verán sometidas a control judicial y policial, sino al de las llamadas organizaciones de masas, según el Artículo 48 de la Ley de Ejecución Penal.
Ese artículo dice, textualmente, que "la sanción de limitación de libertad se cumple bajo la atención, influencia y control del juez de ejecución, la Policía Nacional Revolucionaria, las organizaciones de masas y sociales, y los órganos encargados de la actividad de prevención, asistencia y trabajo social del lugar de residencia del sancionado y, cuando corresponda, de su empleador o la dirección del centro de estudio o superación donde se encuentre vinculado".
Entre las organizaciones que se encargarían de controlar a la influencer y a su madre destaca el Comité de Defensa de la Revolución (CDR), organización fundada en 1960 por Fidel Castro para que los cubanos vigilaran y delataran a sus propios vecinos.
En el caso de Anna Bensi, una creadora de contenido profundamente crítica con el régimen cubano, el citado Artículo 48 de la Ley de Ejecución Penal despierta una preocupación: que los responsables de supervisarla confundan la obligación que tiene de cumplir disposiciones legales con una supuesta obligación de mantener una actitud política dócil.
No es secreto que la joven ha sufrido asedio casi desde el momento en que comenzó a difundir videos en los que muestra su posición contraria al comunismo y a la autoridades de Cuba. De hecho, ella y su madre grabaron al policía de marras cuando este llevaba una citación de la Seguridad del Estado para la segunda, a quien se extendió la represión del régimen contra la influencer.
El hostigamiento contra Anna Bensi se intensificó luego de que ella y su madre se reunieran con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
La popularidad que ha ganado con sus contenidos, principalmente entre los jóvenes, hace que el régimen cubano necesite silenciarla. No debe descartarse que las personas encargadas de controlarla en el barrio, que presumiblemente serán personas afines al poder, confundan el deber de mantener una buena conducta y el cumplimiento de obligaciones legales con la obligación de callarse sus opiniones políticas.
La cárcel en el horizonte
Por otra parte, la condena de limitación de libertad podría ser revocada en cualquier momento y Anna Bensi y su madre podrían ser internadas. Ver la cárcel en el horizonte añade una presión psicológica extra al hecho de estar controladas en sus vidas cotidianas.
El Artículo 33 de la mencionada Ley de Ejecución Penal permite agravar o revocar una sanción alternativa ante determinados incumplimientos. El tribunal puede ordenar la entrada en prisión o la imposición de trabajo correccional con internamiento, aunque antes debe examinar los hechos y escuchar las razones del sancionado. Asimismo, debe reconocer el tiempo de cumplimiento anterior.
El Artículo 33.1 establece que "cuando el sancionado a alguna de las alternativas a la de privación temporal de libertad se niega a cumplir las obligaciones inherentes a esta o, durante su ejecución, la quebranta u obstaculiza su cumplimiento, el tribunal, atendiendo a los motivos concurrentes, puede disponer: Su modificación por otra alternativa de mayor rigor que no implique necesariamente su internamiento; o b) su revocación por la de privación temporal de libertad o trabajo correccional con internamiento".
De acuerdo con el punto 2, "procede la revocación de la sanción alternativa cuando el sancionado no se presenta injustificadamente ante el juez de ejecución o en el establecimiento receptor en la fecha señalada para comenzar a cumplirla, o cuando, antes o durante su ejecución, resulta nuevamente sancionado a privación de libertad por otro delito".
El tribunal aún debe explicaciones
El incidente en el que se basó la acusación contra Anna Bensi y Caridad Silvente se produjo el 10 de marzo, cuando el policía en cuestión se presentó en la vivienda de ambas a entregar una citación de la Seguridad del Estado para la madre.
"Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad", explicó la joven posteriormente en su cuenta de X.
El policía alegó que la grabación vulneró su "derecho a la intimidad" y que se sentía "amenazado" tras la difusión de su identidad en redes sociales.
Un policía tiene derecho a la privacidad y su condición de funcionario público no concede a terceros libertad ilimitada para difundir cualquier información sobre él. Pero la protección de su intimidad exige distinguir entre su vida privada y la actuación que desarrolla como representante de la autoridad.
Desde esa perspectiva, el tribunal tendría que justificar qué daño concreto produjo la grabación y por qué correspondía responder mediante una condena penal. Ese análisis queda pendiente hasta que sea pública la sentencia.
EEUU debe encarar el tema de los DDHH en Cuba a fondo, con cooperación de los demás países de América latina, que saben de sufrir penurias por una dictadura. Juicio y castigo a los culpables de las aberraciones que cometieron en estos 67 años.