La ineptitud del Parlamento castrista

Para nadie es un secreto la intrascendencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en su hipotética labor como poder legislativo de la nación. Sus diputados constituyen un conjunto de focas amaestradas que aceptan casi sin chistar las directivas que provengan de las altas esferas partidistas y gubernamentales. Allí reina la unanimidad en el 100% de las votaciones.

Ahora, en la más reciente sesión de dicha asamblea, ocurrieron dos hechos que han puesto de manifiesto una vez más el carácter meramente formal de ese supuesto organismo superior del Estado cubano. En primer término, nos referiremos a la refutación de las palabras de la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó.

Ninguno de los más de 400 diputados que integran la Asamblea Nacional tuvo la iniciativa —o el valor— de salirle al paso a las palabras de la ministra cuando esta la emprendió contra los mendigos que pululan en la Isla. Tuvo que ser Miguel Díaz-Canel, con la aureola que le brinda la Presidencia de la República, el que tomara la iniciativa de ripostar a lo expresado por la ministra.  

Si algún diputado estuvo en desacuerdo con la ministra en el momento en que ella hacía uso de la palabra, optó por tragarse su punto de vista. Es que en ese parlamento nunca se ve que alguien contradiga  lo planteado por un ministro o un alto funcionario partidista o gubernamental. Los diputados solo están para aprobar lo que provenga de "arriba". Por supuesto, también hay que considerar que ningún diputado desea perder su escaño parlamentario.

El otro hecho que llamó la atención de todos fue la reforma constitucional para eliminar el límite de 60 años para acceder por primera vez a la Presidencia de la República. Fue grotesco presenciar cómo todos los diputados aprobaron, apenas sin meditar, la propuesta de modificación que, evidentemente, partía de la más alta dirección del país.

El suceso nos llevó a recordar lo sucedido en 1927, cuando el presidente Gerardo Machado, en el contexto del endiosamiento a que era sometido por la turba de aduladores que alababan su labor, aceptó la prórroga de poderes que le permitía alargar su permanencia en la primera magistratura.

Pero existe una gran diferencia entre lo que ocurrió entonces, y lo que sucede ahora. En 1927 se alzaron voces en la sociedad cubana que se expresaron en contra de la prórroga de poderes. Ahora, en cambio, solo hubo unanimidad por parte de los que están encargados de legislar acerca de lo que presente el Poder Ejecutivo.

Claro, tampoco hay que olvidar que una parte de los diputados cubanos pertenecen a los dos poderes, al no existir en la sociedad cubana la saludable y muy democrática práctica de la separación de poderes. En el Parlamento castrista lo mismo vemos a la cúpula partidista y gubernamental, al generalato de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, y a los simples diputados.

Queda claro que la presente reforma constitucional está dirigida a proteger a la gerontocracia que detenta el poder en nuestro país. La medida le cierra el paso a cualquier figura joven que descuelle, y permite que alguien de la vieja guardia acceda a la Presidencia.

La jerarquía partidista, y muy especialmente Raúl Castro, desean evitar una especie de perestroika cubana. O sea, no aceptarán que una figura no vinculada con los dirigentes históricos, como sucedió con Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, renuncie a las antiguas recetas centralizadas con que se dirigen la política y la economía, e implante reformas democráticas y pro mercado que terminen con la destrucción del Estado totalitario.