Miles de personas bajo arresto, decenas enjuiciadas, multas millonarias, ocupación de drogas: el denominado "Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos" lanzado a partir del 2 de diciembre por el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha mostrado cuán profunda es la corrupción en la Isla.
Sobre la maratón represiva, que supone una cortina de humo oficial sobre la gravedad del asunto, y que ataja sus consecuencias, no sus causas, varios funcionarios del Ministerio del Interior (MININT), la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo conversaron el viernes 6 de diciembre en el espacio televisivo de la Mesa redonda.
La coronel Deniset González, jefa de información y análisis de la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), dijo al respecto que desde el inicio del ejercicio se han realizado algo más de 800 operativos y cierres policiales, en especial en las principales calles de La Habana y sus vías de acceso, a través de los puntos de control, en algunos tramos de carreteras y de la autopista nacional. Allí, dijo, "se ha identificado presencia de ilegalidades".
"Se han desarrollado más de 4.000 acciones preventivas, profilácticas, que conllevaron el traslado a estaciones de Policía de más de 3.300 personas implicadas en delitos e ilegalidades", comentó.
González añadió que la PNR abordó como prioritaria la persecución del tráfico y consumo de drogas, un problema cada vez más extendido en Cuba ante la inacción de las autoridades.
"En este ejercicio se han culminado procesos investigativos, han sido detenidas personas implicadas, se incautó un grupo importante de dinero, bienes adquiridos como resultado de estas actividades, y se han incautado también un grupo de cannabinoides sintéticos", aseguró la coronel.
"En todos estos casos los implicados están detenidos y continúan las investigaciones para ampliar posibles cadenas delictivas, identificar modus operandi y cortar aquellas cadenas de suministros que puedan seguir afectando a nuestra sociedad", añadió, sin ofrecer cifras.
"Hemos llegado a comunidades, pero sobre todo la mirada ha estado enfocada en los centros escolares, por las afectaciones que hemos tenido en estos segmentos", admitió, confirmando que niños y adolescentes están entre los principales consumidores.
Además, González señaló que más de un centenar de personas fueron encausadas en los tribunales por estar involucrados en el hurto y la receptación de ganado mayor.
En cuanto a las violaciones de precios, la coronel explicó que se han ejecutado alrededor de 1.500 acciones que han permitido determinar irregularidades y han abierto procesos penales a 50 ciudadanos, entre trabajadores y propietarios de entidades no estatales; otros 15 fueron advertidos y más de 900 multados.
En cuando a las entidades estatales visitadas, se han identificado 900 no conformidades, asociadas fundamentalmente al incumplimiento de sistemas de protección e incumplimiento o abandono de la guardia obrera, así como otras irregularidades de carácter organizativo.
En lo referido a lo que González denominó "la delincuencia", dijo, otra vez sin presentar cifras, que "se han adoptado acciones para fortalecer el control sobre los reclusos que salen de pase, los que están contratados en brigadas, los que extinguen sanciones en libertad, y los procesados por modalidades priorizadas que hoy se encuentran en libertad".
También "se han hecho recorridos y visitas a lugares donde se han identificado concurrencia de menores y jóvenes, y se han detectado algunos de ellos en indisciplinas que rozan en algún momento con conductas de ilegalidades y delitos, lo cual se viene estudiando por un grupo multifactorial para evaluar las acciones a adoptar, tanto con los representantes legales de esos menores como con los propios menores", añadió.
"Lo importante es que se ha organizado un sistema de trabajo que abarca acciones desde la escuela hasta la comunidad", aseguró.
La PNR también impuso más de 5.000 multas a conductores de vehículos, se retiraron matrículas, licencias de conducción y de circulación, en operativos donde detectó violaciones del tránsito.
Al comparecer en la Mesa redonda, el vicefiscal general de la República de Cuba, Marcos Caraballo de la Rosa, indicó que "dimos una respuesta contundente para preservar una de las conquistas más preciadas de la Revolución: la tranquilidad ciudadana".
Admitió el funcionario que durante el ejercicio se potenció el control penal a partir de la revisión de más de 1.900 expedientes en fase preparatoria o atestados. "Esto permitió culminar un grupo de expedientes y avanzar en las fases siguientes del proceso", aseguró.
Informó que se presentaron 527 expedientes en fase preparatoria a los tribunales para solicitar la apertura del juicio oral y se impusieron más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83% correspondió a prisión provisional por delitos que son prioritarios en la cotidianidad, como el enfrentamiento a la droga y la corrupción.
"Hay que dar una respuesta contundente a la corrupción, al delito y a los delincuentes, porque son conductas que afectan de manera directa la seguridad nacional de este país", enfatizó Caraballo de la Rosa.
Sin ofrecer detalles al respecto, comentó que en la semana del maratón anticorrupción se lograron concluir varios procesos asociados a la corrupción "que incluso son controlados por la dirección del país".
"Se pusieron en manos de los tribunales cuatro casos, en los cuales estamos participando en los juicios, como es habitual, para que haya una respuesta penal en correspondencia con su gravedad y con las características de las personas involucradas", agregó.
