La Fiscalía General de la República, órgano controlado de forma estricta por la máxima dirección política del castrismo, entregó en días recientes la petición fiscal a un grupo de 30 cubanos que, en 2023, fueron acusados por La Habana de organizar supuestos actos terroristas para "desestabilizar el orden político y social en el país", según consta en el documento al que tuvo acceso Martí Noticias.
En la acusación figuran peticiones de pena contra 30 cubanos, acusados en distinto grado de organizar, financiar y ejecutar un supuesto plan de levantamiento armado en la Isla. En tal sentido, la Fiscalía señaló que el plan fue promovido y financiado desde el exterior por la organización "La Nueva Nación Cubana en Armas", liderada por William Cabrera González, quien fue incluido por La Habana en su lista de supuestos "terroristas".
La pena mayor, de 30 años de prisión, busca condenar a Ardenys García Álvarez, a quien el régimen acusa de haber introducido presuntamente armas y municiones en la Isla para cometer actos violentos. Desde que fue arrestado, a finales de 2023, permanece en prisión preventiva, tras haber ingresado a la Isla en una moto acuática, con cinco pistolas, abundante parque y otros medios, según el relato de las autoridades cubanas.
Según la Fiscalía del régimen, García Álvarez recibió "entrenamiento militar" en EEUU y "transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación con el objetivo de establecer células armadas en las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba".
La acusación enfatiza que "los implicados planeaban ejecutar atentados contra autoridades del Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sabotear estructuras estatales de interés económico como cañaverales y centros turísticos y forzar la renuncia de dirigentes gubernamentales mediante actos de coacción y violencia".
Asimismo, para justificar peticiones fiscales que oscilan mayormente entre los diez y los 25 años de cárcel, La Habana detalló que los acusados "recopilaron fotografías satelitales e información confidencial sobre unidades militares estratégicas en Cienfuegos".
La Fiscalía indicó, además, que los implicados habrían localizado "los domicilios particulares de altos jefes policiales para ser utilizados en planes de contingencia". Al propio tiempo, el órgano acusador resaltó "el empleo de miles de dólares y moneda nacional para asegurar la logística, la compra de insumos simulados de uso militar y el reclutamiento de ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica".
Si bien el informe de la Fiscalía no precisó si alguna de las acciones previstas fue ejecutada, los 30 acusados enfrentan cargos de Terrorismo, Delitos contra el orden constitucional, Espionaje, Portación y tenencia ilegal de armas, Salida ilegal del territorio nacional y Tráfico ilegal de divisas.
En julio de 2024, el régimen cubano exhibió en televisión nacional, durante el programa de propaganda Razones de Cuba, una confesión supuestamente voluntaria de García Álvarez, quien había emigrado de forma ilegal a EEUU en 2014 y tenía allí delitos pendientes antes de enrolarse en la expedición armada en moto acuática a la Isla en 2023.
En la comparecencia televisiva, el acusado reconoció los hechos. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de imágenes en las que se aprecian las prácticas de tiro y la lectura de un comunicado en el que los miembros de la Nueva Nación Cubana en Armas afirman creer que "la manera más rápida de lograrlo (el fin de la dictadura) es la lucha armada".
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