El régimen cubano lanza su quinta batida contra el delito, con énfasis en los 'hechos vandálicos'

En medio del incremento de las protestas, los cierres de calles y manifestaciones populares durante los interminables apagones que sufre el país, el régimen cubano inició el lunes 18 de mayo el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales, ahora con énfasis en combatir "los hechos vandálicos y de indisciplina social".

Sin mencionar el incremento del malestar ciudadano, la nota al respecto publicada por el diario oficial Granma señala que la prioridad de la batida policial será "esta vez con el propósito de intensificar las acciones ante estos hechos y conductas que atentan contra las prioridades del país".

Reconoce el texto que la campaña "se realiza en circunstancias de especial complejidad, como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco petrolero, el incremento de las sanciones, la hostilidad, la guerra psicológica y las amenazas de una acción militar del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba".

La nota cita a Fidel Castro, quien dijo que se debe "prestar especial atención al orden interior, pues la escasez de recursos podría provocar un incremento de la actividad delictiva, en particular contra la economía, y concebir esta tarea como una responsabilidad de todas las instituciones y los cuadros políticos y administrativos".

En la jerga castrense habitual del régimen cubano, habituado a utilizar a la sociedad como cómplice, el ejercicio represivo es calificado como "una batalla de todos (...) de forma tal que no haya lugar a la impunidad, conscientes de la dimensión de los peligros, de los desafíos internos y externos, así como de la responsabilidad de defender la seguridad ciudadana, que constituye una conquista sagrada de la Revolución, en medio de las múltiples dificultades, agravadas por las afectaciones del servicio eléctrico, que atentan contra el normal desarrollo de la vida familiar, el bienestar social y la disponibilidad de recursos imprescindibles".

Señala el texto que las prioridades incluyen "acciones de protección y seguridad del Sistema Electroenergético Nacional y de los combustibles, así como del programa de producción y comercialización de alimentos". 

Para último dejan las autoridades lo que fue el pretexto que dio origen a esta clase de campañas periódicas: "la prevención y enfrentamiento a las drogas, los hechos de corrupción y los precios abusivos y especulativos".

Subraya la información oficial que "en las actuales circunstancias adquiere particular importancia el enfrentamiento resuelto a los hechos vandálicos y de indisciplina social que, como se conoce, en muchos casos son estimulados por el enemigo con fines subversivos y los consiguientes daños materiales, en ocasiones ligados en su ejecución a actos violentos contra la vida y la integridad de las personas y que responden al objetivo de generar un clima de descontento y estallido social".

Añade que lo anterior "demanda el cumplimiento estricto de la ley y el necesario respaldo a las autoridades en el ejercicio de sus funciones, así como también a aquellos que actúen en defensa de tan preciados bienes".

Las autoridades vuelven a invocar la necesidad de garantizar "la tranquilidad ciudadana", pese a que la situación de grave crisis ha sido propiciada por el abandono de sus obligaciones, en especial tomando medidas que hunden la economía y propician que los ingresos del país sean controlados por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA.

Finaliza la nota señalando que "garantizar el orden interior es un objetivo estratégico en tiempos de amenazas".

El Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito no se realizaba desde septiembre de 2025. Esta batida, que recibe especial atención en la prensa oficial, la cual apenas refleja la situación de inseguridad que vive la Isla, se centró entonces en "la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, la corrupción, las conductas antisociales, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos".

La campaña ha consistido hasta ahora en controles de procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones y lo que la propaganda oficial denomina "el control popular, de prevención y atención social", que consisten en vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con el "potencial delictivo" (personas a quienes las autoridades consideran propensas a delinquir), entre otros.

Se suma a ello "actividades preventivas y de enfrentamiento", barrio debates, intervenciones en comunidades, centros estudiantiles y laborales, entre otras, para alertar a las personas, en especial a los jóvenes, sobre los perjuicios del consumo de drogas.