"Estamos hablando de procesos de corrupción donde están involucradas muchas personas, algunos con cadenas delictivas, incluyendo a directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales necesarios para el desarrollo del país", sumó, sin precisar si alguno de estos implica a Alejandro Gil, ex viceprimer ministro cubano defenestrado en febrero pasado, y sobre el cual pesarían acusaciones de corrupción.
El vicefiscal aseguró que otra de las prioridades de la campaña ha sido el enfrentamiento a los delitos que afectan el sistema eléctrico nacional. "Se han presentado casos de sustracción de aceite dieléctrico. Independientemente del hecho de apropiación que genera un lucro para los autores, también hemos indicado a nuestros fiscales, de acuerdo con nuestra política penal y sin violar lo establecido, abordarlos como delitos de sabotaje", admitió.
Aclaró que el delito de sabotaje no es cometido solamente por quienes tienen la intención directa de provocar daño en el equipo, sino también por quienes actúan a sabiendas de los resultados que pueden producirse. "Quien lo hace sabe que no solo puede provocar el colapso de ese equipo, sino también los efectos que produce en momentos de contingencia energética para la comunidad", dijo, en referencia a la crisis eléctrica que sufre la Isla.
La Fiscalía también habría atajado incumplimientos y afectaciones al funcionamiento de la economía. "Durante el ejercicio se realizaron 303 acciones de control como continuidad de la verificación fiscal. Se impusieron 236 multas, por un valor de 2.186.041,11 pesos. Además, se impusieron 15 obligaciones de hacer (depósito de ventas de días anteriores; retiro de la venta de productos vencidos; utilización de pasarelas de pago; venta de productos con violaciones de precios establecidos y dos cierres de establecimientos)", precisó.
Caraballo de la Rosa explicó que se determinaron deudas tributarias por 61.355.033,83 pesos y se ocuparon 3.438.023 pesos en efectivo, que fueron depositados en los bancos.
Por su parte, Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, mencionó la realización de "juicios ejemplarizantes" en todo el país y también de reuniones con personas que cumplen sanciones en libertad, ya sea por algunas alternativas o porque se le ha concedido un beneficio de excarcelación anticipada.
La funcionaria ejemplificó lo anterior mencionando juicios realizados por la comisión de hechos delictivos relativos a las drogas en La Habana, Camagüey y Pinar del Río. Asimismo, hubo nueve juicios vinculados a la sustracción de ganado vacuno o ganado mayor o a la venta de carne proveniente de sacrificios ilegales en Granma, Artemisa, Mayabeque y Santiago de Cuba.
Otros dos juicios estuvieron relacionados con la corrupción administrativa y personas juzgadas por el delito de malversación en La Habana y Matanzas. Por los delitos de hurto y robo con fuerza se celebraron en Mayabeque, Villa Clara y Santiago de Cuba otros procesos.
Sosa Ravelo reiteró, confirmando cuál es la obsesión propagandística que mueve este maratón del PCC, que "la tranquilidad ciudadana es esencial y, por tanto, los actos que se cometen contra nuestros agentes del Ministerio del Interior son hechos graves". En este contexto, dijo que también se realizaron tres juicios ejemplarizantes en Santiago de Cuba y en Guantánamo.
Además, se visitó a 4.200 personas "controladas" para evaluar su conducta y se identificó que, de ellos, 209 estaban incumpliendo algunas de sus obligaciones y a 67 se les solicitó la revocación de la sanción. Se realizaron igualmente 324 reuniones con personas que están en libertad bajo sanción.
"Para contribuir también a la cultura jurídica de la población, se realizaron 34 intercambios con estudiantes de todas las enseñanzas, en los que se impartieron charlas educativas sobre temas como los delitos de droga, sacrificio ilegal de ganado, violencia de género, entre otros", dijo Sosa Ravelo.
En el periodo del ejercicio fueron también detenidas nueve personas que estaban evadiendo la justicia, que estaban siendo localizadas y circuladas por los tribunales. Además, otras fueron requeridas porque debían multas.
Para finalizar, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, dijo que "el Ministerio, conforme a las responsabilidades que tiene, encargadas por el Gobierno en este ejercicio que conduce el Partido, ha tenido una participación activa".
Por ello, detalló, "se han realizado 508.845 inspecciones para evaluar el tema de los precios y se ha detectado un nivel de incumplimiento que no hemos logramos rectificar. Las principales incidencias se relacionan con precios abusivos o especulativos, irregularidades en el pesaje y el ocultamiento de mercancías. Esto persiste y, por eso, se requiere mayor control, mayor sistematicidad y mayor enfrentamiento en cada uno de los territorios".
Regueiro Ale señaló que las irregularidades se identificaron en establecimientos tanto del sector estatal como del no estatal. Como resultado, se han impuesto hasta la fecha 313.038 multas por 814 millones de pesos.
