Una zona de playa de Varadero, en la que se encuentra el Hotel Meliá Las Antillas, ha sido destinada solo a turistas alemanes, según informó este martes al periódico estatal Trabajadores el subdirector general de la instalación Yoel Luis Hernández Lantigua.
El directivo presentó como "una novedad" de la temporada alta turística "haber podido establecer en ese bello tramo de mar una zona destinada solo a los clientes alemanes, complaciendo así a un segmento que tiene requerimientos especiales", citó el medio estatal.
La declaración de Hernández Lantigua despierta dudas sobre el uso y disfrute de los cubanos de esa zona, en un tramo de playa que ha sido declarado el mejor del mundo este año, según recordó Trabajadores.
El abogado Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, considera que las palabras del directivo no necesariamente significan que los cubanos no podrán acceder a la zona reservada a los clientes alemanes, aunque las considera ambiguas.
De acuerdo con Hernández Lantigua, para recibir la temporada alta, la dirección del hotel se enfocó en realizar "renovaciones en el área exterior del hotel".
"Por ejemplo, hemos construido 76 sombrillas, con lo que terminamos de completar el área de sombra en la playa, refrendando el compromiso de mantenerla con el óptimo confort posible", detalló, lo que puede significar que son solo las sombrillas y tumbonas lo que será de uso exclusivo para los mencionados clientes.
No obstante, González Jiménez señala que la declaración resulta imprecisa y que las empresas involucradas tienen que informar con claridad a los cubanos sobre lo que significa.
"No sabemos si la zona en cuestión es donde están colocadas las sombrillas o es todo el tramo de playa. La empresas Cubanacán y Meliá están en la obligación de informar a los ciudadanos y a cualquier persona que tenga interés en acceder a las costas marítimas, que son un bien público, a qué se refieren con 'zona destinada solo a clientes alemanes' y si el acceso a las aguas y esas arenas está permitido para todas las personas, conforme lo establecen la Constitución de Cuba y los decretos leyes referidos al tema de las costas", explica el jurista.
"No informar, no divulgar y no ser esclarecedor en ese tema implica una falta de transparencia hacia la población, incluso sobre la limitación en un posible derecho constitucional y legal", sostiene.
"Es normal que los hoteles paguen por el uso de algunos espacios de las dunas, de las arenas, para la instalación de sombrillas y tumbonas. Eso lo pagan a las administraciones públicas. Se puede indagar o solicitar que se muestre el convenio de concesión administrativa para el uso y disfrute de la zona", sugiere González Jiménez. "Es importante que lo enseñen para que la ciudadanía cubana vea que no hay un proceso de usurpación de toda la zona ni del área de baño de la playa".
El exjuez aclara que la contratación del espacio para colocar tumbonas y sombrillas no significa que la personas no puedan acceder a la playa y bañarse. De hecho, señala, esto ocurre a nivel internacional con los espacios públicos.
El jurista explica también que, al tratarse de público, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio ambiente de Cuba, que es el que tiene que ver con las costas, "tiene que haber otorgado, en favor del hotel o la empresa, una concesión administrativa" y a acota que esas concesiones "generalmente, no son gratuitas, porque se trata de un bien público. La entidad que va a hacer uso de la zona en función de un servicio de ocio vinculado a la playa tiene que pagar una cuota mensual o anual".
"Esas concesiones administrativas tienen un límite de tiempo. Por ejemplo, se dan por cinco o diez años, o por el tiempo durante el cual la empresa pretende usar la playa. Al tratarse de un bien de interés público, la ciudadanía tiene que saber. Debe incluso publicarse en la Gaceta Oficial, como se hace en España y en otros países, en los que se hacen concesiones de ese tipo".
Asimismo, el abogado añade que el dinero recibido por la concesión debe ir al presupuesto del Estado y destinarse a servicios como la Salud y la Educación, que en Cuba sufren un acelerado deterioro.
Una razón de peso por la que la ciudadanía debe ejercer el derecho de indagar sobre la concesión del espacio de la playa de Varadero y sus implicaciones es que, como analizó DIARIO DE CUBA en enero, desde 2015, el régimen cubano ha ido aprobando normas que restringen el acceso de la población a espacios declarados públicos.
