Dos cubanos fueron condenados en Santiago de Cuba por "el delito relacionado con las drogas ilícitas (…)", informó el medio estatal provincial Sierra Maestra. La publicación, destinada a mostrar la "tolerancia cero" de las autoridades contra ese tipo de delitos, demuestra una vez más que disentir en Cuba es más grave que traficar con sustancias prohibidas que dañan la salud.
De acuerdo con el medio local santiaguero, los acusados, de 25 y 30 años, respectivamente, "eran controlados por la Dirección Nacional Antidrogas, debido a sus continuadas acciones ilícitas" y "a pesar de conocer las prohibiciones existentes en nuestro país para el expendio de drogas, y sus nefastas consecuencias para la salud no dudaron en cometer el delito".
En el momento de la detención, viajaban desde Santiago de Cuba hasta La Habana. El ómnibus Transtur en el que se trasladaban fue interceptado en la carretera central del municipio de Contramaestre por la Policía.
En el registro de sus pertenencias, se encontraron 501 gramos de marihuana, una pesa digital con restos de la planta y dinero en efectivo.
"Los hechos integran un delito relacionado con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares previsto y sancionado en el artículo 235.1 inciso a) y 2 g) del Código Penal, cuyo marco sancionador discurre de diez a 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte", señaló Sierra Maestra.
Ambos imputados fueron condenados a 12 años de privación de libertad, "con las sanciones accesorias de la privación de derechos previstas en el Código Penal, la prohibición de salida del territorio nacional y el comiso de la droga, la pesa digital y el dinero en efectivo proveniente de las negociaciones de drogas", informó el medio provincial.
La nota concluye con la conocida coletilla de que "nuestra nación, en su política de tolerancia cero, no admitirá hechos que atenten contra la seguridad, la salud y la dignidad de los cubanos".
Sin embargo, las sanciones impuestas a estos autores de un delito que tiene "nefastas consecuencias para la salud", según admitió el periódico santiaguero, son más leves que las que han recibido cubanos, cuyo delito ha sido manifestarse pacíficamente contra el régimen.
Muchos cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021 fueron castigados con penas de hasta 30 años de cárcel. Es el caso de Miguel Páez Estiven y Dayron Martín Rodríguez, de 25 años de edad, que fueron acusados de sedición y de lanzar piedras contra agentes del orden.
Otros manifestantes que recibieron condenas muy altas son Miguel Cabrera Rojas, de 50 años, y Yosvany Rosell, de 33. Ambos fueron sancionados con 20 años de cárcel por manifestarse en Holguín.
En abril de 2024, fueron juzgados 14 cubanos que protestaron durante un apagón en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022.
Esos manifestantes fueron condenados a penas de entre diez y 15 años de cárcel. Con esta última sentencia fue castigada la joven Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, quien fue acusada de "propaganda enemiga de carácter continuado" y "sedición", por transmitir las protestas en las redes sociales.
El ministro de Justicia de Cuba destaca en Rusia el trabajo de las autoridades de la Isla para eliminar la demanda de drogas, pero la realidad evidencia que fracasan
El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez, destacó el trabajo de la Comisión Nacional de Drogas (CND), durante el XIII Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, Rusia, celebrado del 19 al 23 de mayo.
Según lo citó el medio oficial Granma, Silvera Martínez subrayó que la CND es "la organización encargada de dirigir el desarrollo de las políticas antidrogas a nivel nacional, con un enfoque orientado a eliminar la demanda mediante una labor preventiva desde la familia, las instituciones educativas y las organizaciones sociales".
Sin embargo, a mediados de este mes, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la creciente preocupación social por el consumo de drogas en la Isla.
Días antes, el Gobierno confirmó de manera oficial la presencia en el país de una variante significativamente más letal del "químico", una droga sintética que se comercializa impregnada en papeles. De acuerdo con expertos del Ministerio del Interior (MININT), esta versión contiene componentes extremadamente peligrosos como fentanilo, formol, anestésicos veterinarios, benzodiacepinas y fenobarbital, recogió un reportaje publicado en Cubadebate.
Contrario a versiones anteriores que describían la situación como puntual y bajo control, las autoridades cubanas reconocieron la existencia de hospitalizaciones por sobredosis, un aumento en los casos judiciales relacionados con el narcotráfico y una tendencia creciente de consumo entre jóvenes.
El reporte también advirtió que el 90% de quienes consumen esta sustancia por primera vez desarrollan una dependencia inmediata, lo que evidencia su rápida propagación y el alto riesgo que representa.
En este mismo mes, la periodista oficialista Talía González admitió en la televisión estatal que niños de 11 consumen drogas en Cuba.
Estas noticias publicadas por medios estatales cubanos demuestran el fracaso de las autoridades en la eliminación de la demanda de drogas en la Isla, que, lejos de disminuir, se incrementa.
Pero el ministro cubano de Justicia resaltó en Rusia que la CND "contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos y promueve la concertación y el cumplimiento de tratados de cooperación con otros países".
Granma destacó que "en ese ámbito Cuba mantiene vigente 56 acuerdos: 25 de Asistencia Judicial en materia Penal, 20 sobre Traslado de Sancionados y 11 de Extradición; en tanto, en la Constitución de la República los artículos 1, 92 y 94 declaran y protegen el estado socialista de derecho y justicia social, garantizando el acceso a la justicia, al debido proceso y a la asistencia legal, así como a la igualdad de oportunidades para las personas en los procesos judiciales y administrativos".
El foro celebrado en Rusia abordó "los abusos y la arbitrariedad occidentales en la aplicación del derecho internacional, incluidos casos como la instrumentalización política de la Corte Penal Internacional", como uno de sus temas centrales, de acuerdo con el medio de propaganda del Kremlin Sputnik.
Los temas discutidos también incluyeron "la aplicación de la IA en el ejercicio jurídico" y el "resurgimiento del nazismo" en "determinados países", según el medio ruso.
Sputnik informó que hubo más de 5.000 participantes de 91 países, lo que describió como una reafirmación de "un papel protagónico de Rusia en el fortalecimiento del derecho en el emergente mundo multipolar".