"Antes de iniciar el ejercicio teníamos acumulados 670 millones de pesos en multas en apremio, una multa que se impone, transcurre en 60 días y aún no se ha pagado. La meta, el indicador en este ejercicio era recuperar al menos el 10% de todas esas multas. No obstante, la meta fue por debajo de las capacidades reales", reconoció.
"Este año se han desarrollado más de 186.445 acciones de control, lo que nos ha permitido una determinación de deuda de más de 4.300 millones, y de ellos, en el orden de un 68%, unos 3.000 millones de pesos ya se han recuperado a favor del Presupuesto del Estado", celebró.
Añadió que "hasta el momento se han cerrado 680 negocios, de manera temporal, hasta tanto ese actor económico rectifique su actitud y se ordene conforme a lo que está establecido. En caso contrario, quedará cerrado de manera definitiva".
También, agregó, "se han gestionado más de 216 millones de deudas y se han determinado 443 millones".
El maratón oficial contra el delito al que se refiere el articulista, en realidad no desnuda ni revela nada nuevo, pues la gravedad de la corrupción en el campo de concentración antillano hace décadas estaba encuera y en chancletas.
Estos juicios son parte del entretenimiento que periódicamente el cartel de Punto Cero le regala a los harapientos y a los resentidos para hacerles creer que más allá del bloqueo, los responsables de sus penurias son los acaparadores, revendedores, rateros de almacenes y carretilleros.
Los verdaderos gánsteres y adalides de la impunidad, la corrupción y el enriquecimiento tienen el apellido Castro, Valdez, López Miera, Álvarez Casas y Cintra Frias.
"más de 3.300 personas implicadas en delitos e ilegalidades"...¿cuantos de estos son familia, cercanos o sumisos colaboradores de los gorilas de GAESA?
El Partido de Cuatreros Cubanos siempre ha sido el primer ladrón y dicen que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón.
...y a la china pamela y la familia "real" pa'cuando?....
...y a la china pamela y la familia "real" pa'cuando?....
Este maratón y otros maratones que vendrán no son otra cosa que parte de las medidas de influencias activas desarrolladas por el Castrofascismo para atemorizar, desvirtuar y quitar presión a la caldera social que no para de subir, junto a las andanadas de La Mariela organizando festivales de Drag Queen para miembros de Hamás y la Aleidita Guevara de la Cerda diciendo que ella es francotirador, ó Sandrito Castro en cumpleaños ó su primo tuerto y su mirahuecos electrónico de HD -3D o las visitas de personajes sin importancia ministros y militares.
Todo un gran despliegue mediático para autoengañarse de que él Castrofascismo y sus ineptos dirigentes tienen salvación.
Es triste, pero real. Dentro del daño antropológico causado por el castrismo, los comportamientos reconocidos como delictivos en el mundo civilizado forman parte del accionar diario para la subsistencia del cubano. Una anécdota al respecto: vivo en un sitio donde los ciudadanos de origen cubano son minoritarios. Hace poco fui a un restaurante cerca de mi casa y para mi sorpresa TODOS sus trabajadores son cubanos, desde dependientes, cocineros hasta aparcacoches. Excepto sus dueños. La comida y el trato excelentes y según comprobé, el negocio funciona viento en popa, cosa que me alegró y enorgulleció. Cuando fuimos a pagar la cuenta, me dijeron: se paga en la caja. Pagamos en efectivo y el dinero tuve que introducirlo yo mismo en una máquina que también me dio el vuelto. Jamás había visto eso. Al preguntar, la respuesta fue: no nos dejan tocar el dinero. Todo mi orgullo nacionalista se vino abajo.
El ciclo de corrupción es perpetuo, y el pantano anda llegando a los campos de marabú
No solo el gobierno es corrupto como dijo cubano libre. Es que la gente de a pie tiene que cometer actos ilegales para poder vivir. No hay otra forma. El gobierno lo sabe, se hace de la vista gorda con algunos que están "integrados" ya sea por hipocresía, por no ponerse en envidencia, o ambas cosas. Mientras no disientas de la política dictatorial pueda que no tengas problemas, pero una vez cruzada la raya ya te encontraran un delito. Y si eres un "santo" te lo fabricaran. Por eso es que los hijosdelagranputa dicen que no hay "presos políticos" en la isla.
La Dictadura fomentó la corrupción de la gran mayoría de sus “dirigentes”, la escasez generada por el desgobierno Castro creó una bolsa negra que desde hace más de 60 años funciona sin interrupciones, se llegó a establecer que robarle al estado no era un delito y estaba justificado, desde el más simple bodeguero (con sus libras de 14 onzas) hasta los más altos funcionarios la “desviación de recursos” se convirtió en algo cotidiano, en algo normal, en sus “buenos tiempos” el gran por ciento de corruptos superó cualquier récord Guinness, el régimen Castro es corrupto desde sus inicios, de una Dictadura integrada por ladrones y bandoleros no podríamos esperar otra cosa.
El pricipal delincuente es el mariconazo Raúl Castro.