El régimen abre procesos penales contra dos líderes masones cubanos

Dos líderes de la masonería cubana, el Gran Maestro Juan Alberto Kessel Linares y el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso, fueron sometidos el martes a varias horas de interrogatorio y liberados finalmente bajo cargos penales y con medidas cautelares de restricción de movimientos, denunció el escritor y periodista independiente Ángel Santisteban Prats en su perfil de Facebook.

La detención y el anunciado proceso penal ha encendido las alarmas dentro del movimiento masónico, que denuncia una nueva ofensiva del régimen contra su independencia.

Kessel Linares y Viñas Alonso fueron citados por la Seguridad del Estado y posteriormente imputados por el presunto delito de "tráfico de divisas", según contó el propio Viñas Alonso en otra publicación en la misma red social.

Las autoridades los acusan de cambiar dólares estadounidenses fuera del sistema bancario oficial, en operaciones realizadas para cubrir gastos del asilo masónico Llansó —una institución de asistencia gestionada por el Patronato de la Orden.

"Se nos cuestionó por hacer demasiados viajes al extranjero y se intentó vincular nuestra gestión colectiva con operaciones ilícitas. Todo el dinero fue intercambiado entre hermanos para cubrir necesidades básicas del asilo", declaró Viñas Alonso. Según su testimonio, se les imputa por cambiar 100 USD a la tasa del mercado informal (370 CUP) en lugar del tipo de cambio oficial estatal (120 CUP), lo cual el régimen considera sancionable con penas de dos a cinco años de prisión.

Como medidas cautelares, se les impuso restricción de movimiento —limitada a los traslados entre casa y trabajo— y la prohibición de salir del país, añadió el Soberano Gran Comendador. "No tenemos ninguna preocupación, porque como ciudadanos no tenemos ni siquiera una multa de tránsito", aseguró Viñas Alonso, quien calificó la investigación como una maniobra política.

Una fraternidad bajo presión

La masonería cubana, históricamente ligada a luchas de independencia y a figuras emblemáticas como José Martí o Ignacio Agramonte, mantiene principios de autonomía frente a partidos e ideologías. Sin embargo, en los últimos años ha estado bajo vigilancia constante por parte del aparato de la Seguridad del Estado. La actual ofensiva, para muchos, responde a la negativa de las actuales autoridades masónicas de someterse a los designios del Gobierno.

Santiesteban-Prats, masón desde hace 38 años, denunció que el oficial encargado del proceso penal contra Kessel Linares es, él mismo, miembro de la masonería y agente de la policía política. "Por ética, no debió aceptar ese rol. Sabemos a quién obedecen. En mi logia hemos rechazado reiteradamente el ingreso de militares o agentes", declaró en otra publicación en sus redes sociales.

En foros digitales y publicaciones de hermanos masones, el consenso es que se trata de un intento por forzar un cambio en el liderazgo masónico para colocar figuras afines al poder. "No se les acusa por delitos reales, sino por no ser sumisos", escribió un miembro identificado como José Ignacio Obana Borges.

Mientras el ministro de Justicia de Cuba negó públicamente cualquier injerencia estatal en asuntos masónicos, los hechos contradicen esa afirmación. Las imputaciones penales y las medidas restrictivas impuestas a Viñas y Kessel han sido criticadas como una violación de la libertad de asociación y una forma de criminalizar la independencia organizativa. El aparato de justicia no ha explicado las razones por las cuales operaciones de carácter interno y sin fines de lucro han sido consideradas un delito penal.