Unos 6.000 clientes de telefonía fija en Cuba llevan más de seis meses sin servicio y ETECSA culpa al embargo

Más de 25.000 servicios de telefonía fija están interrumpidos en Cuba en estos momentos y el 24% de ellos, más de 6.000, lleva más de seis meses en esa situación, aunque el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, está obligado a realizar la reparación en 72 horas. Su justificación para el incumplimiento es el chivo expiatorio favorito del régimen cubano: el embargo estadounidense.

La vicepresidenta de Operaciones de la única empresa autorizada para proveer servicios de telecomunicaciones en Cuba, Sybel Alonso Baldor, afirmó este martes, en entrevista con el diario oficial Granma, que las limitaciones financieras dificultan la inversión en el mantenimiento y en la modernización de la red.

"Esto incluye la falta de acceso a tecnología moderna y a piezas de repuesto necesarias para reparar equipos, que son extremadamente costosas y difíciles de adquirir debido, principalmente, al bloqueo", justificó, siguiendo el guion habitual del régimen cubano, que culpa al embargo estadounidense por todas las penurias que enfrenta la población.

Agregó que la falta de recursos impacta no solo en la tecnología —centrales, equipos telefónicos, gabinetes y cables—, sino también en la operatividad de la Empresa y en su capacidad de movilidad para hacer frente a las interrupciones en los servicios.

De acuerdo con la directiva, existen recursos de red que confluyen con los de otras empresas, y esto, en ocasiones, debido a un mal procedimiento en los trabajos, ha ocasionado daños en la infraestructura de ETECSA.

"Aunque no sea un hecho malintencionado, esto nos obliga a destinar los escasos recursos para subsanar errores provocados por terceros", subrayó.

Alonso Baldor también culpó de la interrupción de más de 25.000 servicios telefónicos —reportada por la presidenta de la compañía, Tania Velázquez Rodríguez, a inicios de mes en el podcast de propaganda de Miguel Díaz-Canel Desde la Presidencia— a actos vandálicos que, dijo, cortan el servicio de entre 400 y 500 clientes a la vez.

"Se han reportado incidentes alarmantes, como cortes en la fibra óptica y en cables telefónicos que interrumpen el servicio a entre 400 y 500 clientes a la vez, así como el robo de baterías de gabinetes y radiobases; también, la quema y derribo de postes telefónicos", detalló.

Las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta de Operaciones de ETECSA para justificar la paralización de más de 25.000 servicios de teléfono fijo y el incumplimiento de obligaciones por parte de la compañía —que incluyeron las lluvias intensas y los apagones— dejaron fuera la gestión de los recursos acumulados durante años, gracias al dinero de los emigrados que sufragan la navegación por internet de sus familiares en Cuba.

Esa gestión trajo como resultado el endeudamiento y la pérdida de ingresos esgrimidos por la presidenta de ETECSA para justificar el tarifazo anunciado el 30 de mayo.

Desde esa fecha, los cubanos pueden comprar paquetes cada mes por hasta 360 CUP. A partir de ahí, deben pagar 3.360 pesos por tres GB, una tarifa que supera en 1.200 pesos el salario mínimo de 2.100 pesos y en más del doble las jubilaciones, que rondan los 1.500 pesos.

El manejo de los recursos por parte de ETECSA fue fuertemente cuestionado por estudiantes universitarios en encuentros con directivos del monopolio estatal.

Cinco facultades de la Universidad de La Habana exigen la destitución del presidente y el vicepresidente de la FEU por 'abuso de autoridad' relacionado con el tarifazo 

Mientras la prensa oficial muestra la supuesta comprensión del tarifazo por parte de la comunidad estudiantil universitaria —portavoz principal del descontento popular—, luego de que la oficialista Federación Estudiantil Universitaria (FEU) redujera a 30 los alumnos que podrían debatir la medida con ETECSA, la realidad evidencia el divorcio entre la base de la organización y sus dirigentes.

Cinco facultades de la Universidad de La Habana (Matemática y Computación; Filosofía, Historia y Sociología; Psicología, Biología e Instituto Superior de Diseño) exigieron la destitución del presidente y el vicepresidente del centro de estudios superiores, acusándolos de "abuso de autoridad".

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, la Facultad de Matemática y Computación informó que el Consejo de la FEU de las mencionadas facultades aprobó enviar una carta al Secretariado Nacional de la organización, solicitando la separación del cargo del presidente (Hugo Fuentes Surduy) y del vicepresidente (Daniel Alejandro Corrales Ponce) de la FEU de la Universidad de La Habana por "abuso de la autoridad que les ha sido conferida".

La solicitud se basa en que ambos, "deliberadamente", incumplieron los acuerdos adoptados en reuniones de la FEU en dos ocasiones y ocultaron las "informaciones de dichos acuerdos" a los estudiantes, de acuerdo con el comunicado, publicado el 20 de junio.

Los acuerdos incumplidos fueron: emitir un comunicado "con la posición de la UH respecto a las medidas de ETECSA, que se pidió desde el viernes 30 de mayo y se ratificó en una reunión del Consejo UH el martes 3 de junio" y "la lectura y pronunciamiento de estos acuerdos en el encuentro con ETECSA" el 3 de junio.

Dos días antes de que las cinco facultades de la UH solicitaran las destituciones de los dos dirigentes estudiantiles, los 30 elegidos por la dirección de la FEU para representar a todas las universidades en una serie de encuentros con directivos de ETECSA, anunciaron 42 propuestas encaminadas a minimizar el impacto del tarifazo impuesto por la compañía, que dijeron "entender".

El jueves 19 de junio, el monopolio estatal de las telecomunicaciones ratificó el segundo paquete de 6 GB por 360 pesos para estudiantes universitarios — que había sido la primera medida dada a conocer con el objetivo de aplacar a ese alumnado— y un plan denominado "Adicional", que permitirá adquirir dos gigabytes (GB) por 1.200 pesos. 

Ese plan, cuyo precio está por encima del poder adquisitivo de los cubanos de a pie, y no tiene en cuenta el resquebrajamiento integral y empobrecimiento de la sociedad, solo podrá ser adquirido una vez al mes y tendrá una vigencia de 35 días una vez se empiece a utilizar.