El juicio por espionaje contra el ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, comenzó en La Habana el martes bajo estrictas medidas de confidencialidad y con acceso limitado a familiares y público.
Gil, que fue también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y considerado un estrecho colaborador de Miguel Díaz-Canel, enfrenta una de las causas judiciales más relevantes de los últimos años en la Isla.
El proceso se desarrolla ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP) y, según comunicó el propio tribunal, se celebra a puerta cerrada "por razones de seguridad nacional", como prevé la Ley del Proceso Penal (Ley 143/2021).
Restricciones y presencia familiar
Fuentes cercanas a la familia confirmaron que Laura María Gil González, la hija de Gil que pidió juicio público televisado, no fue autorizada a presenciar la vista oral, mientras que su hermano, Alejandro Arnaldo Gil González, sí pudo entrar a la sala. De acuerdo con declaraciones de María Victoria Gil, hermana del exministro, al programa en YoTube El mundo de Darwin, la restricción a su sobrina estaría relacionada con publicaciones previas sobre el caso.
El juicio se celebra en el edificio del Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, en un entorno con acceso controlado. Según agencias internacionales, como EFE, el proceso podría prolongarse durante varios días.
Entrevista en "Granma": el espionaje y la confidencialidad
Coincidiendo con el inicio del juicio, el diario oficial Granma publicó una entrevista con el doctor Arnel Medina Cuenca, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de La Habana y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, quien explicó el marco jurídico del proceso.
"El Código Penal cubano sanciona el delito de espionaje en su artículo 116", recordó el jurista. La norma establece penas que van de diez a 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso pena de muerte, en los casos más graves.
Medina precisó que también existen variantes atenuadas, como proporcionar a un Estado extranjero u organizaciones internacionales información cuya utilización pueda perjudicar a la República de Cuba.
Sobre la reserva del juicio, el especialista citó el artículo 477.1 de la Ley del Proceso Penal, que faculta al tribunal a celebrar la vista a puerta cerrada cuando razones de seguridad nacional lo aconsejen.
"El elemento fundamental —dijo— es la afectación que puede tener en la seguridad del Estado, porque podrían salir informaciones que no deben ser difundidas ante las cámaras de televisión", dijo.
Dos procesos distintos
El entrevistado señaló que, según la información oficial disponible, el juicio actual se refiere únicamente al delito de espionaje, y que los otros diez delitos por los que la Fiscalía General de la República imputó a Gil —entre ellos malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho— formarían parte de otro expediente que se desarrollaría en un proceso posterior.
Antecedentes y trayectoria
Alejandro Gil Fernández fue cesado como ministro de Economía y Planificación en febrero de 2024, después de varios años al frente de las principales reformas económicas del país. Un mes después, Miguel Díaz-Canel informó que Gil estaba siendo investigado por "graves errores" asociados a delitos de corrupción. Desde entonces permanecía en detención provisional.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó a finales de octubre de 2025 sobre la presentación de once cargos contra el exministro, entre ellos el de espionaje, un delito poco habitual en altos funcionarios y con las sanciones más severas del Código Penal.
Desde 1959, varios altos cargos del Estado cubano han sido defenestrados y algunos han enfrentado procesos judiciales por delitos graves. Entre ellos figuran el general de división Arnaldo Ochoa, fusilado en 1989 tras ser acusado de traición a la patria y narcotráfico; el comandante Huber Matos, condenado por sedición en 1959; y los exdirigentes Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, apartados en 2009 sin proceso penal.
El caso de Gil es el primero en más de una década que involucra a un miembro del Consejo de Ministros y del Comité Central del PCC bajo acusaciones de espionaje y corrupción de alto nivel.
Expectación y silencio oficial
Ningún representante del Gobierno ni del Partido Comunista ha emitido declaraciones sobre el proceso, recordó EFE. El único comentario público e indirecto ha sido una cita del secretario de Organización del PCC, Roberto Morales Ojeda, quien escribió en redes sociales: "El partido de los comunistas tiene que ser un partido de honestos por encima de todo".
El Tribunal Supremo Popular no ha informado sobre la petición fiscal ni sobre la fecha prevista para la sentencia.
Qué se jodan. A llorar al parque.
Da igual que abran las puertas y las ventanas de ese show con resultado anticipado.
Gil no es más duro que Ocha o los de la Guardia, y hace rato debe haber pedido todo tipo de clemencia y tratos, además de delatar hasta al perro, para que sus jefes del cartel de Punto Cero no le aprieten demasiado el cepo.
En cuanto a su hija, es la misma esbirra que nunca pidió clemencia por ningún preso político y hace menos de dos años publicaba en las redes su incondicionalidad revolucionaria, su oposición al bloqueo y hacia pedidos de resistencia al pueblo en harapos, mientras ella y sus allegados gozaban de todos los lujos capitalistas, entonces ¿que pasó?
Pues, le pisaron el callo del pie izquierdo, del socialista, y pasó de ser una privilegiada que despreciaba a sus indigentes compatriotas a una apestada por los mismos que la usaron a ella y a su padre para seguir imponiendo miseria y represión.
Ese régimen, desde Fidel Castro hasta la "Continuación" no admite críticas, disidencias y muchísimo menos oposición. La hija de Gil, por sus razones, hizo públicas sus opiniones sobre el juicio, que no clasificarían como disidencia, y mucho menos oposición. Fueron las opiniones de una hija por el juicio a su padre, y ahí está, sin poder asistir al juicio. Y no lo digo por misericordia ante Gil o su familia, sino para resaltar que quien dentro de Cuba, aun asegurando su lealtad al régimen, haga públicas sus opiniones contrarias a las oficiales recibirá una dura respuesta. Aquello no es cajita de dulce guayaba.
Había que crear un culpable de la debacle económica y escogieron a Gil. Mañana ponen a otro ministro de economía y tarde o temprano también lo hallarán culpable e irá preso.