Cuba: accidentes laborales, falta de medios de protección, leyes incumplidas y trabajadores expuestos

Las recientes imágenes de varios trabajadores paleando cenizas tóxicas en el interior de la caldera de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, sin usar medios de protección, evidencian los peligros a los que están expuestos los obreros en Cuba y la limitada seguridad existente para prevenir accidentes laborales.

Si bien el Código de trabajo y su reglamento establece que "la seguridad y salud en el trabajo en Cuba tiene como objetivos garantizar condiciones seguras e higiénicas, prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y otros daños a la salud de los trabajadores y al medio ambiente laboral", esta normativa es incumplida por más de una institución estatal y otras tantas del sector privado, toda vez que el periódico oficial Granma reconoció la falta de medios de protección en la Isla y la menguada calidad de los existentes, sobre todo en sectores de alta propensión a los accidentes como la minería y la construcción, así como en electricistas, bomberos y médicos.

Las leyes cubanas reconocen que "es obligación del empleador proporcionar gratuitamente, conservar y mantener los equipos de protección personal, contra incendios, así como otros dispositivos y medios técnicos en los puestos de trabajo que lo requieran. Es un derecho de los trabajadores recibir los medios que necesiten", sin embargo, Granma apuntó que "uno de los grandes desafíos para el sector laboral cubano es la deficiente cantidad y calidad de implementos de protección producidos en la Isla o importados, lo que enciende señales de alerta para el creciente sector empresarial del país".

El periódico estatal reconoció que "es difícil encontrar botas buenas en el territorio nacional, por lo que hay que importarlas, y a pesar de que hay muchos artesanos por cuenta propia que las fabrican, algunas no están certificadas, mientras otras no tienen la calidad requerida, y a los tres meses se rompen".

Todo apunta a la mala gestión del Gobierno, a la falta de interés en la protección al trabajo, reflejada en la muy limitada inversión en tal sentido, y la no implementación de políticas rigurosas que garanticen condiciones idóneas y seguras. La falta de insumos, los elevados precios de la materia prima nacional de calidad y la ausencia de un mercado mayorista para la adquisición de recursos que respalden los niveles de producción, son frenos impuestos a la producción nacional de materiales de protección, justificaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

Mientras los obreros de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara paleaban cenizas tóxicas sin protección, afuera, más allá de la envejecida caldera, persisten las trabas gubernamentales en el encadenamiento productivo, el sistema tributario, el otorgamiento de créditos bancarios, el comercio electrónico, la inserción internacional y la crisis energética, como elementos que contribuyen a que los obreros arriesguen sus vidas en nombre del mismo sistema que los hace trabajar desprotegidos.

Por otra parte, el procedimiento para certificar la calidad de los medios de producción para su posterior comercialización está también marcado por la burocracia, y corresponde al Centro de Registro y Aprobación de los Equipos de Protección Personal, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante pruebas documentales. Ello implica, según la prensa oficial, "que un número importante de equipos (calzado de seguridad con casquillo, arneses contra caídas y botas de materiales sintéticos) haya sido rechazado por no existir posibilidad de certificar su calidad protectora por parte de los laboratorios cubanos".

En tal sentido, una de las trabas más sensibles es que "en Cuba no hay un laboratorio integral que haga todas las pruebas que requiere un equipo para que cumpla con las características protectoras para el cual fue diseñado. Como una alternativa, los productores nacionales pueden llevar sus muestras al Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Industria Ligera, pero solo hacen pruebas a algunos materiales, fundamentalmente talabartería, hilo, costura, pvc, etc.", dijo a Granma Valia Carbó Vázquez, jefa del Centro de Registro y Aprobación de los Equipos de Protección Personal, una de las instituciones que tiene  buena parte de culpa del desastre.

La funcionaria dijo, asimismo, que, de los 2.975 equipos de protección con certificación vigente, entre 2001 y 2023, solo 435 son de producción nacional, o sea, un pobrísimo 14,62%.

Entonces, ante este deplorable panorama: ¿Quién asume la responsabilidad ante un accidente de trabajo por no contar con los medios de protección adecuados? ¿Es válido, aun reconociendo la inexistencia de equipos adecuados, contratar a obreros para desempeñar trabajos de riesgo? Cada vez que han ocurrido accidentes de este tipo, las autoridades gubernamentales se han lavado las manos y, por supuesto, acorde a la narrativa del régimen, se han encargado de que buena parte de ellos pasen desapercibidos o, cuando llegan a los medios, culpar a la mala praxis del trabajador por lo ocurrido.

Frente a la recurrente desprotección de los trabajadores, la Asociación Sindical Independiente de Cuba culpa al Ministerio de Trabajo de estos incidentes, "ante la notable desprotección laboral existente en la Isla". apuntó la organización. Así, los planes de riesgo para prevenir y evitar accidentes de trabajo se convierten en letra muerta ante la imposibilidad de contar con los medios necesarios para evitarlos.

Según datos oficiales, en 2023 fallecieron en Cuba 52 personas por accidentes y enfermedades laborales, incrementándose el coeficiente de mortalidad de los 30,3 a los 33,8 puntos con respecto a 2022. En ese año, cuyos números fueron publicados en mayo por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, hubo en la Isla 1.491 accidentes del trabajo, con un saldo de 1.537 personas accidentadas. Los sectores con mayor mortalidad fueron Agricultura, Construcción y Suministro de Electricidad, Gas y Agua, con siete fallecidos cada uno.

Además, el Gobierno cubano sigue sin ratificar 15 convenios internacionales sobre seguridad social. Entre estos están el Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967); el Convenio sobre el cáncer profesional (1974); Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (1964), y el Convenio sobre un entorno de trabajo seguro y saludable. Específicamente sobre la prevención de riesgos, accidentes o enfermedades laborales hay otra decena de convenios que tampoco La Habana ha ratificado, y los utiliza para cubrirse las espaldas, todo vez que, como es habitual, el régimen está más preocupado de eso, de cubrirse las espaldas, que de la seguridad de sus trabajadores.