La jueza federal Jia Cobb suspendió este viernes la aplicación de tres directivas del Gobierno de EEUU para acelerar la deportación de inmigrantes que ingresaron al país de manera legal a través de programas de parole, en una decisión descrita por el canal de noticias CNN como "una victoria para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentaban que la política era ilegal y peligrosa".
El fallo responde a la demanda interpuesta el 24 de marzo de 2025 en el Tribunal de Distrito de Washington D.C. por Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), UndocuBlack Network y CASA, con representación del Justice Action Center.
La decisión, que constituye un alivio, al menos temporal, para cientos de miles de inmigrantes, entre ellos cubanos, impide por el momento la deportación de personas a las que se concedió un parole en los puertos de entrada y luego fueron detenidas, pese a tener documentos válidos y empleos.
En algunos casos, señala CNN, esas detenciones ocurrieron sin previo aviso. En otros, los inmigrantes fueron arrestados al comparecer ante tribunales migratorios.
"En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas", escribió la jueza Jia Cobb, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden, según la citó CNN.
"Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con 'parole' que ya se encuentran aquí", añadió.
"La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con 'parole' que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas", inquirió la magistrada.
"O, alternativamente, ¿serán deportadas sumariamente de un país que… podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?", cuestionó.
El dictamen de Cobb establece que la política probablemente viola el estatuto de deportación acelerada y es "arbitraria y caprichosa", según el derecho administrativo.
La suspensión, que estará vigente mientras se tramite la demanda, paraliza tres directivas de la actual Administración de EEUU: un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) del 20 enero, que autorizaba a las agencias gubernamentales a suspender, modificar o terminar inmediatamente cualquier programa de parole categórico que fuese inconsistente con la nueva línea administrativa; una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del 18 febrero, que disponía la expulsión expedita de inmigrantes que ingresaron legalmente al país bajo programas de parole, independientemente del tiempo que llevan en EEUU, si no habían solicitado asilo o no tenían documentación migratoria válida en regla, y la cancelación en marzo de los programas de parole humanitario implementado por la Administración de Joe Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Los demandantes argumentaron que el DHS viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a los inmigrantes con "parole" como si hubieran ingresado ilegalmente. Su demanda también plantea inquietudes sobre el debido proceso, alegando que la nueva política pone en peligro a las comunidades vulnerables sin darles la oportunidad de ser escuchadas.
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