El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito autorizó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retomar la cancelación del programa de parole humanitario implementado por la Administración de Joe Biden, que permitió el ingreso legal al país de más de medio millón de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Este fallo judicial revierte la decisión en primera instancia de un juez federal, que bloqueó en abril la revocación dictada por el Gobierno de Trump.
Durante su campaña electoral, Donald Trump había advertido que anularía este programa y en marzo, dos meses después de su investidura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación de la protección que otorgaba el parole humanitario.
La reacción inmediata fue una demanda de beneficiarios del programa y organizaciones de derechos civiles. Argumentaron que la medida del Gobierno era "ilegal" y violatoria del debido proceso, al decretar la anulación masiva de los permisos garantizados por el parole (residencia y permiso de trabajo por dos años).
El veredicto de abril favoreció a los demandantes, al frenar la anulación del estatus de los beneficiarios del programa, lo que constituyó un revés importante para la Administración Trump. Sin embargo, en mayo el Tribunal Supremo ordenó levantar la suspensión de la cancelación, mientras continuaba el litigio en tribunales inferiores.
En su veredicto de este viernes, los jueces reconocieron que "los riesgos de daños irreparables expuestos de manera convincente en la orden del tribunal de distrito: que las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre marcharse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye separarse de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen".
No obstante, estimaron que "a falta de una demostración sólida de la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión".
Los magistrados también consideraron razonables los argumentos ofrecidos por el DHS para terminar el programa, entre ellos que no representaba un beneficio público significativo ni reducía la inmigración irregular, ni era un aporte para la seguridad de las fronteras.
El fallo confirma la decisión judicial emitida en mayo, al permitir que la actual Administración retome la abolición del programa, en lo que llega el veredicto final.
La decisión fue recibida con decepción por parte de los demandantes. La directora legal del Justice Action Center, coabogada en el litigio, señaló que "las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el Gobierno les pidió. Pero la administración Trump, cruel e irracionalmente, no cumplió con la parte que le correspondía al Gobierno".
"Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio", afirmó.
El Departamento de Justicia subrayó que las protecciones para las personas que huyen de riesgos en sus países de origen siempre fueron diseñadas para ser temporales, y que el DHS tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial.
"La revocación discrecional de un beneficio discrecional por parte de la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi Noem) debería haber puesto fin al asunto", sostuvieron los abogados del Gobierno en sus argumentos escritos.
Por su parte, el procurador general D. John Sauer afirmó que poner fin a los programas de parole humanitario caso por caso sería una "tarea gigantesca" que ralentizaría las labores del Gobierno para expulsar a migrantes, sobre el fallo del tribunal de distrito que dictaminó en abril que cada caso debía evaluarse de manera individual.
Cuando se confía la vida a unos especuladores, solo se puede esperar la ruina.
Y si se confía la vida a unos dictadores psicópatas, solo se puede esperar la muerte, rápida o lenta, pero muerte al fin y al cabo.
YA ESTO ES UN BAYU
La incertidumbre es una de las situaciones más estresantes a que se puede someter a un ser humano , y este jueguito de dale para alante y luego para atrás, es peor que si lo hubieran cancelado de una buena vez. Este programa fue totalmente absurdo desde su creación, pues era sabido que no aliviaría la entrada ilegal y puede decirse que hasta injusto, al priorizar estas entradas sobre otras como la reunificación familiar que muchos residentes llevan esperando por años. Desde su inicio se supo que era solo por dos años, así que obligaba a sus beneficiarios a buscar otras alternativas, como TPS, ley de ajuste cubano u otras formas de poder legalizar un estatus permanente en USA. Mirando la fecha de las ultimas entradas por esta vía(hace más de un año) , en el caso de los cubanos, la afectación debe ser mínima, pues la mayoría de los más de 100000 beneficiados por esta absurda ley, ya cumplieron el tiempo necesario para aplicar a la ley de ajuste cubano.
El quita y trae seguira hasta que llegue a la Corte Suprema (los HDLGP's abogados no van a dejar escapar el "bisne" que representan esas personas......
En unos días otra corte autorizará su implementación, este país se ha convertido en un relajo.
Gracias a los jueces DemonRats de varias administraciones anteriores ... ¿ Sabía usted que para ser Juez no es necesario ser abogado o tener un curriculum universitario de jurisprudencia ... ?
Cualquier comemierda puede ser juez ...
Los jueces federales no necesitan legalmente un título en derecho, ya que la Constitución de los Estados Unidos no establece requisitos educativos ni profesionales para el cargo.
El presidente nomina a los candidatos, el Comité Judicial del Senado revisa la nominación mediante una audiencia y votación, y luego el pleno del Senado vota para confirmar o rechazar al candidato.