El proceso judicial contra el exministro cubano de Economía, Alejandro Gil, representa uno de los mayores parteaguas del régimen cubano en los últimos años. Por ello, ha sido tratado con las ambigüedades y secretismos habituales, tal vez porque quienes dirigen saben que este caso podría hacerlos caer. No se trata únicamente de los delitos imputados, sino de la dimensión política, económica y moral que este juicio implica para una población que enfrenta desde hace años el deterioro acelerado de sus condiciones de vida.
Diversas voces de la sociedad civil, del ámbito jurídico y del espacio público digital han solicitado que el juicio se realice conforme a un principio esencial del Estado de derecho: su carácter público. Esto significa que se lleve a cabo a puertas abiertas y que su desarrollo sea accesible mediante transmisión en televisión y plataformas digitales nacionales, permitiendo que la ciudadanía ejerza su derecho a observar y evaluar directamente el proceso.
Este reclamo no es simbólico ni emotivo: está amparado en el marco normativo cubano. La Ley de Tribunales Populares (Ley 140/2021) establece en su Artículo 13 que los actos judiciales son públicos salvo excepciones legalmente previstas. Asimismo, la Ley de Proceso Penal (Ley 143/2021) indica en su Artículo 447 que, cuando razones de interés público lo aconsejen, puede autorizarse el acceso y la transmisión de los procesos, siempre respetando la dignidad del acusado. La regla es la apertura; la reserva es excepcional y debe estar plenamente justificada. En el caso Gil, no existe razón jurídica o procesal que legitime un juicio cerrado, y el propio acusado ha expresado su deseo de un proceso público.
Transparencia y confianza en el sistema
Este juicio no involucra secretos de seguridad nacional ni compromete la protección de víctimas vulnerables; sin embargo, tiene un impacto directo sobre la credibilidad de un sistema judicial ya debilitado, que busca conservar formas y legitimidad. Negar el acceso ciudadano constituiría, además, una vulneración directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en julio de 2024. Dicha ley establece en su Artículo 3 el principio de publicidad como pilar del funcionamiento de la administración pública, y solo permite la reserva de datos cuando está comprometida la defensa o la seguridad del Estado. Aplicar esa excepción aquí sería incompatible con la letra y el espíritu de la norma y abriría la puerta a justificar la opacidad en cualquier proceso de corrupción, precisamente donde la transparencia es más necesaria.
La publicidad judicial no solo es un requisito legal, sino un componente esencial de la legitimidad democrática. Según el Artículo 1 de la Ley de Tribunales, la función de impartir justicia emana del pueblo; si el poder judicial actúa en nombre del pueblo, no puede sustraerlo del conocimiento de los procesos mediante los cuales ejerce esa función. Cerrar el juicio equivaldría a excluir a la ciudadanía del espacio donde se evalúan responsabilidades que la afectan directamente, en particular decisiones administrativas que habrían desviado recursos destinados al bienestar colectivo. Garantizar la transparencia del proceso no es un favor, sino una forma de restitución simbólica de la condición de afectados.
Como señalan los juristas Edel González y Maylin Fernández, la justicia debe "verse y sentirse". No basta con que el Estado afirme que un proceso es justo; la sociedad debe poder evaluarlo directamente. En un país sin prensa libre ni contrapesos institucionales efectivos, la publicidad del juicio es una garantía mínima de veracidad procesal. La transmisión y la grabación íntegra del proceso protegen contra cualquier relato parcial o interpretación selectiva y constituyen un registro histórico y jurídico de interés para investigadores, periodistas y ciudadanos.
Obligación institucional
La responsabilidad última de garantizar esta publicidad recae en el Tribunal Supremo Popular y su Consejo de Gobierno, órganos obligados a promover la comunicación institucional y la relación transparente entre el sistema judicial y la ciudadanía, conforme a los artículos 160 y 162 de la Ley de Tribunales. Negar la publicidad del juicio enviaría señales negativas: demostraría fragilidad institucional, ausencia de rendición de cuentas y subordinación del poder judicial a intereses políticos, especialmente en un contexto de crisis social y económica prolongada, donde la ciudadanía demanda certezas.
Celebrar el juicio de manera abierta y con transmisión pública no resolverá por sí solo la crisis de confianza en las instituciones cubanas, pero sería un paso significativo hacia una cultura judicial más transparente y responsable. Recordaría algo fundamental: una justicia que se oculta es una justicia que se niega. El pueblo cubano merece una justicia que no tema ser observada y, sobre todo, merece que la ley se cumpla incluso cuando la verdad resulte incómoda.
Si pierden la compostura porque una anciana les mendiga una cama para dormir o para echarse a morir, no es difícil imaginar el enfado que les produce el reclamo de un juicio público donde se harían públicas cosas más escandalosas que la falta de empatía, que el despotismo, que la insensibilidad. Cosas que, a corto plazo, hasta pudieran decidir el destino final del propio Miguel Díaz-Canel, al que ya le ajustarán cuentas una vez que pase el escándalo y parezca que escapó sin “daños colaterales”.
