Una jueza de EEUU bloquea el cese del estatus temporal de los beneficiarios de parole humanitario, entre ellos cubanos

Una jueza federal dijo el jueves que impedirá que el Gobierno de Donald Trump ponga fin al parole humanitario que ha permitido a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos, reportó la agencia AP.

El fallo supone un revés importante, aunque quizá temporal, para la Administración Trump, que está desmantelando las políticas implementadas bajo el mando del expresidente Joe Biden. 

El Gobierno anterior creó vías para que las personas pudieran vivir en Estados Unidos, generalmente durante dos años, con autorización de trabajo.

La jueza federal de distrito Indira Talwani anunció que planea emitir una suspensión de la orden para que más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos abandonen el país. La medida evita la salida de los beneficiados del parole humanitario hasta que el caso avance a la siguiente fase. Sus permisos debían cancelarse el 24 de abril.

Durante una audiencia sobre el caso, Talwani cuestionó repetidamente el argumento del Gobierno para terminar el programa: "que tiene el poder de hacerlo y que ya no estaba cumpliendo su propósito". La jueza señaló que los migrantes adheridos al programa, que entraron de manera legal, ahora enfrentan la opción de "huir del país" o quedarse y "arriesgarse a perderlo todo".

"El meollo del problema aquí es que la secretaria, al acortar el período de permiso otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada", señaló Talwani, agregando que la explicación para terminar el programa se basaba en una "lectura incorrecta de la ley".

"Hubo un acuerdo y ahora ese acuerdo ha sido socavado", añadió posteriormente en la audiencia.

Los beneficiarios de las protecciones llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos por dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país. El permiso de entrada humanitario ha sido un estatus temporal.

Trump ha estado eliminando las vías legales para que los migrantes lleguen a Estados Unidos y ha tomado medidas para cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente.

Afuera de la corte, activistas como Guerline Jozef, fundadora y directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, uno de los demandantes, dijeron que los ataques contra este programa contradicen la estrategia del Gobierno de Trump sobre inmigración.

"Escuchamos la narrativa de personas que vienen aquí ilegalmente y la Administración queriendo erradicar la inmigración ilegal", comentó Jozef. "Pero, claramente vemos hoy que ese no es el caso. Incluso aquellas personas que tienen estatus legal, están pagando sus impuestos y trabajando, están bajo ataque".

Una mujer cubana de 34 años que pidió ser identificada solo por su apellido, Zamora, debido a temores de ser detenida y deportada, recibió la noticia de la jueza como un alivio.

"Estaba aterrada de quedarme sin permiso de trabajo", comentó Zamora, cuya autorización de entrada y de trabajo expiran en septiembre. "Somos personas que, para poder venir, pasamos por todos los filtros existentes, y el Gobierno nos quita el estatus como si hubiésemos sido delincuentes y entrado ilegalmente".

En una moción antes de la audiencia, los demandantes señalaron que la acción del Gobierno federal era "sin precedentes" y dijeron que resultaría en que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad para trabajar. También calificaron la medida como "contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo", que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al hacer reglas.

Los abogados de la Administración Trump argumentaron que los demandantes carecían de capacidad jurídica y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sus siglas en inglés) que afecta a los inmigrantes en el programa no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También dijeron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal.

El abogado del Gobierno Brian Ward también argumentó en la corte que terminar el programa no significa que los individuos no podrían ser considerados para otros programas de inmigración. Alegó que el Gobierno no los priorizaría para la deportación, algo que Talwani encontró dudoso, dado que podrían ser arrestados si llegaran a ir al hospital o se vieran involucrados en un accidente automovilístico.

El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, con excepción de tres representantes cubanoamericanos de Florida que pidieron evitar la deportación de los venezolanos afectados. Uno de ellos, la representante María Elvira Salazar de Miami, también se sumó a unos 200 legisladores demócratas esta semana para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría convertirse en residentes permanentes legales.

Salazar pide a Trump extender protección migratoria a beneficiarios del parole humanitario

María Elvira Salazar solicitó esta semana al expresidente Donald Trump considerar la concesión de la Salida Forzosa Diferida (DED, siglas en inglés) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que han ingresado a Estados Unidos bajo parole humanitario.

En una carta dirigida al mandatario, la legisladora republicana por Florida destacó que estos países enfrentan crisis políticas y sociales bajo regímenes autoritarios, lo que justifica medidas especiales de protección migratoria.

A través del DED, argumentó, se podría brindar tiempo adicional para realizar procesos de verificación exhaustivos, sin poner en riesgo la seguridad del país ni abandonar el compromiso de asistir a personas que huyen de contextos violentos o represivos.

"Debemos proteger las promesas hechas a los pueblos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con compasión y seguridad en mente", expresó Salazar en un comunicado publicado este jueves por su oficina.

La congresista dijo que estos países están marcados por "dictaduras comunistas y represivas, y violencia de pandillas", lo cual obliga a Estados Unidos a actuar con responsabilidad y humanidad frente a quienes buscan refugio.

"Mientras restauramos la ley y el orden en nuestro país, la DED nos permitirá investigar a fondo a estas personas, deportar a quienes no cumplan los requisitos y mantener el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza", añadió.

Con esta petición, Salazar busca fortalecer los mecanismos de control migratorio sin comprometer los principios humanitarios que, en sus palabras, han definido históricamente a la nación estadounidense.