La arquitectura del control autoritario ejecutada por el castrismo no depende solo de las leyes que el régimen aprueba, sino también de las que omite, posterga o rehúsa debatir. Así lo manifiesta el experto legal de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez, tras analizar el reciente informe Arquitectura del Control: Balance legislativo de la ANPP y el Consejo de Estado en Cuba (junio 2025–agosto 2026), elaborado por el jurista Raudiel Peña Barrios y el Observatorio Legislativo de Cuba.
Si bien para González Jiménez el diagnóstico de Peña Barrios es certero, toda vez que retrata a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como una "notaría" subordinada al Partido Comunista, requiere explorar una dimensión más profunda: la "arquitectura de la omisión".
"La arquitectura del control cubano no depende únicamente de las normas que la Asamblea aprueba. También depende de las normas que no impulsa, de los debates que no promueve, de las facultades de control que no ejerce y los problemas sociales que no convierte en una verdadera agenda parlamentaria", sostiene el experto.
Incoherencia entre el dolor popular y la agenda parlamentaria
La Constitución cubana otorga formalmente a la ANPP competencias de enorme alcance: desde la modificación de leyes y la aprobación del presupuesto, hasta el control de constitucionalidad, la fiscalización de los órganos del Estado e incluso la concesión de amnistías. Asimismo, el Artículo 113 de la Carta Magna establece expresamente que los diputados deben actuar en beneficio de los intereses del pueblo y atender sus demandas.
Sin embargo, frente a un escenario sociopolítico devastador, el órgano legislativo actúa con una pasividad absoluta. Diversos estudios recientes reflejan la gravedad del contexto, como las encuestas elaboradas por Cubadata para DIARIO DE CUBA y el IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): la mayoría de la población cubana vive en situación de pobreza extrema, con un 95% de evaluación negativa hacia la gestión económica del Gobierno y ocho de cada diez ciudadanos saltándose comidas por falta de recursos.
Frente a este colapso, González Jiménez cuestiona el papel real del legislativo. Además de evaluar cuántas leyes aprueba la Asamblea, "debemos medir si los diputados convierten el hambre, los apagones, el deterioro sanitario, la escasez de medicamentos, la vivienda, la emigración, el encarcelamiento por motivos políticos y el descontento social en asuntos capaces de alterar prioridades legislativas, exigir responsabilidades políticas o producir controles efectivos sobre el Gobierno".
A juicio del jurista, la unanimidad sistemática y la ausencia de controversia en el Parlamento no son simples anomalías estadísticas, sino una estrategia política deliberada para "hacer desaparecer institucionalmente el conflicto que sí existe fuera del Parlamento", evidenciando una fractura insalvable entre el poder soberano (el pueblo) y su representación formal.
Promesas constitucionales suspendidas y garantismo selectivo
Un ejemplo paradigmático de esta "arquitectura del silencio" es el reiterado aplazamiento de la ley regulatoria sobre los derechos de reunión y manifestación. A pesar de estar contemplados en la Carta Magna de 2019, el cronograma legislativo ha pospuesto de forma sucesiva la norma regulatoria, dejando al ciudadano sin un marco garantista tras las masivas manifestaciones del 11J y las numerosas protestas posteriores.
González Jiménez resalta la perversión de este diseño: mientras las herramientas del Derecho Administrativo sancionador y el Código Penal se desarrollan con celeridad para castigar la disidencia, los procedimientos legales para ejercer derechos fundamentales se congelan.
En tal sentido, apunta: "El ciudadano conoce con bastante precisión qué puede ocurrirle si cruza determinadas líneas, pero no dispone con igual claridad de una vía legal segura para ejercer el derecho. La arquitectura represiva funciona mediante una combinación eficaz: normas sancionadoras desarrolladas y garantías incompletas".
Esta asimetría se extiende a la movilidad ciudadana y al control de la información. Así, las leyes de Migración (Ley 171), Ciudadanía (Ley 172) y Extranjería (Ley 173), promulgadas en 2024 pero reglamentadas operativamente en mayo de 2026, demuestran que el control no requiere el encarcelamiento físico continuo.
Al propio tiempo, la Ley de Comunicación Social (Ley 162/2023) y el Decreto 101 garantizan el monopolio estatal sobre la producción y circulación de información. Sin prensa independiente reconocida, disminuye drásticamente la capacidad ciudadana para documentar abusos, articular demandas colectivas y fiscalizar la gestión pública.
Tribunales y complicidad institucional
El análisis de González Jiménez coincide con el informe de Peña Barrios al señalar la ineficacia del Proceso de Amparo Constitucional. Sin embargo, insta a observar de cerca la práctica judicial cotidiana: la actuación de los tribunales ante las inadmisiones, desestimaciones y medidas de prisión provisional de opositores y activistas.
Si los órganos judiciales rechazan de manera sistemática las reclamaciones de derechos, la justicia se transforma en un engranaje donde las garantías constitucionales son abstractas e inaccesibles en la práctica. Dado que la ANPP es la encargada de elegir a la directiva del Tribunal Supremo y de fiscalizar su funcionamiento, el silencio parlamentario ante estos fallos confirma la complicidad del aparato legislativo con el desamparo judicial.
Un sistema que necesita de la omisión para sobrevivir
El informe de Peña Barrios demostró que el régimen ha levantado un complejo andamiaje normativo para perpetuarse mediante la vigilancia biométrica, el control de la identidad y la represión contravencional.
El régimen cubano necesita un Parlamento que no convierta los reclamos populares en iniciativas de ley, que aplace indefinidamente los derechos civiles, que aplique garantías a medias y que impida que la representación política sea un espacio de disputa del poder.
En palabras de González Jiménez, la interrogante de fondo no es solo cuántas normas represivas promulga el castrismo, sino "determinar por qué un órgano que constitucionalmente concentra enormes poderes permanece incapaz de utilizarlos para desmontar las causas jurídicas de la represión y responder a una sociedad en crisis".
Impedir que el Parlamento represente la realidad social es, en última instancia, uno de los mecanismos más eficaces de la arquitectura del control.
