En medio de la sostenida crisis integral en Cuba, la minería ilegal ha proliferado en varios territorios del país, a pesar de los peligros que esta práctica conlleva. En tal sentido, ocho individuos fueron detenidos este miércoles en el municipio de Jobabo, en Las Tunas, debido a "la explotación y tráfico ilegal de polvo de oro", informó el diario oficialista provincial, Periódico 26.
Fuentes del Ministerio del Interior, citadas por dicho medio, indicaron que a los responsables les fueron ocupados varios equipamientos eléctricos y otros accesorios, que les permitían llevar a cabo la acción, entre ellos "plantas eléctricas y generadores de corriente, turbinas para el bombeo de agua y chipijamas".
"También se les ocuparon tipos de martillo demoledor eléctrico o picota eléctrica, que se utiliza para triturar, picar, excavar y cortar hormigón, lo que asegura un cincelado constante y alta productividad, y un trómer, un tipo de molino artesanal para triturar piedras y al final del proceso se obtiene el polvo de oro", detalló Periódico 26.
Los imputados, quienes fueron detenidos luego de "denuncias previas de la población, verificadas en controles por nuestras autoridades partidistas y gubernamentales", señaló el MININT, "están siendo investigados por presuntos delitos asociados a este hecho y que están previstos en el Código Penal cubano", dijo.
"Hacemos un llamado a nuestro pueblo, familiares y vecinos de ese entorno a que eleven la vigilancia y combatividad frente a este tipo de ilegalidad que, a su vez, es constitutivo de delito. Además de los daños ambientales, hay otros riesgos y peligros a la seguridad y salud humanas, así como al perjuicio moral", concluyó el organismo.
Este hecho, además, refleja la alta incidencia delictiva en Las Tunas. En tal sentido, el primer secretario del Partido Comunista en el territorio, Walter Simón Noris, reconoció esta semana que no hay "resultados concretos" en el enfrentamiento a los delitos, durante una reunión en la que transcendió el dato alarmante de que solo en la semana previa se reportaron más de 300 hechos delictivos en la provincia. Eso significa que, como promedio, cada día se cometieron más de 40.
Hace poco menos de un año, más de 30 personas fueron procesadas en Camagüey, provincia colindante con Las Tunas, acusadas de minería furtiva y extracción ilegal de oro. Varias de ellas recibieron sanciones de hasta dos años de cárcel.
Según el medio digital oficialista Cubadebate, la minería furtiva y extracción ilegal de oro ha tenido consecuencias negativas para la economía, específicamente para la Empresa Geominera Camagüey, "por el impacto ambiental de las extracciones ilegales originadas en la mina San Jacinto".
La Ley 76 de Minas en su artículo 4 define que "al Estado le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, dondequiera que estos se encuentren, dentro de las regulaciones constitucionales".
Así, la caza de mineros ilegales está íntimamente relacionada con el interés económico del régimen en explotar los yacimientos de oro, toda vez que, de acuerdo con estimaciones geológicas, Cuba posee reservas de minerales superiores a los mil millones de toneladas, un potencial abierto a la inversión extranjera directa por la que aboga el Gobierno en su "cartera de oportunidades", sin resultados concretos hasta ahora.
En más de una ocasión, la prensa oficial ha cargado contra quienes "en busca de una fortuna rápida (…) no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas".
La extracción ilegal de oro provoca, además, daños medioambientales de consideración, entre los que se encuentran el desnivelado de suelos, hoyos, deforestación, alteración de los cauces de los ríos y vertidos que afectan a la calidad del agua.
