Entre 1999 y 2025, Venezuela envió a Cuba más de 60.000 millones de dólares en petróleo a cambio de 'asesoría en inteligencia'

Entre 1999 y 2025, el régimen venezolano habría enviado a La Habana unos 63.800 millones de dólares en petróleo, según el informe "Petróleo por represión", presentado este miércoles en la Universidad Internacional de Florida por el Miranda Center for Democracy. La investigación, dirigida por el político venezolano David Smolansky, documenta cómo Hugo Chávez estableció un intercambio sistemático con Fidel Castro de petróleo a cambio de capacitación y asesoría en inteligencia y control político.

"No fue gratis el petróleo que se envió, fue a cambio de un aparato represivo muy sofisticado, probablemente el más sofisticado que haya tenido América Latina en su historia", explicó Smolansky durante la presentación del informe, que dio cuenta de que "lo que se presentó como 'cooperación' se convirtió en una entrega transaccional de soberanía que solo sirvió al régimen y no al país". Esta relación fue calificada por el informe como "el precio de la supervivencia".

Este mecanismo convirtió la relación bilateral en una alianza estratégica en la que La Habana no solo recibía recursos energéticos, sino que exportaba know-how represivo. Gracias a este esquema, el Estado cubano pudo sostener durante años tanto su economía como su aparato coercitivo. El informe subraya que el petróleo permitió garantizar el funcionamiento de sectores clave como las fuerzas armadas, el Ministerio del Interior y los sistemas de vigilancia interna.

Entretanto, a cambio de ese petróleo fundamental para su sostenimiento, el régimen cubano "incrustó su doctrina de inteligencia profundamente dentro de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia de Venezuela a través del GRUCE (Grupo de Coordinación), una estructura de comando cubana que opera dentro de Venezuela formalmente desde 2008, dentro de su aparato militar, de seguridad e inteligencia", indicó el informe.

Bajo este modelo, las fuerzas de seguridad dejaron de proteger a los ciudadanos y comenzaron a proteger al régimen; la inteligencia militar se volvió hacia adentro para monitorear y purgar la disidencia; y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se crearon como instrumentos de represión política, no de seguridad pública. "Venezuela no solo entregó su dinero, sino que cedió el control de componentes fundamentales del Estado", agregó.

A pesar de que las autoridades venezolanas actuales, presididas por Delcy Rodríguez, han intentado quitarse el fantasma del régimen cubano después de los sucesos del 3 de enero, "no es posible una transición democrática mientras permanezca en pie esta arquitectura de seguridad dirigida por extranjeros y las personas que la han habilitado y se han beneficiado de ella", indicó el referido informe.

En tal sentido, enfatizó que "el sistema no puede reformarse, debe desmantelarse". Así, "cortar el vínculo de petróleo por represión debilita las autocracias tanto en Caracas como en La Habana", sostuvo, y subrayó que "poner fin a este modelo es una condición previa para la democracia, la soberanía y la recuperación de la libertad y los derechos civiles".

Si bien el informe sitúa el origen del esquema en el Convenio Integral de Cooperación firmado por Chávez y Castro en 2000, ubica un punto de inflexión tras la derrota de Chávez en el referendo constitucional de 2007. En ese momento, según el Miranda Center for Democracy, comenzó a operar una "reingeniería contractual" del aparato de seguridad venezolano.

Esto representó un paso adelante en la penetración de La Habana en Caracas: ya no era solo petróleo a cambio de servicios profesionales prestados a largo plazo, con intereses bajos y plazos de pago extensos, sino también un "nuevo pensamiento militar" enfocado en neutralizar la disidencia interna.

Desde entonces, la investigación documenta patrones de tortura que atribuye a esa arquitectura represiva: golpizas severas, descargas eléctricas en genitales y zonas sensibles, asfixia con bolsas plásticas, agua o sustancias tóxicas, mutilaciones en los pies y debajo de las uñas, violación y violencia sexual con objetos, exposición forzada a temperaturas extremas, luz constante u oscuridad total, amenazas de muerte, entre otras violaciones a los derechos humanos. Detrás de todo estarían los "especialistas" cubanos.