La Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana de EEUU informó que completó el desembolso de fondos de pensiones a 44 trabajadores en Cuba y sus beneficiarios, poniendo fin a un proceso que se prolongó durante casi 65 años debido a las restricciones derivadas del embargo estadounidense impuesto a la Isla en 1960.
Según la institución, los trabajadores cubanos formaban parte del Sínodo de Nueva Jersey hasta 1967 y habían acumulado créditos de pensión en el actual Plan de Pensiones de Beneficio Definido de la Iglesia Presbiteriana (EEUU). Con la entrada en vigor del embargo, los pagos fueron depositados en cuentas radicadas en Estados Unidos a las que los beneficiarios residentes en Cuba no podían acceder.
La Junta señaló que durante décadas intentó habilitar mecanismos para hacer llegar esos fondos. Entre las gestiones realizadas mencionó solicitudes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contactos con legisladores y la obtención de licencias federales que permitieron transferencias limitadas, aunque los cambios en las regulaciones y el contexto político impidieron una solución estable.
La entidad indicó que en los últimos años surgieron nuevos obstáculos. En 2019 las transferencias bancarias hacia Cuba se dificultaron aún más y, en 2021, el banco con el que operaba dejó de enviar pagos al país.
De acuerdo con la Junta, un avance se produjo en 2024 mediante la colaboración con socios vinculados a la Oficina de Misión Mundial de la Iglesia Presbiteriana (EEUU) y la Red de Socios de Cuba, lo que permitió establecer contacto con personas relacionadas con los pensionistas y completar la documentación requerida para verificar los casos.
La subdirectora de Finanzas, Callie Sterkenburg, afirmó que, tras esas gestiones, comenzaron a recibir la documentación necesaria para procesar los expedientes. La institución indicó que la resolución de los casos individuales podía extenderse hasta cinco meses y que el proceso para completar todos los pagos restantes tomó aproximadamente tres años.
La vicepresidenta ejecutiva y asesora jurídica general de la Junta, Vivian D. Wesson, sostuvo que con el cierre de los desembolsos concluye un proceso de décadas que, según afirmó, el personal de la organización asumió como "una cuestión de justicia" para que los pensionistas y sus familias recibieran las prestaciones que les correspondían.