No sé de dónde sacaron los ingenuos que pedían juicio público tanta confianza en el “clamor popular” cuando aquella “orden de combate” del 11 de julio de 2021 no dejó dudas, entre palizas, encarcelamientos y condenas injustas, sobre lo que son capaces de dar al pueblo cuando se torna demasiado exigente.
Como a puertas cerradas, para que nadie o muy pocos se enteren de la verdadera magnitud del infierno, ocurren en este momento los contagios, las muertes por dengue, por desnutrición más que por chikungunya y gripes (que normalmente no deberían ser mortales), y aumentan las depresiones profundas, los suicidios, las mentes que buscan refugio rápido, temporal y barato en el “químico”, en el alcohol y en la resignación, en la apatía, peor que en cualquier otra droga.
Pero ¡¿en qué mundo vive la autora de este artículo…?!
Justicia creíble ni cojones mientras exista la dictadura. Dejen de marear con Gil y concéntrense en los mas de 1000 presos políticos cubanos.
Gil, que hacia lo mismo que hacen todos los miembros de la cupula, esta servido como chivo expiatorio del desastre. Lo sacrifican al Dios Ira Popular para seguir en el gatopardismo. No creo que fuera espía de nadie, pero eso lo vincula con oscuras ¨fuerzas externas¨ ) quizas la CIA o la inteligencia noruega, nuevo enemigo que ya el otro esta gastado, o la inteligencia española como con Lage y compañia, que meter ese ruido funciona) que siempre son las causantes del desastre interno. Es posible que caigan con el dos o tres mas. Todo este periodo de silencio es midiendo la temperatura y decidiendo que van a hacer para sacar las mejores ventajas al asunto. Como lo hacia Felix B Caignet en su novelas radiales: cogerle el pulso a la calle. Espía..jjj buen chiste ese. Todo el que lo sabe, sabe que a los ministros le controlan la vida y milagros y hasta las llamadas que hacen por telefono.
La autora escribe un artículo con la presunción de que el juicio se llevará a cabo en un país democrático con un poder judicial colegiado y neutral con instituciones independientes que podrían monitorear el proceso con la presencia de los medios de comunicación . No, esto será una farsa estalinista para silenciar a „uno que debe saber mucho“ y que los puede poner en evidencia. Business as usual.
El que a hierro mata a hierro muere. Nada de pena por esta persona....
Los argumentos de la autora hacen creer --al que no sabe qué es el régimen cubano-- que es posible la aplicación de la ley y la transparencia en este juicio, o en cualquier otro. "Excluir a la ciudadanía" lo han hecho ellos desde siempre, que lo hagan una vez más no sería sorpresa.
Lo quebraran ,lo haran hacer declaraciones auto inculpandose. Nunca jamas la tirania castrista ,va a permitir un juicio publico ,sabiendo que pudiera perjudicar a la oligarquia castrista.No siento ni la menor simpatia por este sujeto ,que fue un servil paniaguado de la tirania castrista ...,quiero dejar bien claro esto.Recomiendo leer el libro EL cero y el infinito, en el se detallan las tacticas de como los torturadores de las tiranias comunistas quiebran la voluntad humana y hacen que sus victimas se declaren culpables de hasta robarle a su propia madre.Rene Libertario.
Laura M... Gil, es entendible que defiendas a tu padre... pero merecen los dos que los frian en aceite...tu padre y tú gozaban las mieles del poder mientras miles de cubanos morían de covid y otros eran encarcelados , torturados y atropellados en 2021 por protestar. REPITO: TE PISARON AHORA EL CAYO, JODETE Y OJALA A LOS DOS LOS FRÍAN EN ACEITE HIRVIENDO.
Como explico el sacerdote, los especialistas en tortura y desapariciones de la G2stapo de la mafia-cartel fascista, aplicarán torturas al Gil y amenazas para que haga el mea culpa como hicieron con los esbirros Ochoa, la guardia y compañía...luego entonces dejarán (QUIZÁS) que el juicio sea público. Bien lo aprendieron de la KGB y la STASI.
La acusación por espionaje “en un juicio a puertas cerradas” no pinta bien. Parece que usan el espionaje como una justificación para calzar la cadena perpetua. Es una manera de convertir la corrupción en un crimen político.
En otras palabras, el caso termina asociando a Gil con “traición a la patria”.
El juicio comienza cuando hayan logrado quebrar al reo, después que lo amenacen con ciquitrillar a toda su familia si no entra en caja. Luego transmitirán versiones cuidadosamente editadas de Gil inculpandose, En la plantación Cuba, no puede haber ningún proceso imparcial cuando el presidente del tribunal supremo Rubén Remigio Ferro ha afirmado que los fiscales son los fiscales de la revolución. Insisto en lo mismo que cuando el caso Ochoa, esta es una bronca entre maleantes y el pueblo cuya prioridad hoy día es sobrevivir le importara un bledo la legalidad o transparencia de esta camorra. El régimen vitalicio de la familia Castro y la banda terrorista del MININT siempre han administrado justicia como les sale del forro y esta caso no va a ser la excepcion.
Mostrarán un video cuidadosamente editado, como siempre han hecho. Y dirán que eso es la prueba máxima de transparencia y de respeto al pueblo