El congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart pidió a la Administración de Donald Trump revisar los casos de personas vinculadas al régimen que habrían obtenido entrada, residencia permanente o ciudadanía en Estados Unidos.
En una carta enviada el 10 de junio al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, Díaz-Balart solicitó que se investigue si determinados beneficiarios incumplen los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense para personas asociadas a organizaciones comunistas o totalitarias.
El legislador difundió la misiva a través de la red social X acompañada de un mensaje en el que afirmó: "¡Los esbirros del régimen castrista y quienes se hayan beneficiado a costa del pueblo cubano oprimido no tienen cabida en Estados Unidos!".
"¡Que se larguen de aquí o enfrenten la justicia y la rendición de cuentas, como hemos visto recientemente con la hija de un general castrista!", añadió. Díaz-Balart afirmó que "la era del apaciguamiento bajo (el expresidente Joe) Biden se acabó".
Entre los casos mencionados en la carta figura el de , identificada por el congresista como suegra de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes dentro de la estructura de poder del régimen cubano. Díaz-Balart sostiene que Cardero Pacheco residiría en el sur de Florida y considera que su expediente debería ser examinado a la luz de la legislación migratoria vigente.
En el documento, el congresista cita la sección 212(a)(3)(D)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que establece la inadmisibilidad de personas que hayan sido miembros o hayan estado afiliadas a partidos comunistas o totalitarios, salvo determinadas excepciones contempladas por la propia ley.
Díaz-Balart también menciona a otros familiares y allegados de figuras vinculadas al aparato político y de seguridad cubano, y solicita a las autoridades que determinen si algunos beneficios migratorios fueron concedidos de forma improcedente.
La iniciativa se produce en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana bajo la actual Administración Trump y de una creciente presión desde sectores del exilio cubano para investigar la presencia en Estados Unidos de familiares de altos funcionarios, militares y dirigentes del régimen.
En los últimos meses han cobrado notoriedad varios casos de familiares de integrantes de la nomenclatura cubana que residen o han viajado a territorio estadounidense, generando críticas entre activistas y organizaciones del exilio que cuestionan que personas vinculadas a la elite gobernante puedan beneficiarse de libertades y oportunidades vedadas para la mayoría de los cubanos dentro de la Isla.
Familiares de Díaz-Canel: privilegios, negocios y presuntos casos de corrupción
Una investigación publicada por Cubanet sostiene que varios familiares del gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, se han beneficiado durante años de vínculos políticos, acceso privilegiado a oportunidades económicas y relaciones con empresas extranjeras que operan en Cuba.
El reportaje, elaborado por el Equipo de Investigación del medio independiente, describe a Díaz-Canel como el "administrador ideal" para la continuidad del sistema político cubano y sostiene que, tras su llegada a la jefatura del régimen en 2018, el entorno familiar del dirigente adquirió una visibilidad y una influencia inéditas en comparación con la discreción que tradicionalmente rodeó a la familia Castro.
Según la investigación, el caso más llamativo es el de José de Jesús Díaz-Canel Rodríguez, primo del gobernante, cuyo nombre aparece mencionado en documentos judiciales relacionados con los escándalos de corrupción que sacudieron al sector turístico cubano entre 2011 y 2013.
Cubanet asegura haber tenido acceso a actas del juicio contra los empresarios Amado Fakhre y Stephen Purvis, vinculados a Coral Capital, en las que el funcionario aparece citado en varias ocasiones. De acuerdo con dos fuentes consultadas por el medio —un juez y un exfuncionario de la Fiscalía Provincial de La Habana—, Díaz-Canel Rodríguez "nunca fue citado por la Fiscalía ni llamado a declarar ante los tribunales", pese a que otros implicados recibieron condenas de prisión.
Las actas indican que dos acusados señalaron a Díaz-Canel Rodríguez como presunto receptor de sobornos destinados a facilitar licencias hoteleras en Cayo Santa María. Sin embargo, la investigación subraya que el funcionario no fue procesado y continuó trabajando en el sector turístico.
"Hubo involucrados que, pese a ser mencionados reiteradamente en las investigaciones, nunca fueron procesados ni interrogados", afirma el reportaje.
La investigación también identifica a otros miembros de la familia vinculados a actividades empresariales privadas. Entre ellos figura Ernesto Díaz-Canel Rodríguez, otro primo del gobernante, quien, según una fuente citada por Cubanet, mantendría negocios de renta de viviendas para turistas en Santa Clara y La Habana junto a su esposa.
Asimismo, el medio destaca las conexiones familiares con Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, cuyo ascenso político coincidió con la consolidación de Díaz-Canel dentro de la estructura del régimen.
La rama familiar radicada en España
Otro apartado del reportaje examina la situación de varios familiares del gobernante establecidos en España. Menciona el caso del médico Daniel Sánchez Díaz-Canel, primo de Díaz-Canel, quien emigró a finales de la década de 1990 tras graduarse en Cuba y actualmente trabaja en un hospital de Valencia. El medio señala que mantiene vínculos con la Isla y realiza frecuentes viajes al país.
También aparece citado Javier Sánchez Díaz-Canel, hermano del anterior, dedicado a la comercialización de vinos y licores en España, así como Daniel Díaz-Canel Rodríguez, sobrino del gobernante, quien se estableció en Barcelona tras desarrollar actividades vinculadas al turismo y la promoción de productos cubanos en Argentina.
Según el reportaje, varios de estos familiares trabajan o colaboran con Isla Verde SRL, empresa italiana dedicada a la comercialización de productos cubanos y que recientemente obtuvo autorización para establecer una oficina de representación en La Habana.
La investigación también apunta a presuntos vínculos entre familiares de Díaz-Canel y Green Leaf S.L., otra firma autorizada recientemente a operar en Cuba.
Entre los nombres mencionados aparece Manuel Anido Cuesta, hijastro del gobernante, quien, según fuentes citadas por el medio, reside actualmente en Madrid y estaría adquiriendo experiencia en negocios internacionales mientras cursa estudios de fiscalidad internacional.
"Una red de privilegios y conexiones"
El reportaje concluye que, aunque los negocios atribuidos a familiares de Díaz-Canel no alcanzan la dimensión de los asociados históricamente a miembros de la familia Castro y otros dirigentes, sí reflejan la existencia de beneficios derivados de la cercanía al poder.
"Detrás de esa apariencia familiar y aparentemente común se extiende una red de privilegios y conexiones construida al calor del poder", sostiene Cubanet.
El medio señaló que contactó a las personas mencionadas en la investigación para solicitar sus versiones sobre los hechos expuestos. Hasta el cierre del reportaje, según indicó, ninguno de los aludidos había respondido a las solicitudes de información.
